La ley de Responsabilidad pública lo prohíbe y su Gobierno había congelado las vacantes en el sector público, pero Mauricio Macri –de un solo saque– realizó más de 300 nombramientos de altos cargos políticos y otras designaciones.

La decisión fue publicada este martes en el Boletín Oficial, lo cual motivó la denuncia del diputado nacional Guillermo Carmona en su cuenta de Twitter, quien advirtió que presentará un recurso de amparo.

El Gobierno nacional hizo caso omiso de su propia legislación y decidió llevar a cabo más de 300 designaciones, que incluyen desde altos cargos políticos, pasando por nombramientos y habilitación de vacantes en la administración pública.

La osadía de llevar adelante esta verdadera ofensiva a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales indica la plena conciencia que tiene la administración Cambiemos de que esos comicios les serán adversos y es hora de planear una retirada ordenada.

Las resoluciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros así lo demuestran, y resulta ostensible que el macrismo trata de reservarse cargos estratégicos, aunque tenga que pasarle por encima con una topadora a la decisión que surge del decreto 622/18, de julio del año pasado, que dispuso el “congelamiento” de la planta permanente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Hay nombramientos en puestos jerárquicos, como el caso de la designación del director de Presupuesto del Ministerio de Trabajo, o la dirección general de Recursos Humanos de Parques Nacionales.

Por la Resolución 384/2019, se asignan 101 cargos en la Secretaría Legal y Técnica que van desde altos puestos, como Asistente de Asuntos Jurídicos y Referentes de administración de personal, hasta secretarios, informáticos, choferes y mozos.

Otra resolución, la 388/2019, apunta a cubrir 95 cargos en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en tanto que a través de la 387/2019 el Gobierno se asigna 63 cargos de Asistente de Soporte administrativo para la Secretaría de Modernización, y por medio de la Resolución 390/2019, la Jefatura de Gabinete que conduce Marcos Peña nombró 13 cargos de Asistente de Migraciones en la Dirección Nacional de esa área.

Además, se asignaron otros cargos, como 41 vacantes que había en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y 63 en la Secretaría de Gobierno de Modernización.

La denuncia de Carmona

Como se dijo, el legislador nacional hizo pública una denuncia en torno del tsunami de nombramientos y sugirió que el Congreso debe ponerle coto y forzar una marcha atràs en la decisión del Ejecutivo.

En su cuenta de Twitter, Carmona sostuvo que “los muchachos del republicanismo depredador del Estado se preparan para pasar a cuarteles de invierno. El Congreso debe detener está atrocidad”.

En otro posteo, el legislador mendocino escribió”El Boletín Oficial nacional de hoy (por este martes) es un festival de designaciones y llamados a concursos de altos cargos de la administración pública”.

El gobierno de Macri salió a decir que se trata de “contrataciones amparadas en las 7 mil establecidas en el artículo sexto del Presupuesto Nacional”, según publicó Infocielo, que recuerda, no obstante, que “la duda en la oposición es cada vez más fuerte, ¿cuál es la necesidad de contratación urgente de personal en áreas del Estado cuando existen grandes chances que las autoridades emprendan la retirada el diez de diciembre próximo?”.

La oposición señala otro argumento que es inapelable: el artículo 15 bis de la Ley de Responsabilidad Pública establece que “durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente”.

Otro diputado nacional del peronismo que publicó en su cuenta de Twitter fue Wado de Pedro, quien sentenció: “Se llenaron la boca hablando de meritocracia pero a unos meses de irse del Gobierno pasan a planta permanente a más de 300 funcionarios macristas. Además de endeudarnos por décadas y empobrecer a millones, ahora quieren refugiarse en el Estado a costa de todos los argentinos”.

Ya pocos de los integrantes de Cambiemos esgrimen los duros argumentos del inicio del mandato de Macri, cuando como recuerda Infocielo, “el propio gobierno… llegó al poder y realizó despidos masivos dentro del sector público, para extirpar lo que el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Adolfo Prat Gay, definió como «la grasa militante» que llevó a un «Estado bobo»”.

Seguramente, Macri y Peña consideran que sus militantes no tienen grasa, como los peronistas o “populistas”.

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