El presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a miembros de las asociaciones empresarias del agro, quienes manifestaron su rechazo a las medidas para afrontar la emergencia económica referidas a los derechos de exportación, que rigen desde este lunes, tras la sanción de la ley de Solidaridad Social.
Fernández recibió a las asociaciones empresarias del agro en compañía del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Agricultura Luis Basterra. En representación de las entidades asistieron los presidentes y vicepresidentes de la denominada Mesa de Enlace, que componen la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).
El principal planteo de las entidades empresarias apuntó contra la definición del gobierno nacional de aumentar los porcentajes de los derechos de exportación para afrontar la emergencia económica que vive el país tras cuatro años de políticas neoliberales.
Según informó la agencia Télam, el jefe del Estado y los dirigentes rurales repasaron los puntos de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que involucran al sector agropecuario, como el sistema de compensaciones y segmentación de retenciones para pequeños productores y cooperativas.
“Nos reunimos con la Mesa de Enlace para analizar los problemas del sector, las retenciones y los desafíos que enfrentamos”, informó tras el encuentro el presidente Alberto Fernández.
“El campo es un actor central de la Argentina. Vamos a trabajar para crecer preservando a los pequeños productores y favoreciendo el desarrollo de todos”, añadió el Presidente.
El titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, indicó luego de la reunión que “la solicitud de la Mesa de Enlace es avanzar en un cronograma que tenga como objetivo el fin de las retenciones”.
“Nosotros no convalidamos ningún 30 por ciento de los derechos de exportación», insistió Pelegrina.
Por su parte, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, aseguró en tanto que “el campo es un socio fundamental” del gobierno y que Alberto Fernández se comprometió a brindar un “tratamiento diferencial” a pequeños productores y regiones alejadas de los puertos.
Boletín Oficial
En tanto, este lunes el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la ley de emergencia de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que de inmediato entró en vigencia, con la aplicación de recargos del 30 por ciento para operaciones en dólares, la suspensión de la actualización de jubilaciones por seis meses y el alza de retenciones al campo que puede llegar al 33 por ciento en la soja.
La ley 27.541 permitirá aumentar la recaudación en unos 7.000 millones de dólares anuales, unos 440.000 millones de pesos al tipo de cambio actual.
“A los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos, suspéndase por el plazo de ciento ochenta (180) días, la aplicación del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias. Durante el plazo previsto en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24.241, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, señala el texto del Boletín.
Además, se consigna que el “Poder Ejecutivo nacional convocará una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia que, durante el plazo previsto en el primer párrafo, proponga un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”.
La ley faculta al Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario por un plazo de hasta ciento ochenta (180) días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaría real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020.
También plante a que “los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la ley 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, o infracciones relacionadas con dichas obligaciones, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones”.
La norma prevé que si se contrata un paquete turístico en el exterior o se compra con tarjeta un producto de afuera del país, o se adquieren los 200 dólares autorizados para ahorro, tendrá que abonarse el impuesto del 30 por ciento, que se incluirá en la liquidación que recibe por los consumos.
En el caso de los pasajes, si los mismos se contratan en pesos, quedarán eximidos.
Este impuesto no podrá ser descontado de ningún otro tributo ni solicitarse una devolución del mismo, como sucedía en años anteriores.
Los que realizaron la compra o el gasto antes de la ley no quedarán alcanzados por el nuevo impuesto.
También vuelve el IVA a los 13 alimentos que había sido suspendido por el gobierno anterior, por lo que retornarán al 21 por ciento, con excepción del pan, que tributa 10,5.
