El justicialismo procura reunir los 34 votos que necesita en Diputados para aprobar una ley que declare la necesidad de la reforma constitucional, antes del 10 de diciembre. La estrategia avanza, pero se tomará respiro por las elecciones. Cambio de roles de los legisladores.

La iniciativa de diputados provinciales peronistas y de otras fuerzas políticas para aprobar antes del 10 de diciembre la ley que declare la necesidad de una reforma constitucional avanza con prisa en la Cámara baja santafesina, aunque se tomará un breve respiro en su aceleración por el proceso electoral del domingo. “Vamos a descontracturar los tiempos”, dijo a el eslabón un legislador justicialista que participa de las negociaciones. La meta original de convocar a una sesión especial para el próximo miércoles está sujeta a revisión, con el objetivo de “quitarle presión” a algunos legisladores dispuestos al diálogo pero tironeados por sus adscripciones partidarias. El nuevo plazo es fines de noviembre.

El plan impulsado por el bloque justicialista para que Perotti asuma la Gobernación con una ley de reforma ya aprobada requiere de 34 voluntades en la Cámara de Diputados.

En un despacho del edificio parlamentario, ocupado por un hombre cercano al actual senador nacido y criado en Rafaela, aseguraron a este semanario que tal vez obtengan más que los 34 votos necesarios para darle media sanción a la ley que habilite –en 2022, según planean- la actualización del texto constitucional.

“¿Ya tienen los 34 votos?”, consultó este medio. “Tal vez algunos más, me dicen”, se regodeó la fuente a través de la aplicación de mensajería Whatsapp y envió al cronista a hablar con los negociadores del PJ. 

Todos de acuerdo 

La necesidad de actualizar la Constitución santafesina, dotada de institutos de corte progresista y de avanzada para la época en que fue aprobada, 1962, está fuera de dudas para las fuerzas con representación parlamentaria.

El intento del actual gobernador, Miguel Lifschitz, por aggiornar el texto de más alto valor jurídico de la provincia expuso ese acuerdo generalizado entre los partidos políticos.

Sin embargo, la oportunidad para avanzar en esa dirección no halló, hasta el momento, los consensos necesarios, como señala el lugar común más empleado en estas ocasiones.  

El justicialista Jorge Obeid fue el primer mandatario en impulsar una potencial reforma. El entonces opositor Frente Progresista no le dio los votos, porque olía que en medio de la intentona lo que estaba en juego era la posibilidad de la reelección. Obeid se autoexcluyó de esa chance, pero aun así no pudo lograr el objetivo.

Los socialistas Hermes Binner y Antonio Bonfatti, que sucedieron al peronista en la Casa Gris, mostraron igual impulso con similar resultado: no alcanzaron los consensos necesarios.

Lifschitz retomó, con ahínco renovado, ese viejo y frustrado proyecto. Abrió el debate a la sociedad civil, realizó consultas con decenas de instituciones de las más variadas, organizó charlas y encuentros y creó una página web.

Sin embargo, acuciado por los tiempos para avanzar en la reforma y con el interés personal en procura de su reelección, el ex intendente rosarino terminó enviando el proyecto a Diputados para que fuera tratado sobre tablas. Y naufragó.

Allegados al gobernador apuntaron a su compañero de partido y presidente de la Cámara baja, Antonio Bonfatti, por su presunta carencia de énfasis para asumir como propio ese asunto. Que, es cierto, era ajeno.

Cerca del Bonfatti, por su parte, recelaban de un supuesto acercamiento de Lifschitz al presidente Mauricio Macri en procura de los votos de Cambiemos en Diputados para su aventura reeleccionista.

La Casa Rosada le habría reclamado al gobernador socialista un pronunciamiento público sobre su apoyo al gobierno nacional, que nunca llegó. Como tampoco hubo reforma constitucional y Bonfatti comenzó, entonces, a calzarse el traje de candidato del Frente Progresista para suceder a Lifschitz.

Objetivo también truncado, en ese caso por la voluntad popular mayoritaria que se inclinó por el peronista Perotti, quien en su segundo intento electoral interrumpió la hegemonía de doce años de socialismo al frente de la Casa Gris.

La taba

Ahora la taba se dio vuelta. Un puñado de diputados del PJ elucubró la idea de aprobar, con la actual composición de la Legislatura –es decir, antes del 10 de diciembre-, la ley que declare la necesidad de la reforma de la Constitución provincial. Y es el socialismo el que se opone.

El proyecto que tienen en mente los legisladores justicialistas –sujeto a modificaciones como consecuencia de las negociaciones que mantienen con el resto de los bloques partidarios- consiste en aprobar la ley de necesidad de la reforma antes del cambio de gobierno; que se elijan los convencionales constituyentes en las elecciones municipales de 2021 y que la Convención se reúna en 2022, año no electoral.

Un diputado justicialista aseguró a este semanario que la idea no es aprobar un “proyecto cerrado” en cuanto a los temas a reformar del texto constitucional. Sino una enumeración que deje abierta a los convencionales la decisión de los ítems a abordar para actualizar la norma.

La posibilidad de incluir la reelección del gobernador –que la actual Constitución veda- es el aspecto central de la controversia. “Esto no es para la reelección de Perotti”, afirmó el diputado antes mencionado.

Tras algunos días de silencio, el gobernador Lifschitz ratificó esta semana su vocación reformista, pero puso peros. “Es probable que el año que viene sea el momento más oportuno”, aseguró durante una recorrida oficial.

Para Lifschitz resulta “difícil que eso se logre en el último mes” de trabajo en la Cámara de Diputados provincial, como desea el PJ.

“Hay que hacer las cosas en serio en los tiempos adecuados”, abundó el mandatario, para quien  es necesario alcanzar un “acuerdo de todas las partes para poder avanzar” en la iniciativa.

El intendente radical de Santa Fe, José Corral, se mostró directamente en contra, a pesar de estar a favor. “Parece que en esa posible reforma estaría incluida nuevamente la posibilidad de la reelección, con lo cual sospechamos que ya no estamos hablando de actualizar las instituciones de la provincia, que todos estamos de acuerdo, sino en habilitar un nuevo pedido para el gobernador ahora electo”, dijo.

Y agregó que “los legisladores que hasta hace 4 ó 5 meses impulsaban la reforma ahora se oponen y los que se oponían ahora son los principales interesados”.

El referente radical de Cambiemos señaló también que “nosotros somos los únicos que no cambiamos de opinión, dijimos que no había que reformarla cuando el gobernador era Lifschitz y no hay que reformarla ahora que gobernador electo es Perotti, porque la reforma requiere un tiempo de debate ciudadano previo a elegir cuales son los tema a reformar”.

Poroteo 

Mientras mantienen encuentros con sus pares de otros partidos, los diputados del PJ encargados de la tarea persuasiva repasan los números, tan necesarios en esta ocasión a pesar de que se trate de un tema político-jurídico.

El bloque peronista cuenta con 11 legisladores propios. A esos, aseguran, hay que sumarle cinco de la bancada UCR y el voto de Darío Boscarol, del grupo Universidad.

Según las mismas fuentes, los cuatro diputados de los bloques de centroizquierda –Igualdad y Participación y el Frente Social y Popular- también expresaron su voluntad de avanzar en la ley que declare la necesidad de la reforma antes del 10 de diciembre.

Los 9 diputados de Cambiemos –distribuidos en cinco sub bloques- so licitaron tiempo hasta el lunes, una vez cumplida las elecciones nacionales, para sentarse a charlar.

La semana pasada una fuente macrista había dicho a este medio que el tema, por ahora, “no está en agenda”. Sin embargo, los negociadores del justicialismo indicaron que en la próxima semana se reunirán con sus pares de Cambiemos con el fin de sumarlos al planteo reformista.

Los radicales del NEO permanecían, al cierre de esta edición, cerrando filas con el Partido Socialistas. Se trata del sector de la UCR más apegado a Lifschitz y que siempre mantuvo los pies en el Frente Progresista.

Los negociadores del PJ dialogan también con Ariel Bermúdez (Creo), del espacio de Pablo Javkin, quien adelantó que está de acuerdo con la reforma porque, en otras cosas, puede contemplar la autonomía de Rosario, ciudad que gobernará desde diciembre.

También se suceden charlas con los bloques de Solidaridad e Igualdad (SI) y Pares, aliados del Frente Progresista, que han manifestado su voluntad reformista pero mantienen una lazo de fidelidad política con el socialismo. Aunque, en ambos casos, sus dirigentes anunciaron la semana pasada que en las elecciones presidenciales del domingo votarán por Alberto Fernández, del Frente de Todos, en vez de hacerlo por Roberto Lavagna (Consenso Federal), como lo hará el PS.

El asunto no está cerrado y en el PJ decidieron “descontracturar los tiempos” para quitarle presión, justamente, a aquellos diputados con los que creen que podrían llegar a un acuerdo.

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