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Las  profesionales, psicólogas y abogadas, que trabajaron durante 2019 en el Teléfono Verde –el dispositivo municipal para atender casos de violencia de género–  no fueron convocadas por la Municipalidad a pesar de las promesas que funcionarios locales sostuvieron a finales de diciembre ante representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Desde el sindicato, a su vez, realizaron la entrega de un listado con los nombres de aquellas trabajadoras que aceptaron seguir trabajando por unos meses hasta tanto se abran los concursos correspondientes. Los colegios de profesionales abogadas y psicólogas en este caso llamaron discrecionalmente a unas pocas profesionales sin ningún criterio, según las propias matriculadas.

Un convenio poco conveniente

El convenio firmado entre el municipio y ambos colegios de profesionales en 2017 sostenía que “durante dos años se llevarían a cabo actividades con el objetivo de incluir a profesionales psicólogas y abogadas en espacios interdisciplinarios de formación relativos a las intervenciones que realizan los equipos centrales y territoriales que conforman la Dirección de Atención en Violencia de Género de la Secretaría de Desarrollo Social”. Liliana Leyes, representante de ATE Rosario, explicó cuáles son los puntos fundamentales que no se cumplieron y por los cuales desde mediados de 2019 acompañaron a gran parte de las profesionales en los reclamos por mejoras salariales e incorporación de las mismas al Estado. “Los contratos de formación que firmaron con sus colegios se rompieron en el momento que empezaron a estar solas en las guardias y a cumplir tareas como reemplazos de licencias, acompañamientos a tribunales”, sostuvo y dio cuenta de las razones que llevaron al gremio a llevar adelante una lucha que por el momento parece estar perdida.

Sobre finales de diciembre funcionarios municipales se reunieron con representantes del gremio. “En la reunión que tuvimos se habían comprometido a que se iba a dar continuidad a las profesionales y, después de esos tres meses, se llamarian a concursos internos”, explicó. Y agregó: “Nosotros no estamos de acuerdo con este punto. Hay que remarcar que las compañeras estuvieron durante todo 2019 cumpliendo con funciones de empleadas de planta permanente. No cumplieron con la promesa de llamarlas después de aquella reunión y sabemos que durante los días en que les prohibieron el ingreso a las profesionales, las que atendieron fueron la propia Marisa Wittmann (Coordinadora del Área de Atención Integral en Violencia de Género) y algunas otras coordinadoras, funcionarias”.

“Los colegios de abogados y psicólogos invitaron a otras compañeras que ni siquiera eran parte del equipo a trabajar en el dispositivo, a pesar que les  pasamos un listado de las que quisieron seguir en el teléfono”, contó Leyes. En ese marco, la representante de ATE sostuvo: “Es cierto lo que manifiesta el Intendente Pablo Javkin respecto al convenio de formación que firmaron las profesionales con los Colegios. De hecho, siempre desde los sindicatos bregamos por la transparencia y apertura de concursos, pero lo que no se tiene en cuenta es las tareas de trabajadoras de planta permanente que hicieron las profesionales durante todo el año pasado”, puntualizó. Cabe señalar que Javkin sostuvo que los convenios fueron planteados entre el municipio y las colegiaturas, por lo que la relación de las profesionales es con sus colegios y no con el Estado municipal.

Además, Leyes detalló las propuestas que desde el gremio llevaron ante los funcionarios: “Nosotros impulsamos tres puntos importantes: que las compañeras tengan la posibilidad de participar en esos concursos teniendo como prioridad las prácticas en las funciones; que el salario sea acorde porque trabajaban seis horas y cobraban cerca de 18 mil pesos, que descontando el monotributo y la matrícula que abonan a sus respectivos Colegios, apenas supera los 10 mil pesos de bolsillo; y que esos contratos de tres meses tuvieran una mejora salarial. Al final parece que jugaron con la necesidad de la gente”, concluyó Leyes.

La precarización laboral también es violencia

El teléfono verde es uno de los primeros dispositivos con los que cuentan las víctimas de violencia de género cuando se animan a denunciar. Además, sirve de escucha, acompañamiento y asesoramiento para las cientos de mujeres rosarinas que cada semana se comunican en búsqueda de dar, quizás, el primer paso de una ruta crítica, larga y tortuosa para alejarse de quienes las violentan.

Las profesionales que trabajan en el dispositivo y que pelean por sus fuentes laborales son psicólogas y abogadas con formación en violencia de género, que durante todo el 2019 escucharon, acompañaron y sirvieron de apoyo a miles de mujeres. Pero a ellas no las escucharon. La gestión municipal anterior las ignoró desde las elecciones de junio pasado hasta el 10 de diciembre. La ex intendenta Mónica Fein y su gabinete hicieron oídos sordos, estirando los plazos. Durante seis meses ignoraron el reclamo de las profesionales por una mejora de la precariedad en que desarrollaban sus tareas.

La actual gestión, por su parte, ofrece paliativos que no cambian la realidad de quienes día a día desempeñan sus tareas, precarizadas, vulneradas en todos y cada uno de los puntos de un contrato que no contempla vacaciones, aguinaldos, días por enfermedad o estudio y cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre.

La voz de los colegios 

Desde el colegio de Psicólogos de la provincia de Santa Fe (2ª circunscripción), notificaron el pasado 2 de enero, mediante un comunicado, que no aprobaban el ofrecimiento del municipio de extender por 3 meses los contratos de las profesionales.

“En el año 2017 firmamos el primer convenio específico con el fin de capacitar a colegas en una problemática tan sensible como es la asistencia en situaciones de violencia de género. Entendemos que el Colegio cumple una función social y que por lo tanto corresponde facilitar a nuestros matriculados el acceso a formación en temáticas de relevancia para la comunidad. En 2018 suscribimos el segundo convenio específico cuyo horizonte era avanzar hacia la concreción de una residencia de carácter interdisciplinario que tenga por objeto la formación de profesionales psicólogos con perspectiva de género, tal y como se expresa en el artículo 16 del mismo. Cumpliendo con el plazo establecido, tanto en el convenio Marco como en el Específico, se nos ofrece la prórroga por tres meses.  Entendemos que finalizadas las instancias formativas pautadas y viendo alcanzados los objetivos previstos, dicha prórroga carecería de contexto y fundamento desde nuestro principal objetivo, la capacitación”.

En tanto, si bien desde el Colegio de Abogados de Rosario no publicaron comunicados oficiales, algunas de las trabajadoras que estuvieron desempeñándose en el dispositivo señalaron que tampoco apoyaron la extensión de los convenios ofrecidos por el municipio, y al igual que el Colegio de Psicólogos, llamaron, extraoficialmente, a profesionales matriculadas que no estuvieron trabajando en la línea para suplir los puestos de sus colegas despedidas.

 

Fuente: El Eslabón

 

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