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Bullrich hizo un balance de gestión en el que dijo: “Tuvimos gatillo difícil”. Datos de la Correpi la desmienten. Un esfuerzo por la producción de verdad y la construcción semántica en dirección opuesta a los hechos, como política de Estado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se despidió esta semana de su cargo con un balance de gestión en el que afirmó, en base a datos elaborados por su cartera: “No tuvimos gatillo fácil, tuvimos gatillo difícil”. A la vez, recibió en ese acto de manos del comandante de Gendarmería Nacional un sable con la inscripción de una frase que la funcionaria utilizó para defender a la fuerza cuando el artesano Santiago Maldonado –muerto durante un procedimiento ilegal de represión de un piquete en Chubut– aún estaba desaparecido. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) informó que hasta febrero de este año “el promedio de muertes bajo el gobierno del PRO y sus aliados es de un caso cada 21 horas”, cuando durante el kirchnerismo fue uno cada 30 horas. El debate no es estadístico sino sobre la producción de verdad y la construcción de los sentidos que circulan socialmente dirigidos a la aceptación o el rechazo de los mecanismos y conductas empleados por las fuerzas de seguridad en el uso del legítimo monopolio de la fuerza que ostenta el Estado.

Si un logro puede mostrar Bullrich es haber atravesado los cuatro años de la tercera experiencia neoliberal de la Argentina siendo una de las funcionarias con mejor imagen del elenco gobernante, de acuerdo a los sondeos de opinión pública.

No es necesariamente en los datos que arroja su gestión al frente de Seguridad donde deben buscarse las razones de ese logro, sino en la habilidad de la ministra –que fue montonera pero no es yegua– en maridar el discurso oficial con los prejuicios dominantes sobre delito, narcotráfico y represión estatal de los mismos.

La disociación de la palabra oficial en relación a las acciones de gobierno ha sido un rasgo distintivo del macrismo, que exacerbó esa práctica.

Al menos una parte de quienes se inclinaron en los comicios por la reelección del presidente Mauricio Macri, lo hicieron porque se sintieron identificados con el izamiento de banderas sobre arraigados prejuicios clasistas que ligan pobreza con desinterés por el trabajo y percibieron que había un restablecimiento de las jerarquías sociales sobre las que se edificó la Nación, expresado en la retórica oficial en frases como “ustedes no vinieron en colectivos” al asistir a un acto político. Eso sucedió, a pesar de que entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 los estigmatizados “planes sociales” casi se duplicaron: cuando Cambiemos asumió la Presidencia había 245 mil personas que percibían “un plan” en el país, cifra que trepaba a 450 mil hace tres meses.

Los presuntos verdugos de los “chori-planeros” ampliaron en los hechos la cobertura social destinada a los más vulnerables –a la par que sus políticas económicas destruían empleo y producían pobreza–, mientras en sus discursos estigmatizaban a “los vagos”, la grasa militante del Estado y otras formas de segregación social que se montan sobre una larga tradición de prejuicios.

Del mismo modo, la ministra de Seguridad convirtió el presunto empoderamiento de las fuerzas de seguridad y su discurso masculinizado –el macho enfrenta al delito en un batalla sin cuartel– en la música que su base electoral –aunque no sólo ese segmento de la sociedad– deseaba oír.

El maniqueísmo propio de los debates públicos sobre delito –se está contra o con los chorros– fue la plataforma sobre la que Bullrich edificó en estos cuatro años su fama de funcionaria implacable con quienes transgreden la ley.

Para eso se asentó sobre el sentido común imperante en un sector de la población, legítimamente asustada frente a los rieSgos de su propiedad o de su integridad física, que reclama soluciones inmediatas a un problema multidimensional y complejo.

Mano suelta

Con ese propósito que forma parte del manual básico de la demagogia punitiva, Bullrich y su jefe funcional y político, el presidente Macri, utilizaron el caso conocido como “Chocobar”, por el apellido de un policía que asesinó de varios tiros por la espalda a un joven que escapaba tras protagonizar un robo y herir gravemente a un turista.

El policía Luis Chocobar, que salía de su casa de La Boca, intervino en diciembre de 2017 luego del robo, al perseguir a uno de los asaltantes y matarlo a tres cuadras de donde se había producido el hecho.

Mientras Chocobar era procesado por la Justicia fue recibido en la Casa Rosada por Macri y Bullrich, quienes lo erigieron en modelo a seguir.

Un artículo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) sobre el caso reseñó que “en el marco de una persecución o al intentar evitar una fuga, la fuerza letal sólo se puede utilizar como un último recurso cuando es necesario proteger la vida de alguna de las personas involucradas en el hecho, incluido el personal policial. No se trata de este caso”.

Agregó que “si un funcionario estatal utiliza un arma letal de manera injustificada y ocasiona la muerte de una persona que no era una amenaza a la vida del policía o de una tercera persona, se trata de un hecho al que los sistemas internacionales de protección de derechos denominan ejecución sumaria o extrajudicial y constituye una violación de los derechos a la vida y a la integridad física”.

En cambio, “si el policía se equivoca sobre la existencia de una agresión o utiliza la fuerza en forma desproporcionada e irracional, el caso se puede resolver como un exceso en legítima defensa; es decir, el policía comete un delito por su negligencia”.

Con el recibimiento de Chocobar en la Casa Rosada, dijo el Cels, “se busca nuevamente instalar la idea de que existe un «garantismo» que conduce a la impunidad de los delincuentes y que la alternativa a ello es «soltarle la mano» a la policía para que actúen sin respetar las reglas. La falsedad de esta dicotomía la demuestra el hecho de que el otro asaltante, que consiguió escapar, fue luego localizado y detenido”.

Narcotráfico

Otro de los “éxitos” de la gestión de Bullrich, de acuerdo a su autopercepción, fue el combate al narcotráfico, que consistió en la exaltación del perimido paradigma de la guerra a las drogas originado en Estados Unidos en la década del 70. Y que ha esparcido de forma más o menos equivalente muertes y negocios.

La ministra midió su éxito en esa materia en términos de confiscaciones y secuestros de material estupefaciente de venta prohibida.

Según el informe de 2018 de la Sedronar sobre prevalencia en el consumo de drogas, la acción de Bullrich sólo habría servido para mejorar el precio de los estupefacientes que no fueron retirados del mercado, al reducir la oferta.

La marihuana “es la droga ilícita de mayor consumo en el país. El 7,8 por ciento de la población declaró su uso en el último año; el 10,7 de los varones y el 5,2 por ciento de las mujeres. Entre 2010 y 2017, el consumo creció en todos los grupos de edad, tanto en varones como en mujeres”, señala el documento oficial.

Agrega que en el caso de la cocaína “el 5,3 por ciento de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que implica un incremento del 100 por ciento con respecto al estudio del 2010. En comparación con el año 2010 se triplicó el consumo alguna vez en la vida entre adolescentes”.

En enero de 2018, el diputado provincial e investigador Carlos Del Frade, afirmó que “en 2017 se duplicó la cantidad de cocaína que circulaba en el país, se triplicó la cantidad de drogas sintéticas y casi se duplicó la cantidad de marihuana. Estos son números oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Fue luego de que la ministra Bullrich señalara que la detención de Alan Funes –integrante de una banda de Rosario– suponía el arresto de un joven que “aterrorizaba a Rosario”. Del Frade acusó entonces al gobierno nacional de “tejer un relato en relación al combate al narcotráfico” que no se condice con la realidad.

El aumento de la circulación y el consumo de drogas ilícitas en los últimos diez años junto con el incremento de la violencia que producen las disputas por ese enorme negocio ilegalizado y la corrupción policial, son muestras del fracaso del paradigma prohibicionista y de guerra a las drogas.

Sable mensajero

Uno de los últimos actos de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad tuvo un alto contenido simbólico. Antes de exponer su balance de gestión a un grupo de periodistas, la ministra recibió de parte del jefe de Gendarmería, Gerardo Otero, “un presente” que consistió en un sable –objeto que integra el escudo de la fuerza– con una leyenda, que le pidió que leyera.

La funcionaria lo hizo: “Doctora Patricia Bullrich. No voy a querer hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana”.

La frase contenida en el obsequio la había pronunciado la ministra cuando el artesano anarquista Santiago Maldonado llevaba dos semanas desaparecido y ella asistió a una comisión del Senado de la Nación que le reclamaba información sobre el caso.

Cuando le preguntaron por el rol en la represión a la Pu Lof de Cushamen, en Chubut, del comandante Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de la fuerza de seguridad, Bullrich respondió: “No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades, me la banco yo”.

Maldonado había participado de un corte de ruta en el ingreso al predio de la comunidad Pu Lof, en Chubut, que fue desalojado por Gendarmería en cumplimiento de una orden judicial de liberación del tránsito.

Sin embargo, el procedimiento siguió en el interior del predio –y con la ruta ya despejada– con disparos de arma de fuego y persecución a los miembros de la comunidad mapuche. El tatuador desapareció tras la represión de la fuerza de seguridad.

El cuerpo de Maldonado –que había adherido a la lucha de los pueblos originarios– apareció en el río Chubut 77 días más tarde, el 17 de octubre de 2017, en un lugar cercano al que se denunció como el de su desaparición y donde ya se habían realizado rastrillajes.

La autopsia determinó que la causa de muerte de “ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia”. El juez federal Gustavo Lleral cerró el caso un tiempo después –que se había caratulado como posible desaparición forzada de persona– y sobreseyó al único imputado, el gendarme Emmanuel Echazú.

Se conoce la causa de muerte pero no las circunstancias en la que Maldonado terminó en el río, no sabiendo nadar. No fue a darse a un chapuzón mientras los gendarmes tiraban y perseguían a los mapuches.

Pero independientemente de lo ocurrido, y se su posible esclarecimiento, el rol del gobierno en esos días fue desacreditar a la familia Maldonado, plantar pistas falsas –con ayuda de aliados como Elisa Carrió y de medios de comunicación afines– e intentar negar los hechos.

Bullrich no debía condenar ni absolver a la Gendarmería, pues esa no es su función. Sí, tenía la obligación, como funcionaria pública, de poner todos sus esfuerzos para el esclarecimiento del caso y no hacer lo contrario. Como escogió una opción, esta semana se llevó un obsequio que, en rigor, es un mensaje.

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