La Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un informe titulado «Fuerzas de seguridad y usos de la violencia letal», en el que se registraron 77 homicidios cometidos por agentes provinciales y federales entre 2014 y 2018.
El informe fue realizado por las investigadoras Camila Castoldi y Agustina Leorza, y coordinado por Augusto Montero, y explica que «la característica común de los hechos estudiados es que las víctimas murieron como consecuencia del ejercicio intencional de la violencia por parte de un miembro de una fuerza de seguridad».
«El estudio incluye a miembros de fuerzas provinciales y nacionales, y también contempla si estaban prestando servicio al momento del hecho o no», añade el texto.
«Del total de 77 personas fallecidas, en 2014 fueron 16 y el pico se registró en 2015 con un total de 26 víctimas. A partir de ese máximo, la cantidad fue disminuyendo año tras año: 16 en 2016; 14 en 2017 y cinco en 2018», señala el trabajo.
Respecto al desglose por fuerza de seguridad, el informe precisa que «66 de las muertes fueron cometidas por miembros de la Policía de Santa Fe; siete por integrantes del Servicio Penitenciario; dos por la Policía Federal Argentina y dos por Prefectura Naval Argentina».
De allí que, en promedio, «en más de ocho de cada 10 casos participaron funcionarios de la Policía de Santa Fe».
Los investigadores también advirtieron que «en relación a las siete víctimas generadas por miembros del Servicio Penitenciario provincial, cinco de ellas se produjeron en el mismo hecho cometido el 29 de diciembre de 2017 en la zona suroeste de la ciudad de Santa Fe».
«El informe pretende avanzar en la descripción de las circunstancias específicas en las cuales los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron uso de la violencia», indica el texto, y añade que «el 53 por ciento de los homicidios fueron producidos en eventos en los cuales los funcionarios no intervinieron luego de un llamado o para evitar un delito flagrante que pudieran haber presenciado».
En cuanto a las víctimas, el trabajo puntualiza que «en los cinco años estudiados, el 87 por ciento eran varones y el 13 mujeres».
«En cuanto a la edad de las víctimas, se observa que la violencia ejercida por miembros de fuerzas de seguridad afecta a una población, en principio, más joven que la de los homicidios en general», añade.
En ese sentido, los investigadores detallaron que «33,8 por ciento tenían entre 20 y 24 años; el 19,5 entre 15 y 19 años; y el 18,2 entre 25 y 29 años. En definitiva, más de la mitad de las víctimas (54,5%) eran menores de 25 años y casi tres de cada cuatro (72,7%) no habían llegado a cumplir 30 años».
