El nuevo gobierno es un atractivo Modelo para Armar en pleno desarrollo. Quienes lo orientan han afirmado saber a quiénes representan, lo cual es un dato esencial. Por eso, aquí se da cuenta de los numerosos claros de la gestión –sin obviar dificultades– y de algunos oscuros que preocupan, sobre todo, a los propios.
Como se sabe, en política los tiempos se desarrollan con una lógica interna que descree del cronómetro. Hay una percepción del camino a recorrer que depende, en buena medida, de las circunstancias: cuando la mirada de quien ha emprendido el recorrido abarca una fina faja de sendero que atraviesa un desierto polvoriento, resulta difícil recurrir a premisas tales como el verdadero placer está en disfrutar del viaje. El andar inicial del gobierno que lidera Alberto Fernández está ligado a su capacidad para mantener el equilibrio en situación desfavorable, hasta tomar ritmo, acelerar el paso y zanjar esta etapa rocosa y ardiente.
Así lo plantea el presidente mediante las medidas y designaciones conocidas. Su propio decir y sus impulsos inaugurales están orientados por el anhelo de beneficiar a unos sin damnificar a otros; por incluir a aquellos sin excluir a estos. Es seguro que comprende lo mismo que nosotros, a simple vista: aunque tal objetivo es imposible, la emisión de señales que sugieran esa voluntad implica un plus de contención a su favor. Algo así: nadie podrá decir que no lo tomamos en cuenta, nadie podrá decir que no consideramos su situación. El dilema radica en la aseveración que corre por nuestra cuenta en el párrafo: tal objetivo es imposible.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva es abarcativa. Nuestras Fuentes Seguras indicaron que puede evaluarse como “un programa de gobierno de seis meses”. Esto da cuenta de su inocultable perfil de emergencia, pero también del inicio de un debate mucho más profundo acerca de las resoluciones a adoptar una vez que el marasmo de la economía argentina suscitado voluntariamente por Cambiemos PRO UCR quede parcialmente atrás. Para este primer paso la gestión del Frente de Todos cuenta con un aval bifronte significativo: la aquiescencia del movimiento obrero organizado y de la Asociación Empresaria Argentina. Confluencia que, si la experiencia no es anulada por alguna paradoja, tendrá una duración limitada.
Como debe ser, autoridades políticas y económicas se han lanzado a transitar el complicado sendero con optimismo. Señalan que el nivel de impuestos a la exportación agropecuaria se sitúa en indicadores semejantes a los dispuestos durante el inicio del macrismo. Consideran que no habrá incrementos de precios significativos porque el alza del consumo será paulatino y la industria argentina se verá beneficiada con una producción amparada en el re encendido de maquinarias nuevas pero hasta hoy cubiertas con lonas. Se sienten con poder para que el tipo de cambio oficial regule sin sobresaltos los precios. Resaltan que la incorporación al mercado de los desplazados por el modelo rentístico permitirá un fluir de productos de primera necesidad que destrabará las palancas esenciales del mercado interno.
En la misma línea, afirman, el cese de aumentos tarifarios, la baja de los medicamentos, la moratoria para las pymes acompañada por microcréditos a tasas inexistentes, la promoción del ahorro en pesos, el empujón para reposicionar a la industria automotriz como locomotora, son elementos que se percibirán con cierta rapidez –marzo, estiman– y a partir de allí, luego de atravesar la zona más difícil del sendero, la dinámica de la economía local abrirá un horizonte más despejado. “Hay algo que no se dice –señalan las Fuentes- y es que desde el Banco Central de la República Argentina estamos recuperando el volumen para afirmar la solidez del sistema”. Eso es cierto: en pocos días se pasó de la licuefacción de recursos a la adquisición de los mismos sin que repercutiera de modo catastrófico en la cotización del tipo de cambio.
La idea de Alberto Fernández, compartida a la distancia con Néstor Kirchner, es que al construir las bases centrales de una economía con perfil productivo, el vigor de la vida nacional se recobrará con una direccionalidad que hoy –en medio de la secuela paralizadora- es difícil de augurar. Para ser francos, es preciso admitir que la Argentina emergió del gigantesco ajuste privatizador y canalizador de recursos de los años 90 con una dinámica envidiable. Y ahí decimos: llama la atención que aquél período oscuro con responsabilidad compartida entre menemismo y Alianza que eclosionó en 2001 no haya suscitado una lectura más clara entre las franjas medias afectadas.
Seguramente entre su formación y la avalancha confusa que han ofrecido los grandes medios, enormes sectores de la población dañados por el desempleo, la baja de ingresos y el corralito, vuelven a lanzar, diariamente, zonceras que pueden describirse así: no tienen idea de dónde surge el dinero. Cuando en medio de una sociedad capitalista las personas no comprenden cuál es el origen del billete que tienen en el bolsillo o del que carecen y necesitan conseguir, su propio destino se oscurece y terminan respaldando a los mismos que les complicaron la existencia. Como contracara, y en cierto modo, reaseguro, el panorama ha sido desandado por el movimiento obrero argentino y su derivado, las organizaciones sociales. Esos sí que saben cómo surge la riqueza de las naciones.
Los últimos párrafos nos introducen a polémicas que, de un modo larvado aunque con ciertas aristas visibles, comienzan a desplegarse en el mundo político cultural. Por caso, otras Fuentes Seguras narran que ya es borbotón en las charlas de café, mateadas en unidades básicas, gremios, medios y centros culturales la crítica a ciertas designaciones albertianas. Han causado sensación en los pensadores nacionales que desde distintos oficios resistieron el macrismo las nominaciones de algunos hombres y mujeres en asesorías, dirección de medios públicos, Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Pero no han causado buena sensación. Uno de los consultados afirmó “el mensaje hacia el mundo de la cultura y la comunicación no debería ser premiamos a los que nos condenaron. Bien podría ser premiamos a los consecuentes y nos damos una política de integración para aquellos que tienen objeciones”.
El problema no es tan sencillo como puede parecer a simple vista. Pese a las dificultades, una gran cantidad de realizadores –escritores, periodistas, docentes, investigadores, cineastas, directores, actores, técnicos- del espacio nacional popular argentino han construido obras enormes y de calidad singular sin contar con los pertrechos adecuados y encima padeciendo acusaciones y desplazamientos desde la zona liberal conservadora de la cultura argentina. Si se repasa con el foco adecuado, podrán hallarse textos, medios, cátedras, obras que superaron holgadamente el nivel promedio, ayudaron a la forja de una masa crítica que derivó en la victoria electoral y promovieron una nueva instancia de formación entre las nuevas generaciones de nuestro pueblo. Bueno, es ostensible que esas personas no han sido convocadas por la nueva gestión.
Pero no es la única prevención ante las construcciones internas del oficialismo: el sindicalismo percibe con mirada de mediano plazo los obstáculos que la configuración del Ministerio de Trabajo puede ofrecer. Si bien respaldó con énfasis la doble indemnización a modo de Ley Antidespidos gestada por el presidente a poco de asumir, cuando analiza los nombres que acompañan al ministro Claudio Moroni, se sorprende. Los casos más preocupantes son los de funcionarios como Gabriela Marcello y Miguel Angel de Virgilis, cuyas trayectorias los muestran más cerca de la mirada empresarial que la del mundo laboral. Aquí también la distorsión es cuestionable debido al capital propio: el país cuenta con brillantes abogados laboralistas capacitados ahora mismo para afrontar los desafíos de una función de Estado.
Como en el rubro anterior, esos hombres de ley capearon dignamente el temporal en medio de un Poder Judicial hostil, comandado por corporaciones que exigieron disciplinamiento y por un Poder Ejecutivo como el regenteado por Mauricio Macri, que embistió con energía contra el fuero laboral. Algunos de ellos son jueces inobjetables –en la Argentina es mucho decir– como Arias Gibert, y otros son hombres y mujeres de buen contacto con ese movimiento obrero que disparó con su propia unidad el camino de articulación que derivó en los guarismos de Octubre pasado. “Lo que se tiene que entender –nos señaló una Fuente judicial– es que bregamos por aplicar la Ley. Todo está tan distorsionado que hay quienes piensan que nos volcamos hacia el trabajador por una cuestión ideológica. En realidad, la defensa del más débil con motivos justificados es un elemento básico de nuestra Constitución”.
Sin embargo, analizar esa región sin señalar una decisión valiente y avanzada en materia judicial, sería harto injusto: el presidente Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. El cargo vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó, fue cubierto de manera interina por Eduardo Casal. Para su aprobación, el gobierno dependerá del apoyo de la oposición, pues necesitará contar con mayoría especial -dos tercios de los presentes- en la Cámara de Senadores. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, confirmó la designación durante la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Rafecas tiene una extensa trayectoria en el árido distrito conocido como Comodoro Py. Con 32 años de trabajo en los Tribunales penales, pasó por todos los cargos de la carrera judicial hasta que en 2004 fue designado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3. Durante los últimos 15 años su labor estuvo destinada a investigar delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar; entre otras cosas dispuso la orden de detención para Jorge Rafael Videla. Es un experto en estudios sobre el Holocausto. Se especializó en el tema en centros de estudio de Alemania, Francia, Estados Unidos e Israel. Ya es clásico su ensayo «Historia de la Solución Final”.
En la misma línea, el decreto de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por un plazo de 180 días, originó expectativas positivas. Las Fuentes nos indicaron que la designación de la fiscal nacional Cristina Camaño “será considerado, con el tiempo, como uno de los grandes aciertos”. El emprendimiento destinado a poner fin a las operatorias contra el país realizadas por empleados del mismo Estado argentino –los servicios de inteligencia– es un desafío extraordinario que la democracia se debía a sí misma para no trastabillar a cada paso. La presidenta de Justicia Legítima deberá abordar, tras la reorganización inmediata, un Plan Estratégico de Inteligencia. El mismo, orientado por el presidente, contará con la participación de las áreas de Defensa, Economía y Seguridad, entre otras, para garantizar diseño y aplicación.
Así las cosas, es preciso indicar que el gobierno del Frente de Todos es un atractivo Modelo para Armar en pleno desarrollo. La batería de medidas extraordinarias incluidas en la Ley primordial puede contribuir a salir del desierto en un lapso menor al que las dramáticas condiciones impuestas por el gobierno oligárquico dejó al país. Cabe afirmar que el concepto dinámico que baraja el presidente tiene un sentido y varios fundamentos. Y vale recordar que en el acto posterior a la toma de posesión, tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner aseveraron saber a quiénes representan.
Eso es lo básico: que los dirigentes comprendan de dónde surge su poder y qué sectores aguardan, esperanzados, soluciones para sus vidas.
*Director de La Señal Medios
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