El 52 por ciento de las mujeres policías dice haber sufrido distintos tipos de violencia al integrar una fuerza con “una cultura institucional fuertemente machista y sexista”. Trabas para ascender, exámenes de embarazos discriminatorios, cupos de ingreso.

La situación de las mujeres en la Policía de Santa Fe no es, al menos a grandes rasgos, estructuralmente distinta a la de las que realizan otras tareas remuneradas. Es decir, padecen segregación por cuestiones de género, enfrentan escollos que los hombres no poseen para ascender en el escalafón, invierten parte de sus ingresos en cuidadores para sus niñas y niños, son jefas de familia y responsables de tareas domésticas, el cursado de un embarazo las puede dejar afuera del ingreso a la fuerza de forma discriminatoria. Más de la mitad dice haber sufrido violencia en el trabajo por su condición de género, el 69 por ciento de esos casos por su superior jerárquico. Lo que suma abuso de poder.  

Un preinforme sobre “Igualdad de género y situación laboral de las mujeres en la Policía”, elaborado por la recientemente creada Subsecretaría de Bienestar Policial y Género da cuenta de la situación en la fuerza provincial.

De los poco más de 21 mil efectivos que integran la Policía de Santa Fe, el 35 por ciento son mujeres, según los datos del censo policial de 2016, el último disponible.

Esa proporción se mantiene en la mayoría de las reparticiones, con excepción de la Policía Comunitaria y el Departamento de Operaciones Especiales, donde el guarismo de mujeres en relación al total de efectivos es mayor que el de los varones.

Pero cuando se analiza la escala jerárquica, se observa el resultado de una “cultura institución fuertemente machista y sexista”, como plantea el documento entregado por el Ministerio de Seguridad esta semana a un grupo de legisladores.

“Así, mientras que en el escalafón de Sub-oficial las mujeres representan el 43,8 por ciento del personal de ese grado, en el grado de Oficial representan el 30,7 por ciento, en el grado de Sub-inspector el 18,9, en el grado de Subcomisario representan sólo el 2,9 por ciento, en el de Comisario el 1,2”, grafica el preinforme.

“En tanto que –amplía– en los restantes cargos jerárquicos – Comisario Superior, Inspector, SubDirector, Director, Director General- no alcanzan el 1 por ciento”.

No es la ley que regula los ascensos la que impide el acceso de las mujeres a cargos jerárquicos de mayor responsabilidad, sino la cultura machista.

“Esto refleja que más allá de la apertura y crecimiento de la participación de las mujeres en la institución policial en los últimos años, así como la ausencia de elementos normativos que impidan su ascenso en la carrera policial, existen elementos propios de la cultura institucional que bloquean el desarrollo de dicha carrera para las mujeres sobre los que habrá que intervenir activamente”, señala la Subsecretaría.

Un cupo embarazoso

Un ejemplo de eso es “la solicitud del examen Subunidad Beta (utilizado para confirmar un embarazo en curso) al momento del ingreso en el ISEP (la escuela de Policía) o para la habilitación requerida para la realización de los cursos una vez aprobado el ingreso, constituye un acto discriminatorio en tanto habilita la exclusión u obstaculizan el desarrollo de la carrera policial de las mujeres por causa del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”.

La ley del personal policial no establece cupos por género para el ingreso a la fuerza. Sin embargo, los datos del ingreso 2014 y 2015 reflejan que la convocatoria se realizó en una proporción de 70 por ciento varones y 30 mujeres, “sin fundamentos que expliciten las razones de esa limitación e incluso cuando el número de postulantes mujeres supera al de los aspirantes varones (de los datos de la convocatoria para el ISEP 2020-2021 surge que se postularon 6.392 mujeres y 4.228 varones)”.

Otro problema detectado por el análisis de datos de la Subsecretaría es el de “las responsabilidades parentales y de cuidado” que enfrentan los mujeres policías. El 52,4 por ciento de las mujeres policías son responsables únicas de sus hogares, por lo que necesariamente deben compatibilizar sus responsabilidades y tareas laborales con el mantenimiento del cuidado diario de sus familias, señala el trabajo, por lo que deben “destinar buena parte de su salario al pago de cuidadorxs que puedan estar con sus hijxs durante su horario laboral”, abunda.

Violencias

La Policía no produce datos sobre violencia laboral y de género, ni lo hace otra agencia del Estado. Para medir esas situaciones invisibilizadas y ocultas, el preinforme acudió a un trabajo realizado el año pasado por la “Red de Mujeres Policías, Penitenciarias y del Iapip (Servicio Penitenciario)”.  

“De acuerdo a este relevamiento el 52,8 por ciento de las entrevistadas manifestó haber vivido situaciones de violencia de género en el trabajo, en tanto que el 25,8 por ciento manifestó haber sufrido violencia en más de una oportunidad”, señala.

Además, “respecto de los tipos de violencia sufridas el 56 por ciento refirió violencia psicológica, el 25,8 violencia simbólica, el 8,1 sexual, el 5,6 violencia física y el 4,4 por ciento violencia económica o patrimonial”.

Según ese trabajo, que no es oficial, “en el 69 por ciento de los casos la violencia fue ejercida por un superior jerárquico”. Y, lo que es tanto o más preocupante, “el 85,9 por ciento de los casos no tuvo ningún tipo de resolución”, de acuerdo al relevamiento de la Red.

Frente a ese panorama, la Subsecretaría de Bienestar Policial y Género propone una serie de líneas de trabajos. Entre ellas se destacan la “creación de espacios de participación democrática dentro de la institución policial para la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs policiales”, así como la “implementación de un Protocolo de Atención para casos de violencia de género en la policía” y el “establecimiento de dispositivos de acompañamiento adecuados para un abordaje integral de estas situaciones”.

Además, buscará la “adecuación normativa para el ingreso, permanencia y progreso de las mujeres en la institución policial” y las modificaciones normativas que contemplen “los derechos de las personas LGBT en la policía”.

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