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En Dabeiba (departamento de Antioquia) se encontró una fosa común clandestina. Se presume que contiene más de 50 cuerpos de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares y paramilitares entre 2006 y 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Colombia siempre tuvo buena prensa, al menos en los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos. Los grandes medios ocultaron, minimizaron o tergiversaron la violencia estatal que durante décadas se viene empleando en ese país, que sigue a pie juntilla los métodos recomendados por EEUU para combatir la guerrilla. Por estos días, nuevas y viejas violencias afloran en Colombia.

Mientras las protestas contra la reforma impositiva continúan en las calles, se encontró una fosa común en la localidad de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), en la que creen que puede haber más de cincuenta civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre 2006 y 2007, y conocidas en Colombia como “falsos positivos”.

Las pruebas de los crímenes de Estado engrosarían el expediente que da cuenta de la ejecución de al menos 2.248 personas en las últimas décadas. El 59 por ciento de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.

La práctica consistía básicamente en un premiado “body count” (conteo de cuerpos) para inflar “los logros del ejército”. Decenas de jóvenes fueron engañados con promesas de empleo, desplazados de sus territorios y llevados lejos para ser asesinados y disfrazados de guerrilleros.

Más de mil uniformados han sido condenados en la justicia ordinaria por los crímenes de civiles y 148 se acogieron voluntariamente al tribunal de paz, según cifras oficiales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un tribunal que nació tras los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

La investigación en Dabeiba inició con la denuncia de un soldado que se sometió a la JEP para obtener beneficios penales, a cambio de confesar sus crímenes y ayudar a reparar a las víctimas. Las mismas ventajas están consideradas para los civiles y los guerrilleros que contribuyan a esclarecer lo ocurrido en un conflicto de medio siglo, que deja más de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

“Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (falsos positivos)”, afirmó la Justicia Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

“La JEP debe adelantar la investigación hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables. Entre tanto, se debe garantizar protección a la vida e integridad del testigo», tuiteó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

La diligencia se realiza en el marco del denominado Caso 03 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” y del estudio de medidas cautelares en 17 territorios, donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto.

La JEP resaltó que las víctimas estaban enterradas en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, donde hasta la fecha han sido exhumados «siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos».

“Adicionalmente, hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas”, agregó la JEP, según la cual el Instituto Nacional de Medicina Legal será la entidad encargada de identificar los restos.

El tribunal señaló que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que las pesquisas se iniciaron después de que un ex integrante del Ejército “indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado”.

“Dicha información fue contrastada con un conjunto de pruebas”, agregó la JEP en el comunicado que reproduce Univisión.

Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

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