Lenin Moreno intenta dividir a la oposición y convertir su derrota en triunfo, tras la rebelión popular que lo obligó a dar marcha atrás con el aumento de combustibles. Sólo negocia con las organizaciones que él quiere, mientras persigue y encarcela dirigentes correístas y de otros movimientos sociales.

Tras doce días de una rebelión popular histórica contra el ajuste neoliberal, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, debió dar marcha atrás con el decreto 883, que permitía aumentos de combustible de hasta el 123 por ciento. La brutal represión que el pueblo movilizado soportó con valentía y determinación, y que dejó un saldo de 8 muertos, 1.340 heridos y 1200 detenidos, continúa. El llamado a negociar es una jugada del sibilino mandatario para convertir su derrota en victoria, para vaciar de contenido las reivindicaciones del pueblo.

El decreto 883 fue derogado y parte del pueblo de Ecuador festejó la baja en el precio de los combustibles. Pero poco se sabe, en el marco de las conversaciones entre el gobierno, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y organismos internacionales, cuál será el contenido del nuevo decreto.

Porque además de la quita de subsidios y el consiguiente aumento de los combustibles, el decreto era apenas el puntapié inicial de la aplicación de un gran paquete, que incluye las típicas recetas de ajuste neoliberal: reforma laboral, reforma fiscal y un drástico recorte del gasto público, con masivos despidos de trabajadores estatales, entre otras medidas anti populares.

Moreno eligió con quiénes sentarse a hablar, la Conaie, y está intentando imponer su propia agenda en la mesa de diálogo. El presidente, al legitimar y elegir como interlocutor sólo a la Conaie, dejó fuera a decenas de organizaciones, movimientos sociales y gremios que también participaron de la rebelión.

Y lo hizo en el marco de una verdadera caza de brujas del resto de la oposición, que no sólo está excluida del diálogo, sino que está siendo perseguida sistemáticamente con métodos y procedimientos propios de una dictadura.

Tras dictar el estado de excepción, y luego el toque de queda, se produjeron allanamientos nocturnos sin orden judicial, censura de prensa (con cierre de radios e incautación de equipos), amenazas y aprietes contra dirigentes políticos y sociales a quienes se estigmatiza con el rótulo de “correístas”, que sintetiza todos los males que padece el Ecuador.

La alcaldesa de Pichincha, Paola Pabón, fue encarcelada, acusada de sedición. Y además ocho dirigentes, legisladores opositores, debido a las persecuciones y amenazas que vienen sufriendo ellos y sus familias, debieron pedir asilo en la Embajada de México.

El gran enemigo de Moreno, el Mal encarnado, es el correísmo, representado por la organización Compromiso Social, y por otros movimientos sociales que militan por volver a la era Correa, la denominada Revolución Ciudadana.

Pero además, el marbete de “correísta” es un comodín para estigmatizar, enjuiciar con cargos falsos y proscribir, y se lo asigna a cualquier opositor.

Moreno eligió hablar con la Conaie, que no es correísta, y que ya anunció que se convertirá en un partido político. El taimado mandatario intentará acotar la agenda del diálogo para no afectar el resto del paquete de ajuste.

Según se informó oficialmente, en las reuniones se discutirá un nuevo decreto que determine el subsidio a los combustibles. Pero desde las organizaciones indígenas y los organismos internaciones pidieron que también se investigue la represión ejercida por el gobierno.

Dialogar para vaciar de contenido la protesta

La idea inicial de la mesa de diálogo es discutir una nueva norma que determine el subsidio a los combustibles, la forma de otorgarlo y a quiénes. Pero son más las dudas que las certezas con relación al contenido de las conversaciones. Por ejemplo, qué va a pasar con el resto del paquete de ajuste exigido por el FMI.

Todo está por verse. Mientras tanto, Moreno logró mantenerse en el cargo, pese a que una de las consignas de la protesta exigía su renuncia, y al mismo tiempo encontró una nueva excusa para aumentar la persecución y proscripción de la oposición política.

El ataque de Moreno hacia la oposición sigue a pie juntilla la receta de la derecha regional. Lo hace a través de la guerra judicial (lawfare) y con la ayuda de los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos, que mienten, tergiversan la realidad y contribuyen a atacar el correísmo inventándoles causas con poco sustento. EEUU está detrás de estas maniobras. Moreno, en el marco de una larga serie de traiciones con relación a lo hecho por Correa y a sus promesas de campaña, volvió a convertir a Ecuador en el patio trasero del Imperio. Acordó con el FMI y les dio la bienvenida a los militares yanquis que Correa había echado.

El ex presidente Rafael Correa tiene 26 procesos abiertos. El ex vicepresidente Jorge Glas, 22.

Moreno cooptó buena parte del sistema judicial. Tiene controlados a los jueces y fiscales. Y además, cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas, que participaron activamente de la brutal represión. El mandatario va a la mesa de diálogo con varios cuchillos bajo el poncho.

El analista Atilio Borón, en su nota “Un octubre que fue febrero” (publicada en la página del autor www.atilioboron.com.ar) asegura que las conversaciones entre la Conaie y el gobierno significan la derrota de la rebelión popular.

“La movilización había comenzado, según un tuit oficial de la Conaie, para poner fin a las políticas económicas de muerte y miseria que genera el FMI y las políticas extractivistas que afectan a nuestros territorios, señala Borón al tiempo que hace referencia a la “Declaratoria de Agenda de Lucha de Organizaciones de Pueblos, Nacionalidades y Comunidades Indígenas y Amazónicas en Apoyo a la Movilización Nacional y el Ejercicio de Nuestra Autodeterminación”, aprobada en Puyo (Pastaza), el 7 de octubre de 2019.

En ese documento se incluía, señala Borón, el rechazo a las medidas económicas denominadas el paquetazo, y se demandaba “la reversión íntegra de la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional cuyo contenido no se ha hecho de carácter público violando la obligación de transparentar los actos del ejecutivo; así como la terminación de los intentos de privatización de las empresas públicas encubiertas bajo la figura de concesión.

Borón afirma que la Conaie, además, denunciaba “los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica” y señalaba que había llegado el “momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”.

El analista señala sus dudas sobre si estos temas forman parte de las discusiones. Y considera que, de no ser así, la jugarreta de Moreno le permitiría convertir en un triunfo propio la rebelión popular.

“Cabe esperar una profunda discusión en el seno de la Conaie, porque hay indicios de que un sector de la dirección, y no pocos en sus bases, no están de acuerdo con lo pactado con el régimen de Moreno”, señala Borón.

En su nota titulada “El gran carpetazo ecuatoriano” publicada el 16 de octubre en Página 12, el autor Guido L. Croxatto, explica cómo Moreno logró cooptar a la Justicia y avanzó sobre las instituciones democráticas para ponerlas a su servicio. Fue un proceso largo, que comenzó apenas asumió la presidencia en marzo de 2017.

“Para eludir cualquier obstáculo constitucional y judicial, este Lenin ecuatoriano convocó una consulta popular en forma inconstitucional, porque omitió el control previo de la Corte Constitucional, llevándola adelante sin este requisito. No obstante el alto rechazo de los votantes, mediante la persecución y desarticulación de la oposición, logró obtener la mayoría, lo que lo habilitó para reemplazar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, órgano democrático y plural que tiene amplias facultades de designación y que, mediante este recurso, quedó bajo su mandato unipersonal”, señala Croxatto.

“La democracia plural se convirtió de este modo en una democracia plebiscitaria (si se la puede seguir llamando “democracia”), pues en realidad el Lenin ecuatoriano asumió la suma del poder público: es el actual “Supremo” sudamericano”, agrega el autor.

“En ejercicio de esas facultades omnímodas destituyó y reemplazó a los jueces de la Corte Constitucional y a los miembros del Consejo de la Judicatura y mantiene a todos los jueces sometidos a una evaluación cuyo resultado negativo implica destitución. También está ahora sometiendo a los jueces de la Corte Suprema a un procedimiento de calificación de sus sentencias que, en caso negativo, implicaría su destitución”, describe Croxatto.

Moreno hará todo lo posible para que el enorme sacrificio del pueblo ecuatoriano no obtenga los resultados esperados.

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