Las masacres sistemáticas e impunes contra militantes sociales continúan en Colombia. En los primeros 44 días de 2020, 44 activistas fueron asesinados.

Los últimos casos fueron los crímenes de Luis Alberto Parra Lozada, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC), y su hijo Jader Alberto Parra, quien era coordinador del Comité de Obras de la JAC de la vereda Villa Fátima en la inspección de Galilea, en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Fuerzas de seguridad ejercen violencia institucional con total impunidad. Y a esto se suma al accionar de bandas armadas, narcotraficantes y grupos parapoliciales y paramilitares.

De manera extraoficial se conoció que los cuerpos fueron hallados en una zona bastante lejana, razón por lo que las tropas no lograron llegar hasta el lugar.

Según informó el sitio digital de Colombia RCN Radio, el hallazgo fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, quienes hicieron presencia en el lugar, corroborando que los cuerpos encontrados corresponden a los líderes.

Las víctimas fueron sacadas de su vivienda, de manera forzada, el pasado lunes 10 de febrero, por un grupo de personas armadas. Dejaron a la esposa y a la madre de los directivos comunales atados, y se marcharon con rumbo desconocido.

Según sitio digital de Colombia RCN Radio, los soldados continúan custodiando en la zona, y garantizando que la Policía Nacional y la Fiscalía realicen las investigaciones necesarias para determinar cuáles fueron las causas de la muerte de estas dos personas.

La Red de Derechos Humanos denunció que desde septiembre llegó un nuevo actor armado ilegal autodenominado “Mafia Sinaloa”, que entró en disputa territorial armada en contra del autodenominado “Frente Carolina Ramírez”.

En el municipio de Puerto Asís, Putumayo, se realizó el Consejo Departamental de Paz Ampliado, en el cual se puso en conocimiento la desaparición de los líderes.

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