Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

Se acumularon 18 asesinatos en 21 días de febrero en Rosario. Son cuarenta los crímenes en los cincuenta días que transcurrieron del año. El ministro de Seguridad provincial dice que “en el 2013 hubo la misma frecuencia criminal” que se observa este verano. “Esto es habitual hacia fin de año y en los meses de enero y febrero. Es algo bastante estacional en esta época del año”, completa. La lógica de algunos medios de comunicación es impiadosa: destacan lo “estacional” como una boutade, como el efecto de la administración de un placebo a un enfermo terminal. Las estadísticas oficiales revelan que Marcelo Saín no está equivocado: los dos primeros meses del año suelen ser los que registran mayor cantidad de homicidios dolosos, al menos en los últimos siete años, aunque hay curvas ascendentes y descendentes. La dificultad que ofrece una respuesta estatal adecuada al asunto no es tanto cuantitativa como de calidad de las políticas que se apliquen. No puede obviarse, además, que hay interesados en la caída del ministro que inició su gestión separando a unos 70 jerarcas policiales y que, antes de asumir su cargo, produjo desde el Organismo de Investigaciones (OI) la pesquisa que llevó a la imputación de cuatro jefes de la fuerza de seguridad por su presunta vinculación con el último gran jugador del mercado narco que queda en pie: Esteban Lindero Alvarado.

Suben y bajan

“Cayeron un 62 por ciento los homicidios en Rosario durante febrero”, podría ser un título posible si se compararan los 29 casos de asesinatos intencionales del segundo mes de 2014 con los 18 reportados, a esta altura del mes, este año.

“Los crímenes aumentaron un 80 por ciento en Rosario”, también sería justificable estadísticamente, si la comparación se hiciese entre los datos de este mes con los 10 homicidios reportados en febrero de 2017, el registro más bajo de los últimos siete años.

Los registros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que cada año publica un informe sobre homicidios, indican que en febrero de 2014 se registraron 29 asesinatos.

En 2015 el número descendió a 23 homicidios en el departamento Rosario; en 2016 fueron 16 los contabilizados el mismo mes; en 2017 se registró la cifra más baja con 10 casos; en 2018 saltó a 15. El último febrero fue el más tranquilo en esa materia: 9 casos en el departamento.

Algo similar ocurre con el primer mes del año. De acuerdo a las estadísticas que difunde el MPA, en los últimos ocho años se registraron en promedio 21,5 homicidios en el departamento Rosario durante el mes de enero.

Los informes señalan que en enero de 2013 hubo 22 asesinatos; en 2014 y 2015 se registraron 28; bajó a 18 casos en 2016 y 2017; trepó a 21 homicidios en el primer mes de 2018 y cayó a 13 hechos el año pasado. Es decir que en los últimos ocho años sólo hubo dos en los que se registraron menos homicidios durante enero en Rosario que los de 2020.

Las mismas estadísticas muestran que con excepción de 2019, cuando el número de víctimas letales se redujo notablemente, en los últimos cuatro años enero se ubica entre los meses con mayor cantidad de homicidios, que se mantienen en el 10 por ciento del total de cada año, mientras diciembre y marzo suelen ser los que lideran el ranking.

Es decir que la estacionalidad que marcó el ministro de Seguridad esta semana es demostrable en las estadísticas oficiales sobre crímenes. Lo cual, por cierto, sirve más para observar que no se trata de un fenómeno novedoso que para proveer tranquilidad.

Los datos públicos también revelan que, al menos durante el último enero, la mitad de los homicidios tenía como posible causa la venganza entre grupos dedicados al narcomenudeo que emplean la violencia altamente lesiva como modo de arbitrar sus diferencias por porciones de un mercado tan riesgoso como redituable.

Otra porción no desdeñable obedece a la categoría de “conflictos interpersonales” –que puede sonar chistoso, porque si alguien decide matar a otra persona se presupone que existe un conflicto con ella-, que refiere a broncas resueltas mediante el uso de violencia letal que no están mediadas por la pertenencia al crimen organizado.

Como marcó el propio ministro, no existe una interpretación acerca de las causas de esa intensificación de los crímenes en determinados meses del año. “Nunca hubo una explicación del gobierno anterior. No hemos tenido tiempo ni hemos podido estudiar por qué se aceleran este conjunto de eventos hacia fin de año y hacia enero y febrero”, dijo Saín.

La espectacularidad

Que las bandas vinculadas al negocio narco disputan ese mercado ilegal a balazos tampoco constituye una novedad. Ni en Rosario ni en ninguna de las ciudades donde la demanda de drogas de uso prohibido crece y fortalece el comercio, indisolublemente asociado a la violencia en el eslabón más bajo de la cadena: soldaditos, bunkeros, jefes zonales.

Comercio regulado, además, por miembros de las fuerzas de seguridad corrompidos por el poder económico del tráfico y la venta de drogas. Y con complicidades judiciales y políticas, menos demostrables que la de los canas proveedores de pactos de impunidad siempre inestables.

Sin embargo, tanto el triple crimen de Empalme Graneros como la cuantiosa balacera al hijo de la titular del PJ de Villa Gobernador Gálvez –que no fue asesinado por su relación de descendiente de su progenitora- poseen elementos propios que dotan de espectacularidad a ambos casos.

La muerte de una pareja joven y de su beba de un año; los treinta y pico de agujeros en el cuerpo de un hombre que escapaba en su auto, emparentan el relato de los casos a las tramas narco de los guionistas de las series producidas por Netflix.

Le suben el precio a la noticia, que deja su habitual espacio doméstico para ascender al de los medios nacionales. La señal de cable TN envió un corresponsal por el asesinato de Martín Sebastián Berton, el hijo de Mónica Cabrera, la secretaria general del PJ de Villa Gobernador Gálvez.

La mujer dio dos entrevistas al canal del Grupo Clarín –entre otras- en las que cuestionó al ministro Saín por el esclarecimiento de los casos que, dijo, suelen reducirse a “ajustes de cuenta”.

“No tenía prontuario, no tenía antecedentes, ¿por qué consideran que mi hijo podía ser un maleante? Que me lo demuestren», sostuvo Cabrera, quien se hallaba acompañada por su otro hijo, llamado Diego, hermano del fallecido.

Diego explicó que su familia es “gente de trabajo” que no usa armas. Según pudo saber El Eslabón, en 2018 Diego Berton denunció que le habían baleado el frente de la casa y en aquella oportunidad, al ser consultado por la Policía, dijo que se trataba de un problema con su cuñado, apodado «Correntino», y agregó que el que «andaba armado es mi hermano», por el fallecido Martín.

Los investigadores policiales aseguraron que el fallecido Berton “era un pesado” y tenía presuntos vínculos con la comercialización de estupefacientes, aunque no poseía causa federal por ese delito.

Tenía antecedentes por amenazas, abuso de armas, resistencia a la autoridad, portación de armas y prohibición de acercamiento a su ex pareja, a quien en 2018 intentó quemarle la vivienda.

Nada de eso justifica el crimen –cuyo autor o autores deben ser perseguidos penalmente-, sólo brindan una aproximación a una posible explicación de la saña empleada.

Algo similar ocurrió con el triple crimen de Empalme, en el que fueron asesinados en una moto Cristofer Albornoz, su pareja Joana Corbalán y la beba de ambos de un año en Génova y Cabal la noche del domingo 16.

La relación familiar de Cristofer con Miguel Ángel Albornoz, alias “Caracú”, operó como posible explicación de los asesinatos.

El hombre de 72 años cumple prisión domiciliaria en una causa por narcotráfico. Había estado involucrado en otra, en la que recibió falta de mérito. La Policía lo señala como uno de los primeros cocineros de cocaína en Rosario junto a Roberto Del Valle Padilla, conocido como “El Tuero Boli”, asesinado en una esquina de Fisherton en 2012.

No hay detenidos por el triple crimen como tampoco por el homicidio de Berton. Oficialmente, la Policía los cataloga bajo el rótulo de “se investiga”, aunque fuentes de la fuerza de seguridad adjudican ambos casos a internas y venganzas narco.

Las brujas no existen

De los 40 homicidios ocurridos en el año, al menos 15 están referenciados oficialmente como motivados en el “narcotráfico”; hay varios más que se inscriben en la misma categoría pero por ahora bajo la modalidad de sospecha.

Sin embargo, no todos provocaron la misma atención de los medios de comunicación ni de la ciudadanía. Por lo general, los ajustes de cuentas son digeridos por los sectores medios de la población –aquellos con una capacidad de enojo que genera preocupación a la política- bajo la interpretación “se matan entre ellos”.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes varones de sectores populares, poseen las cualidades necesarias para ingresar a la categoría de “matables”, es decir, la de muertos socialmente “aceptables” porque se la buscaron. Por eso no suscitan movilizaciones ciudadanas para reclamar contra la “inseguridad”.

El acento mediático que tilda entonces la “ola de homicidios” en Rosario es interpretado, en el Ministerio de Seguridad santafesino, como parte de una operación en procura de desplazar a su principal ocupante.

Una de las primeras medidas adoptadas por Saín consistió en el desplazamiento de 70 altos jefes de la Policía de Santa Fe por su desempeño presuntamente reñido con las normas que deben observar. El crecimiento del comercio de drogas, además de por la demanda, se explica a través de la complicidad policial rentada. El fenómeno de los búnkeres –construcciones a la luz de todos en los que se venden estupefacientes al menudeo- es un ejemplo de la connivencia.

Además, el ahora ministro es en buena medida responsable, cuando era jefe del Organismo de Investigaciones del MPA, de la investigación que reveló la trama empresarial de blanqueo de dinero de origen presuntamente ilícito de Lindor Alvarado, el jefe de un grupo criminal ligado al narcotráfico que creció a la sombra de la protección policial.

Mientras se producía la caída de Los Monos (familia Cantero), el asesinato de Luis Medina y las detenciones de otros jugadores más o menos importantes del tablero narco de Rosario, Alvarado construía su poder desde la cárcel donde cumplía condena por robo de autos.

Su caída arrastró también la de un grupo de jefes policiales imputados a fines del año pasado por su supuesta ligazón con “El Esteban”.

La decisión oficial de quebrar el pacto entre mafias y Estado, pronunciada por el gobernador Omar Perotti en su discurso de asunción, produce efectos en quienes resultan afectados por la modificación de ese status quo. Y no se quedan quietos haciendo pucherito.

¿Por qué Rosario?

Los datos oficiales sobre homicidios no sólo convalidan los dichos del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, acerca de la “estacionalidad” veraniega de los crímenes, sino que revelan que el departamento La Capital (Gran Santa Fe) posee una tasa de homicidios cada cien mil habitantes –como se miden internacionalmente los asesinatos intencionales- que desde hace años supera a la del departamento Rosario.

En 2014 la tasa de homicidios fue del 27,9 en Santa Fe y del 20,4 en Rosario. Al año siguiente fue de 20,2 en La Capital y del 18,6 en el Gran Rosario; en 2016 22,9 contra 14,3; en 2017 de 14,4 contra 12,9; en 2019 alcanzó el guarismo más parejo con 16,4 homicidios cada cien mil habitantes en La Capital contra 16 en el departamento Rosario.

El año pasado la tasa llegó al 17,6 en La Capital, cuatro puntos y medio más que los 13,1 de la ciudad que alberga el Monumento Nacional a la Bandera.

Si sólo nos informáramos por las noticias, podría asegurarse que el mayor problema en materia de homicidios radica en Rosario.

 

Fuente: El Eslabón

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