La semana pasada la matanza fue en Cochabamba, este martes en Senkata, El Alto. El país está militarizado, ya se produjeron 32 muertos y 775 heridos. El gobierno ilegítimo y el partido de Evo presentaron proyectos para llamar a elecciones. La OEA, que ayudó a dar el golpe, ahora condena las matanzas.

El neoliberalismo se defiende a sangre y fuego, masacrando al pueblo, con métodos y prácticas propias de las dictaduras militares genocidas. “Golpe de Estado”, “dictadura militar”, “masacres” son las palabras clave a utilizar por parte de quienes no quieren ser cómplices de los asesinos. La mayoría de los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos y los gobiernos de derecha de la región, entre otros muchos actores sociales, eligieron mancharse con la sangre del pueblo boliviano.

En la masacre de Senkata, El Alto, donde este martes 19 las fuerzas de seguridad mataron a ocho personas, el paisaje que pudo verse era propio de una guerra: tanquetas, aviones de combate y cazabombarderos sobrevolando la zona, y armas de fuego contra personas desarmadas.

La manifestación se había congregado frente a una refinería de combustible para repudiar la represión y continuar con el plan de lucha que incluye cortes en puntos clave, con la idea de complicar el suministro de combustibles e insumos.

Todo transcurría de forma pacífica hasta que un operativo conjunto de policías y militares atacaron de manera letal para liberar la salida de gasolina, diesel y gas licuado de petróleo de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Pero pese a la represión y los muertos, la resistencia no afloja. Cada vez son más los campesinos e integrantes de pueblos originarios que se organizan, luchan, y marchan hacia La Paz, una ciudad totalmente militarizada. Después de llorar a sus muertos y rendirles homenaje, el jueves volvieron a marchar hacia La Paz.

La Fiscalía General de Bolivia confirmó ocho muertos durante la represión del martes en Senkata. Según autopsias dos de las muertes se produjeron por armas de fuego.

“Se evidencia objetivamente ocho cadáveres. De estos, a dos ya se realizó la autopsia médico legal y seis son velados en una capilla de Senkata. Los médicos forenses realizarán las autopsias faltantes”, señaló el informe oficial.

Según informó Página 12, al grito de “el Alto no está solo carajo” miles de personas llegaron desde distintas provincias bolivianas a Senkata para repudiar la masacre. La zona amaneció completamente militarizada.

En los alrededores de la planta de YPFB simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) guardaron un minuto de silencio por los fallecidos. Luego celebraron un cabildo abierto en donde resolvieron varios medidas: continuar con los bloqueos hasta lograr la renuncia de la presidenta de facto Jeanine Áñez y la libertad de todos los detenidos durante las manifestaciones.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al gobierno de facto desmovilizar a las Fuerzas Armadas. «Las intervenciones policiales y militares en el país están generando muerte y dolor en el pueblo boliviano», manifestó Cruz.

Por otra parte, el Ministerio Público inició de oficio una investigación en la que imputó a siete personas «por la destrucción y caída del muro” de la estatal YPFB.

Un comunicado emitido por la Fiscalía informó que los sospechosos fueron acusados de “terrorismo”. Este delito conlleva en Bolivia penas de quince a veinte años de prisión, que se pueden sumar a otras condenas. Además están acusados de sedición, que está penada con uno a tres años de cárcel, de instigación pública a delinquir y de atentados contra la seguridad de los servicios públicos. «Habrían ocasionado destrozos e incitaron a la quema y saqueo de las instalaciones públicas de YPFB de la zona de Senkata, El Alto, momento en el que fueron aprehendidos por efectivos policiales», sostuvo la Fiscalía.

Ya son 32 los muertos en Bolivia desde que se consumó el golpe de Estado. Según la Defensoría del Pueblo también hay 775 heridos.

La OEA se horroriza de los resultados del golpe que ayudó a producir

La misma Organización de Estados Americanos (OEA) que fue partícipe del golpe, ahora se horroriza y condena los resultados de sus propias acciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, anunció que realizará una visita urgente a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, frente a lo que describió como el “riesgo de impunidad para violaciones de DDHH”. El organismo condenó la participación de las Fuerzas Armadas en la represión a la protesta social, calificó de “inadmisible” el decreto de Áñez que busca eximir de responsabilidad penal a los militares que participen en las matanzas (la norma fue luego anulada) y exigió la convocatoria a elecciones en 90 días.

El organismo expresó una “enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir” y recordó que no hay “sustento legal” para sacar a las calles a los militares, cuyo entrenamiento «está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles».

Por su parte, desde Nueva York, el secretario general de la ONU, António Guterres, también expresó, con mucha suavidad, su preocupación y pidió a las autoridades en Bolivia que “muestren contención”. «Estamos preocupados por los acontecimientos. Es muy importante que se permita a las personas manifestarse y que el Gobierno muestre contención. Y que cuando hay violencia y hay muertes, haya rendición de cuentas», aseguró a la prensa su vocero, Stéphane Dujarric, sumándose a un pedido similar del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Llamado a elecciones

Lejos de la calle y las masacres, en el Palacio presidencial, la presidenta ilegítima, autoproclamada de facto, Jeanine Áñez, presentó un proyecto de ley para poner en marcha la convocatoria a nuevas elecciones. La iniciativa de Áñez, quien tuvo que resignar su propósito de convocar a las urnas por decreto, reconoce que será la Asamblea Legislativa, con representación de todos los partidos políticos, la que deberá nombrar a los integrantes del Tribunal Electoral, en 15 días, y ese organismo establecerá la fecha de las elecciones.

El proyecto anula las elecciones del 20 de octubre pasado, convoca a la elección de un nuevo Tribunal Electoral por parte de la Asamblea Legislativa, señala que las fórmulas presidenciales presentadas para aquella elección deberán ser reformuladas y cancela la posibilidad de que el presidente constitucional Evo Morales pueda volver a candidatearse, algo que él mismo adelantó que no haría.

El proyecto de Áñez se debatirá en la Comisión de Constitución del Senado, donde el MAS presentó su propia iniciativa para convocar a nuevas elecciones, con más coincidencias que diferencias. Por la mañana, cuando aún se esperaba el anuncio de Áñez, el Senado boliviano volvió a funcionar con presencia de los legisladores del MAS y los opositores, que desistieron de continuar bloqueando el debate legislativo.

Tras el acuerdo entre los bloques para votar nuevas autoridades, la Comisión de Constitución quedó presidida por el senador Oscar Ortiz de Unidad Democrática —partido de Áñez—, quien será secundado por la legisladora del MAS y ex presidenta de la Cámara alta, Adriana Salvatierra.

Según informó Página 12, Salvatierra había adelantado ayer que el partido de Evo Morales estaba abierto al diálogo para volver a sesionar en la Cámara alta y avanzar en el debate para elegir a seis de los siete integrantes del Tribunal Electoral, tal como indica la Constitución.

Colaborá con el sostenimiento de Redacción Rosario y El Eslabón por 300 pesos por mes y recibí nuestra info destacada todos los días y nuestro semanario todos los sábados en tu casa. Suscribite en este enlace: Redacción Rosario + El Eslabón.

Más notas relacionadas
Más por Pablo Bilsky
Más en El Eslabón

Dejá un comentario

Sugerencia

Partidazo y empate entre Newell’s y Racing en el Cilindro

La Lepra y la Academia de Avellaneda repartieron puntos en un vibrante encuentro disputado