En su primera semana de gobierno, el Frente de Todos impulsó una batería de medidas dentro de un megaproyecto de ley destinado a aumentar recursos y atender la emergencia económica y social que dejó el macrismo. La sobreactuación opositora y el intento de revival de la 125.

Sin perder tiempo, apurado por la situación ruinosa que encontró en la economía después de tres años al hilo de recesión, el nuevo gobierno nacional presentó un conjunto de medidas interconectadas con objetivos claros: modificar un esquema tributario recesivo, robustecer al Estado y la recaudación para poner en la mira la emergencia social. Y así,  “ordenar” las cuentas para plantarse y renegociar con firmeza la abultada deuda con acreedores externos, sobre todo el FMI. Para esto hizo un llamado a la “solidaridad social y reactivación productiva”, tal el nombre que denomina a este primer megaproyecto de ley que el Frente de Todos envió al Congreso y que Diputados aprobó el viernes en general tras 15 horas de debate y que al cierre de esta edición, esperaba su aprobación definitiva en el Senado. 

El ministro de Economía Martín Guzmán sostuvo que es un proyecto que apunta a “los dos lados”, ya que busca enviar un mensaje al mundo empresario-financiero y, al mismo tiempo, intenta empezar a resolver cuestiones críticas de la economía real y de la vida de miles y miles de argentinas y argentinos de a pie que esperan recuperarse tras el paso del huracán Mauricio. 

El gobierno de los Fernández empezó a atajar penales de todos lados, se mostró activo, mientras la república de la opo, autoritaria y rechazadora serial, no dio tregua en su debut como tal. Todos los sectores reclaman atención, muchos hacen trompita si tienen que poner un poquitito más. El tema retenciones al agro apareció como un revival de 2008, la pelea por la resolución 125. Macri y aliados dijeron que ejercerían una “oposición constructiva” pero en la primera de cambio pusieron piedras en el camino y se retiraron del debate por la ley de solidaridad, una palabra que los espanta, les da como cosita. 

La izquierda del FIT (¡cuándo no!) también rechazó el proyecto del oficialismo porque “no afecta a las empresas que realmente ganaron” con el gobierno anterior y se plegó así a la estrategia de Juntos por el Cambio, y a la derecha que se bate en ese 40 por ciento de la población que acompañó con el voto. Y no dio quórum para iniciar el debate parlamentario en torno a la emergencia económica y social. El oficialismo impuso su fuerza, pero no le sobró nada. La oposición, con los radicales PRO a la cabeza, dejó entrever la interna que subyace y quedó algo desubicada, como el cineasta Juan José Campanella convocando a una marcha M contra la emergencia alimentaria.  

Para atacar la lógica del ajuste permanente que imperó en la era Cambiemos, el gobierno de Alberto Fernández impulsó un bono extra para jubilaciones mínimas, asignación universal por hijo y empleados públicos. Mientras busca establecer un acuerdo de precios y salarios más allá de las fiestas de fin de año, la iniciativa oficial contempla además reformas tributarias, la más hablada, la suba en derechos de exportación (retenciones) de productos agropecuarios, anulación de la rebaja en el impuesto a Bienes Personales que había concedido Cambiemos y el recargo a la compra de dólares para atesorar y gastos en el exterior. “No hay libertad, no me dejan viajar afuera”, volvió a escucharse. 

El megaproyecto de ley también dispone el freezar para las tarifas de luz y gas por seis meses. Luego se discutirá un nuevo esquema tarifario “que tenga un balance adecuado entre los objetivos de protección social y las condiciones que fomenten la inversión en energía”, apuntó Guzmán. 

Habrá moratoria impositiva para pequeños y medianos empresarios que tengan deudas con el Estado. 

Se suman a la batería de medidas las disposiciones previas de rebajar el precio de medicamentos, la doble indemnización para casos de despido sin causa y la tarjeta alimentaria. 

Otro gran capítulo del megaproyecto es el de la deuda externa y su reestructuración, donde el gobierno intenta utilizar partidas destinadas a priori al pago de intereses de deuda y redirigirlas a urgencias sociales.    

“Hay que recuperar la sostenibilidad de la deuda, que tuvo un brutal aumento durante la gestión anterior. Cuando un país aumenta tanto sus niveles de deuda pero no utiliza esa deuda para invertir en su matriz productiva pasa lo que nos pasa ahora. Tenemos un descalabro económico y social. Por eso necesitamos una política pública de deuda que esté alineada con el objetivo de la recuperación económica”, expresó Guzmán en conferencia de prensa.

Medidas a la canasta… navideña

El paquetazo anticrisis persigue el propósito de reanimar el poder adquisitivo de la población de bajos recursos, incentivar la reindustrialización y reactivar el consumo popular. El pago especial para jubilados, 5 mil pesos en diciembre y otros 5 mil en enero, los 2 mil pesos, también en diciembre y enero, para los beneficiarios de la AUH, la tarjeta que permite comprar alimentos por 4 mil pesos a las mujeres con un embarazo de tres meses o hijos de hasta seis años, y los 6 mil pesos para las que tengan dos hijos o más, apuntan en esa dirección. Igual que la promoción de una canasta navideña a precio popular.

El megaproyecto de ley anda a la caza de una estabilización económica, pero tiene cuestiones antipáticas que irritan a los sectores medios y medios-altos, como el tema de las retenciones agropecuarias y el recargo del 30 por ciento a la adquisición de divisas y compras en el exterior en moneda extranjera. 

“Los dólares los necesitamos para comprar insumos y producir”, justificó el gobierno. El Macrismo iba en sentido opuesto. Rebajó impuestos a sectores pudientes que multiplicaron ganancias a costa de las grandes mayorías que esperaron el promocionado derrame, que nunca llegó. 

Haciendo referencia a la delicada situación social que el gobierno heredó del macrismo en materia sanitaria, el megaproyecto faculta también al Ministerio de Salud a restablecer el suministro de medicamentos genéricos y garantizar remedios para tratamientos ambulatorios a pacientes de alta vulnerabilidad social y económica.

“Se siente, se siente, el Estado está presente”, cantan en el nuevo oficialismo. 

En tanto, los mismos sectores que apoyaron la devastación macrista de la economía se muestran reacios a las primeras políticas que anunció y aplicó el Frente de Todos. 

Las medidas intentan mejorar la situación de los sectores populares, tratando de mejorarles la capacidad de compra y sacarlos de la postergación en la que los depositó el ajuste de Cambiemos.  

“Este es un primer paso para resolver la severa crisis social y económica que dejaron los últimos cuatro años, con aumento de la pobreza e indigencia y situaciones de hambre, para atender a la población más vulnerable”, afirmó el ministro de Economía, al explicar y defender la iniciativa. Hay que decir además que el grueso del paquete tuvo algunas modificaciones a pedir de docentes, científicos y sectores de la oposición. 

El campo minado

El gobierno nacional modificó los derechos de exportación heredados de Cambiemos por decreto. Para algunos gauchos PRO y patrones de la Patria, el gobierno del Frente de Todos ya “es un desastre, fracasó”. Sí, en siete días “corto ruta-toco cacerola-no me jodan”. Enseguida se actualizaron gestos y acciones desestabilizadoras. 

La renta agraria argentina está súper concentrada. En 111 países del mundo se aplican derechos de exportación (retenciones). Mucho antes de que el gobierno de Fernández publicara en el Boletín Oficial la suba de las retenciones, parte del sector agropecuario ya convocaba asambleas, manifestaciones y actos a la vera de la ruta en rechazo no a una medida en particular sino a un gobierno en general, declarado enemigo público número uno desde el día después de las elecciones presidenciales.   

En el denominado “campo”, término que describe más un paisaje bucólico que la actividad rural, hay diferentes realidades. No todos son grandes ganadores, no todos son la Sociedad Rural. Una diferenciación en el esquema del tributo entre pequeños, medianos y grandes sería lo más justo. El sector agropecuario fue beneficiado pero a la vez perjudicado por las políticas del macrismo.

 

Si bien buena parte del modelo económico de Cambiemos se basó en la exportación de materias primas agrarias, miles de pequeños productores y campesinos sufrieron la pérdida en la capacidad de compra de sus ingresos frente al encarecimiento del nivel de vida y la dolarización de los insumos. 

Las economías regionales quedaron rezagadas. Por eso la enérgica reacción de las entidades ruralistas frente al anuncio de suba en el esquema de retenciones para soja, maíz, trigo y carne, en un contexto de tierra arrasada, es por lo menos exagerada. 

Durante el gobierno de Macri “se produjo una transferencia millonaria desde el Estado nacional hacia el sector privado”. “Esta política impositiva benefició fundamentalmente a las empresas por la vía de las cargas patronales, a los exportadores agropecuarios por las modificaciones en materia de retenciones y a las personas físicas de mayores ingresos mediante la reducción de la alícuota de Bienes Personales”, dice un informe de Proyecto Económico, el centro de investigación que tiene como cara visible a la diputada oficialista Fernanda Vallejos.

El gobierno de AF retocó el sistema de alícuotas de retenciones para los productos agropecuarios: eliminó el límite de 4 pesos por cada dólar exportado. La actualización impositiva para la exportación de granos y derivados afecta más al núcleo sojero: 33 por ciento para este poroto. “El campo es generador de dólares para pagar la deuda de Argentina, que es algo central para poder tener equilibrada la macroeconomía”, remarcó el ministro Guzmán.

Por otro lado, además de incrementar la recaudación fiscal, la actualización de los derechos de exportación a los granos permitirá desacoplar aún más los precios internacionales de los precios domésticos. “La pérdida de recursos por la quita de retenciones es uno de los desencadenantes del proceso de megaendeudamiento iniciado en 2016 e interrumpido en abril del 2018, derivando en la vuelta al FMI”, se destacó en un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) al analizar las políticas amigas del macrismo para este importante –pero no único– sector de la economía, aunque que terminaron perjudicando a otros vastos segmentos de la población.

Levantar el muerto

El leitmotiv del experimento neoliberal que llevó las riendas del país con ayuda del Fondo Monetario hasta el 9 de diciembre de 2019, fue achicar la economía, reducir la demanda, disciplinar a los trabajadores y sectores populares, y marginar a otros tantos. El preocupante final estaba cantado. Una economía desequilibrada, en terapia intensiva, con una fenomenal contracción del mercado interno, con menos plata en el bolsillo de la gente, con grandes ganadores del modelo, con problemas de empleo, con más pobreza. 

De movida, la impronta del Frente de Todos marca otro rumbo, representa un cambio de proyecto de país, contrasta con la orientación especuladora del macrismo y busca retomar un camino de crecimiento con inclusión, se redefinen prioridades socioeconómicas para la Argentina 2020. De la meritocracia y el individualismo a la solidaridad social. 

El gobierno que se fue dejó una inflación acumulada en cuatro años del 300 por ciento, una devaluación del 500 por ciento, 40 por ciento de pobreza habiendo recibido alrededor del 25 por ciento, 11 por ciento de desempleo comparado con el 5,9 de 2015. Sólo en el último año, según datos de la Undav, se destruyeron 16 puestos de trabajo por hora. 

En tanto, en un contexto recesivo, el peso de la deuda externa equivale al 95 por ciento del producto bruto interno. Pero como hasta los resultados económicos y los números concretos se ponen en duda en las realidades virtuales, esas políticas contrarias a las franjas populares tienen un importante respaldo en la sociedad, créase o no, incluso de actores directamente perjudicados por el ajuste macrista.  

El discurso beligerante del macrismo residual, de algunos dirigentes ruralistas y de los medios hegemónicos es una muestra de lo que deberá sortear el gobierno con el correr de los días. 

Agenda productiva

En medio del debate por la emergencia, el presidente se reunió con gobernadores y entre todos enterraron el pacto fiscal del macrismo, que fijaba una baja gradual de impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, situación que desfinanciaba a las provincias.

También le dio cuerda al Consejo Económico y Social, con el convenio automotriz como mascarón de proa. Al compás del acalorado debate por la ley de solidaridad social y reactivación productiva, el presidente anticipó que habrá créditos para la compra de autos y camiones. 

“El camino es ponerse de acuerdo los que producen, los que invierten y los que trabajan”, aseguró el mandatario en el auditorio de la sede porteña de Smata ante sindicalistas y empresarios, mientras se preparan las próximas negociaciones paritarias. La actividad industrial argentina encabeza el ranking mundial de caída, otra del huracán Mauricio.

Fernández se encontró con los popes del establishment de la Asociación Empresaria Argentina (Magnetto, Rocca, Pagani, Campos, Ratazzi). Defendió la ley de emergencia, detalló la gravedad de la situación económica y social recibida, incluso reconocida por los propios empresarios. 

A los CEO de las grandes compañías les pidió inversiones y encarar una épica más humanoide y no meramente desde el punto de vista de la rentabilidad, del vil dinero. Además, en ese mitin afirmó que el FMI “aceptó la lógica de trabajo” de la Argentina y que el plan del Frente de Todos “no es salir de la coyuntura con la alegría de fin de año, sino ver el mediano y largo plazo”. Se va 2019, pero esto recién comienza.

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