El pasado 10 de febrero la empresa agroexportadora santafesina Vicentín presentó finalmente la convocatoria de acreedores. La causa recayó en el Juzgado de Primera Instancia del distrito N°4 en lo Civil y Comercial de Reconquista, una de las ciudades que vio nacer al grupo empresario y donde aún conserva una mayor influencia. Por esa razón, una parte de los damnificados solicitó que el trámite judicial se lleve adelante en Rosario.

Vicentín intentó esquivar el concurso de acreedores desde el momento mismo en que declaró públicamente su estado de “estrés financiero” y confiaba en alcanzar un acuerdo para aplicar un plan de pago en etapas. La estrategia tenía como objetivo central conseguir una quita en el monto de la deuda por más de 18.300 millones de pesos que tiene con el banco Nación.

Además, había propuesto un esquema de pagos de hasta ocho años para los acreedores del sector granario a partir de un desembolso inicial del 20%. Los que continuaran con la provisión de cereales serían beneficiados con una contracción de los plazos a seis años. La respuesta de los acreedores fue negativa y algunos pidieron el embargo de bienes y la declaración de quiebra.

Durante las primeras semanas del año se conocieron versiones de compra por parte de tres empresas, pero no se llegó a un acuerdo sobre el valor de la operación. Con la presentación del concurso, es la Justica la que evaluará la viabilidad de una venta de activos y le pondrá precio.

Guardati Torti es la primera corredora de granos afectada por la estela de Vicentín y a principios de mes entró en default. Pero el gran riesgo que rodea a la situación está vinculado a los efectos que el desplome podría ocasionar sobre los productores, acopiadores y otros pequeños y medianos actores de la economía regional.

La situación de “estrés financiero” se generó a partir de un mecanismo en el cual los productores, acopiadores, cooperativas y corredores le entregaban la mercadería a Vicentín, que la procesaba y exportaba como subproducto. Los clientes tenían la opción de fijar el precio a futuro y recibir el cobro cuando necesitaran liquidar, evitando los gastos y riesgos del almacenamiento. Mientras tanto, Vicentín reinvertía el dinero ingresado por las ventas al exterior.

Tras las elecciones primarias de agosto, la brutal devaluación dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri y el incremento de los insumos dolarizados, una masa de productores buscó cobrar las cosechas de dos o tres años previos. Sin embargo, la empresa no era capaz de cubrir esa demanda y más de 1.400 millones de dólares quedaron perdidos en el vacío.

La falta de regulaciones y la arbitrariedad especulativa que va atada a la producción agropecuaria, ponen de relieve una franja de la economía con enormes opacidades que, a su vez, tienen una altísima implicancia en la vida cotidiana de la región. El peligro de una caída descontrolada de Vicentín muestra a las claras el nivel de informalidad sobre el que se sostiene la gran producción: según cálculos extraoficiales, alrededor de un 40% de lo despachado por Vicentín carecía de registro fiscal. Ese total representaría casi 400 mil millones de dólares que se suman a los 1.400 en blanco, plantea el periodista Fabricio Navone.

El alto nivel de actividades en negro que existen en el sector agropecuario impide que muchos de los damnificados puedan presentar acciones judiciales contra la empresa, dado que iniciar el proceso de registro de mercadería y blanqueamiento de las operaciones les resulta más costoso que la espera indefinida de un potencial cobro.

Investigaciones extranjeras

En las últimas horas se conoció que el estudio Moyano y Asociados, con oficinas en Buenos Aires, Asunción y Miami, está investigando posibles maniobras de evasión impositiva y lavado de activos a través de paraísos fiscales por parte de Vicentín. El equipo de letrados fue contratado por los acreedores extranjeros de la firma santafesina y, de acuerdo a declaraciones realizadas ante el periodista Santiago O’Donnell, se encuentran determinando “la factibilidad de iniciar acciones judiciales contra esta sociedad o el grupo económico en el exterior, sabiendo de antemano que en la Argentina todo reclamo será prácticamente inviable”.

Desde el estudio Moyano explicaron que el principal deudor es una sociedad que integra un grupo económico compuesto por Molinos Agro S.A., VFG Inversiones y Actividades Especiales S.A., Molinos Overseas Commodities S.A., Vicentín S.A. Sucursal Uruguay, Vicentín Paraguay S.A. y Renova S.A., entre otras sociedades. Los accionistas de Renova S.A. son Vicentín Paraguay S.A. y Oleaginosa Moreno Hermanos S.A., perteneciente a Glencore Grain Hamilton Ltd., una sociedad offshore cuya sede se encuentra en Bermudas.

“Las grandes operaciones de exportación se hacían, y aun hoy se hacen, con sociedades vinculadas como Renova SA y Vicentin Paraguay SA. En el caso de Vicentin Paraguay, maneja el 15 por ciento de la exportación total sojera de Paraguay, y en el año 2018 exportó 652.700 toneladas, que vendió a cerca de 200 millones de dólares”, detalló el abogado al diario Página 12.

Moyano especifica que Vicentín Paraguay S.A. no figura entre los 500 mayores contribuyentes de Paraguay, y como empresa sojera no paga impuestos sobre exportaciones ni el IVA de los productos vendidos. Únicamente está alcanzada por el impuesto a la renta. La empresa no posee activos en el país vecino, a pesar de ser el segundo exportador. Al mismo tiempo, Argentina es el principal comprado de la soja paraguaya, que en un 65% llega como granos para abastecer a molinos y procesadoras que los elaboran y vuelven a exportar.

“Estamos investigando el perfil bancario de Vicentin Paraguay para ver si coincide con el nivel de facturación. Ya sabemos que su nivel tributario no coincide”, apunta el letrado, quién aduce que se investigará si existió o no una maniobra de vaciamiento de Vicentín SAIC para eludir el pago de los créditos bancarios a través de la triangulación con Bermudas y Paraguay.

El final de los impunes

El viernes 14 de febrero el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al expresidente del banco Nación Javier González Fraga por las irregularidades en el otorgamiento de los millonarios créditos a la empresa. En la misma causa quedaron implicados los referentes de la firma Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, presidente de la Terminal Portuaria Rosario.

En su dictamen, Pollicita aclaró que su decisión no excluye a que en el futuro la acusación pueda extenderse a otros ex funcionarios nacionales, del Banco Nación y directivos del grupo Vicentín. La investigación está a cargo del juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal pidió medidas de prueba.

La caída en desgracia de la empresa es, también, la sumersión en lo profundo de Gustavo Nardelli, quien en 2018 había sido propuesto como candidato a gobernador de Santa Fe por parte del exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, un visitante frecuente del territorio provincial durante la gestión de Mauricio Macri.

Los vínculos entre Vicentín y el anterior gobierno fueron descriptos en anteriores publicaciones e incluyen no solo suculentos aportes de campaña, sino tareas de lobby para conseguir subsidios en beneficio de empresas pertenecientes al grupo familiar del expresidente.

Nardelli era una pieza que apelaba al “factor sorpresa” en el armado santafesino de Cambiemos y constituía la opción para enfrentar el liderazgo del ascendente Federico Angelini, con un origen más “político” que era menospreciado por un sector del partido gobernante a nivel nacional. Desde la Fundación Libertad se agitaba la necesidad de encontrar un referente con conocimiento del mundo empresarial y Nardelli emergía como una figura prominente. Su vida como candidato no prosperó y se fue apagando a medida que las mediciones no daban y las internas con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica iban mellando la alianza.

A fines del 2018, el otro nombre fuerte del grupo económico, Alberto Padoán, había quedado involucrado en la causa de los cuadernos. Por ese motivo, debió tomarse licencia en su cargo de la Bolsa de Comercio. Finalmente, se reintegró a sus funciones a principios del año pasado luego de que la Cámara Penal Federal de Buenos Aires dictara su falta de mérito.

Las complicaciones judiciales ahora vuelven a abordarlos en relación al mecanismo de endeudamiento que llevaron adelante desde la empresa agroexportadora y que puso en vilo a toda la economía de la región.

Recientemente, otro de los empresarios ligados al anterior gobierno y emblema de la “modernización” frustrada del macrismo, Marcos Galperín, anunció que dejará su cargo como CEO de Mercado Libre y se mudará al Uruguay esquivando la denuncia por uso de información privilegiada al vender sus tenencias de Lecaps días antes del reperfilamiento dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.

Las andanzas de los muchachos del macrismo comienzan a perder brillo y ganarse complicaciones tras la pérdida del poder político. Todo tiene un final, aún para los que pensaban estar bien cómodos sentados en la cúspide social.

Colaborá con el sostenimiento de Redacción Rosario y El Eslabón por 300 pesos por mes y recibí nuestra info destacada todos los días y nuestro semanario cada sábado en tu casa.
Suscribite en este enlace: Redacción Rosario + El Eslabón.

Más notas relacionadas
  • La construcción del personaje

    Un día Santa Fe despertó y entendió, por fin, su desorden. El principio ordenador de la po
  • La canción del Elegido

    ¿Por qué todo este dolor que parece será infinito? ¿Cómo es que todo un pueblo llora porqu
  • Licitar hasta vencer

    El gobierno busca fondos para enfrentar el asedio financiero al que viene siendo sometido.
Más por Lucas Paulinovich
Más en Política

Dejá un comentario

Sugerencia

¿Quién amenazó a Di María?

La Policía Federal detuvo a una pareja de jóvenes y a otro hombre como los autores materia