Las adelgazadas finanzas públicas que heredó el gobernador Omar Perotti de la gestión del Frente Progresista –que lo acusa de neoliberal por no acceder a pagar una tasa bancaria del 70 por ciento de descubierto para pagar sueldos– y los conflictos de seguridad pública que llevaron a Miguel Lifschitz a judicializar declaraciones periodísticas del ministro Marcelo Saín consumieron el primer mes de gobierno del justicialista al frente de la Casa Gris. Una oposición dura, dispuesta a condicionar –lícitamente– el margen de maniobra de la nueva administración pero sin autocrítica, y el estallido de una oleada de violencia urbana con eje en Rosario reconfiguraron el antiguo dicho atribuido a los asaltantes cuando encañonaban a sus víctimas, “la plata o la vida”, al cambiar la conjunción por la “y”.

Ambos problemas, la escasez de recursos públicos para afrontar los egresos ídem y los cíclicos rebrotes de violencia letal, no pueden atribuirse al flamante gobierno, pero la forma de afrontarlos traza un parteaguas con el anterior.

Sequía

“La caja estaba vacía, los recursos no estaban”, dijo esta semana Perotti sobre la situación en la que encontró las cuentas públicas cuando asumió. Los efectos de ese estado de cosas se reflejaron en el cronograma de pago de salarios al sector público que diagramó el gobierno, que se extenderá hasta mediados de enero.

Lógicamente, el estiramiento de plazos provocó las quejas y las movilizaciones de gremios de empleados públicos.

El Frente Progresista salió a explicar, entonces, que durante su gestión se pagaba la cláusula gatillo y los sueldos al día. El asunto sirvió para revelar al costo al que eso se hacía: “Uno es consciente y no quiere empezar no pagando los sueldos en tiempo y forma, pero la alternativa era recurrir al mecanismo de descubierto bancario, y consideramos que ningún santafesino debe que pagar una tasa obscena del 70 por ciento”, retrucó el gobernador.
Señaló que comparando el primer trimestre de 2019 con igual período de 2018, Santa Fe es “la provincia que peores números tiene a nivel nacional cuando se compara la relación entre ingresos y lo que se gastó”. Cuidar los recursos públicos, ¿es de derecha?

Perotti sostuvo que “con herramientas va a ser manejable” la situación fiscal, “pero hoy no las tenemos”. “La deuda hubiese sido manejable si teníamos un presupuesto propio, o si pudiéramos contar con herramientas como las leyes que mandamos a la Legislatura, pero no”, agregó.

En los últimos días del año pasado, el Frente Progresista dio sus votos a la reforma impositiva progresiva que impulsó el gobierno del Frente de Todos pero obstruyó la sanción de la declaración de emergencia en ocho materias que propició la Casa Gris.

Esta semana la ministra de Infraestructura, Servicios Público y Hábitat, Silvina Frana, puso blanco sobre negro lo que se aludía en términos generales. Sólo en su cartera, se encontró con 8 mil millones de pesos de deuda.
La funcionaria explicó que “la situación de deuda del ministerio es producto no solamente de aquellos certificados de obras u obligaciones que vencieron en diciembre, sino que nos hemos encontrado con acreencias impagas desde el mes de junio o julio en adelante”.

El Frente Progresista salió al cruce al día siguiente con una conferencia de prensa encabezada por el ex ministro de Gobierno, Pablo Farías, quien explicó que endeudarse para pagar sueldos es bueno y ordenar las cuentas huele a neoliberal.

“Santa Fe es una provincia solvente, con una buena situación económica, y lo que en realidad se está buscando es un discurso de déficit cero, que viene de fracasar en los últimos cuatro años a nivel país”, sostuvo Farías, emparentando al Frente de Todos con Juntos por el Cambio, con el que el ex gobernador Miguel Lifschitz tejió un acercamiento que se deshilvanó cuando Antonio Bonfatti lo supo.

“Durante nuestra gestión –siguió Farías- trabajamos para no ajustar a cualquier precio”, y a modo de ejemplo recordó que siempre se pagó en tiempo y forma a los agentes públicos con cláusula gatillo. Omitió precisar el costo financiero que eso tuvo para el conjunto de los santafesinos.

Sangría

En medio del recrudecimiento de la violencia letal en Rosario –doce homicidios en los primeros nueve días del año–, Lifschitz publicitó su decisión de presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que pedir que cite a declarar al ministro de Seguridad, Marcelo Saín, por sus dichos acerca de que del ataque al domicilio particular del gobernador, en Rafaela, participaron –o fue azuzado por– militantes del Partido Socialista.
El árbol que plantó el presidente de la Cámara de Diputados no permitió, sin embargo, ocultar el bosque sin podar que dejó la gestión de seguridad.

El propio Saín brindó detalles de ese ramaje incoherente que creció en los últimos años en la fuerza de seguridad y que procura emprolijar mediante una planificada escamonda.

“Estamos haciendo una análisis de las razones que están atrás de estos homicidios”, explicó el miércoles al presentar el Observatorio de Seguridad Pública.

Agregó algo que debería ser una obviedad: “Si no se conocen bien las razones es muy difícil establecer políticas para intervenir en ello”.

El ministro dijo que “la Policía es un factor fundamental y su presencia en la calle es fundamental, pero tiene que ser planificada”. Otra obviedad si no fuera porque su contraste con la realidad heredada le quita ese atributo de evidencia.

“Nosotros encontramos que en Santa Fe la policía sale a hacer patrullaje al tun tun, no hay mapeo criminal, lo que hacen es cuadrantes y patrulleros andando por ahí”, precisó.

Y agregó que “el patrullamiento masivo, como si fuera a caballos en el siglo XIX, no sirve”.

Además, Saín dijo que “encontramos una policía corta, con poca presencia en la calle, con muchos recursos destinados a tareas no operacionales, administrativas”. Detalló que de los 21 mil agentes policiales que posee la provincia sólo “12 mil y pico están abocados a tareas de prevención delictiva”, que divididos en los cuatro cuartos policiales significa un promedio de 2.900 uniformados y uniformadas para todo el territorio provincial.
“Sin mapeo criminal”, agravó el ministro. “Esto es lo que heredamos”, completó.

El titular de la cartera de Seguridad aceptó que “cuando la gente dice que no ve presencia policial en la calle, tiene razón” y dijo que “esto lo tenemos que resolver entre todos” ya que “no es una crítica al gobierno anterior, también con ellos (hay que buscar soluciones), si abandonan la idea de que nos dejaron la Policía de Noruega”. Mejor ir a la Justicia para que un funcionario ratifique o rectifique declaraciones periodísticas de ocasión.

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