En el marco de la causa por desaparición forzada del joven, perpetrada en 2014, el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario elevó a juicio a 19 policías, en su mayoría que prestaban servicio en la Comisaría 7ª, donde Franco fue visto con vida por última vez. La información fue publicada este jueves por el Ministerio Público Fiscal.

Tal como lo había solicitado la Fiscalía Federal N°1 de Rosario en septiembre, que encabeza Guillermo Lega, el Juzgado a cargo de Carlos Vera Barros ordenó la elevación a juicio oral de 19 policías por la desaparición forzada de Franco Casco (20). La mayoría de los uniformados prestaba funciones en la Comisaría 7ª de Rosario, donde el joven fue detenido y visto por última vez con vida.

El fallo dispuso la clausura parcial de la etapa de instrucción y el enjuiciamiento de 19 agentes: cuatro como presuntos coautores de los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, e imposición a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, de cualquier clase de tortura, seguida de la muerte de la víctima; siete como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima; seis en relación al delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, en calidad de partícipes secundarios; dos en orden al delito previsto y penado en el art. 277 inc. 1 -apartados b) que castiga a quien “ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer”- y e) que hace lo propio respecto a quien “asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito”, con las agravantes del inc. 3 apartados a) y d) del mismo artículo.

Por otra parte, fueron sobreseídos nueve policías por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima y otros tres por el delito de encubrimiento.

Foto: Andrés Macera

El Ministerio Público Fiscal había subrayado que la conducta ilícita desarrollada “no solamente implicó la privación ilegal de la libertad, sino que además, por su intermedio, se sustrajo a la persona del derecho a la jurisdicción, del derecho a su integridad física, psíquica y moral, como a su vez del derecho de sus familiares y de la sociedad toda de conocer su destino y el devenir del porqué de su muerte y el cómo sucedió. Así se produce una multiplicidad de víctimas que es una nota distintiva de este tipo delictivo”.

En este mismo sentido, el MPF había considerado “que se encuentra acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron su paradero y obstaculizaron su búsqueda, resultando de ello la muerte de la víctima. Conductas éstas que resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de persona”.

 

La hipótesis es que Franco salió desde donde se encontraba alojado en Rosario hacia la Estación de Trenes Rosario Norte con la finalidad de regresar a Buenos Aires, a la casa familiar, el 6 de octubre de 2014 por la tarde. En los alrededores de la Estación habría sido apresado por efectivos de la Comisaria 7ª de la Policía de Santa Fe, sin conocerse las circunstancias de la detención.

Según acreditó la investigación en la etapa de instrucción, el joven luego fue trasladado a la Comisaría, donde fue sometido a condiciones de detención ilegítimas en un “pequeño, oscuro y mugroso” espacio denominado «la Jaulita», donde el personal de esa seccional encerraba a los jóvenes detenidos por averiguación de antecedentes.

A partir del aporte de testimonios de otras personas detenidas se pudieron reconstruir golpes y fuertes gritos de auxilio del propio Casco. Luego “se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención”.

Con la desaparición del joven y ante la búsqueda de la familia, ocurrieron irregularidades por parte de los integrantes de la dependencia que quisieron ofrecer una versión alternativa para encubrir la desaparición forzada. Dichas maniobras de ocultamiento continuaron hasta el 30 de octubre, cuando la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida de Casco en el río Paraná.

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