El líder opositor fue condenado a cumplir una condena de 8 años y 10 meses por presunta corrupción, según determinó la justicia de ejecución penal de la ciudad de Curitiba, del estado sureño de Paraná, basada en un fallo de primera instancia dictado por el ex juez, Sergio Moro, actual ministro de Justicia, fundado en su “íntima convicción”.

A primera hora de este viernes, la defensa del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva apuró la liberación del líder del Partido de los Trabajadores (PT), tras la votación del jueves del Tribunal Supremo Federal que decidió que una persona no puede empezar a cumplir su condena hasta que no haya agotado todos los recursos.

“Después de hablar con Lula este viernes llevaremos al juzgado de ejecución una petición para que se dé su inmediata puesta en libertad en base al resultado del juicio del Tribunal Supremo Federal”, indicaron sus abogados.

Para los juristas, la decisión tomada por el Supremo “refuerza que el expresidente está preso desde hace 579 días injustamente”, ya que “Lula no practicó ningún acto ilícito y es víctima de «lawfare», que, en el caso del expresidente, consiste en el uso estratégico del Derecho para fines de persecución política”.

Según informó el portal Telesur, el grupo defensor reiteró su petición para que el Supremo juzgue lo antes posible las solicitudes de habeas corpus que piden la nulidad de todo el proceso en base a la falta de parcialidad del juez Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato.

La votación causó festejos en la vigilia Lula Livre, en el Barrio Santa Bárbara, de Curitiba, donde miles de personas acampan para reclamar la liberación del dirigente.

El ex presidente fue condenado en primera instancia por el ex juez y actual ministro de Justicia Sérgio Moro y en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (una corte de apelación), y cumple una sentencia de ocho años y diez meses de cárcel por delitos de supuesta corrupción pasiva y blanqueo de dinero desde abril de 2018.

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