Diputados opositores presentarán este martes una acusación constitucional contra del presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre pasado, cuando se inició el estallido social en el país. Podría ser destituido del cargo.

Así lo informaron diputados de fuerzas de la oposición, el Frente Amplio (FA) y los partidos Socialista (PS), por la Democracia (PPD), Comunista (PC) y Ecologista Verde, al culminar una reunión este lunes, informó el portal online de noticias Cooperativa.

Según citó la agencia Télam, para el diputado Daniel Núñez (PC), Piñera es «responsable de las brutales violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en estos días en Chile» porque «él tomó las decisiones políticas que condujeron al accionar de las fuerzas militares, policiales y tiene que responder por sus actos».

Para ello, continuó el legislador, «vamos a ocupar un mecanismo legal constitucional, vamos a usar las armas de la democracia para que (Piñera) asuma la responsabilidad política que él elude».

También desde el PC, la diputada Carmen Hertz destacó que «es un apoyo transversal a este imperativo ético porque los diputados estamos obligados a usar las herramientas que la Constitución nos entrega para hacer efectiva las responsabilidades políticas».

El diputado Jorge Brito, de Revolución Democrática (RD) -que integra el FA-, enfatizó que el grupo trabajó «bastante tiempo con los equipos de los parlamentarios y las bancadas» y que Piñera «no ha querido hacer su trabajo y se ha escondido detrás de policías y militares para negar la democracia».

Para el diputado Tomás Hirsch, del Partido Humanista, la acusación constitucional constituye «un deber ético» porque «apunta a las violaciones brutales cometidas durante este último mes en nuestro país».

El documento, agrega Hirsch, detalla «innumerables situaciones tremendamente graves de distintos tipos de violaciones a los derechos humanos» que dejan claro «por qué hay aquí una responsabilidad directa del presidente en estas violaciones».

El estallido social iniciado el 18 de octubre se desató tras el aumento del transporte público, pero derivó en exigencias más profundas sobre el modelo de país heredado tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y el cambio de la Constitución.

Ayer, un sondeo difundido por Pulso Ciudadano, registró que ocho de cada diez chilenos apoyan la idea de reemplazar la Constitución sancionada en los tiempos de la dictadura pinochetista y más de la mitad prefiere que la totalidad de los asambleístas que reformarán la Carta Magna sean elegidos por voto popular.

Para que la acusación constitucional contra el presidente prospere se requiere mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es decir el 50 por ciento más uno de los votos. En el Senado, en tanto, se requieren 2/3 de los votos para proceder a la destitución de Piñera.

En la historia política de Chile sólo tres Presidentes fueron acusados constitucionalmente: Manuel Montt en 1868, que fue rechazada; Carlos Ibáñez del Campo en 1931, que fue aprobada; y Arturo Alessandri en 1939, cuya acusación ni siquiera fue admitida.

Desde que comenzaron las protestas en Chile y Piñera habló de «guerra» contra los manifestantes,  hubo una enorme cifra de víctimas de la represión, entre muertes, heridos y detenidos. La organizaciones de derechos humanos denuncian que hasta el momento hubo 23 asesinados por fuerzas amadas y de seguridad.

Si el Senado desestima la acusación o no se pronunciare dentro de treinta días, cesará la suspensión de funciones del acusado.

Según el ordenamiento jurídico chileno, en la acusación constitucional si el presidente es encontrado culpable quedaría destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años. El funcionario también podrá ser juzgado a través de los tribunales competentes para hacer efectiva su responsabilidad civil o penal, dependiendo de los casos.

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