El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para reformar el régimen de jubilaciones de jueces y diplomáticos comienza su periplo parlamentario.
El proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos comenzará a ser tratado este miércoles en la Camára de Diputados en un plenario de comisiones en el marco de las amenazas que formuló el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, al indicar que “entre 100 y 150 jueces renunciarían de aprobarse esta ley”.
La reunión de la comisión de Presupuesto será encabezada por Marcelo Cassareto está prevista para las 14 horas. Fueron convocados para exponer sobre la iniciativa distintos representes de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación.
Además, está previsto que realicen presentaciones el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli.
En las últimas horas, un frente crítico al proyecto que ingresó a la cámara baja el 14 de febrero encabezado por Lugones salió a manifestarse públicamente advirtiendo sobre la posibilidad de una renuncia masiva de jueces en caso de aprobarse la iniciativa. En ese sentido, el camarista de San Martín señaló que la oleada de jubilaciones “generaría entre 380 y 430 vacantes” en el Poder Judicial. Actualmente suman 130 los pliegos que están en concurso en el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes.
Al respecto, Lugones detalló que “el Poder Judicial se quedaría con la mitad de los jueces activos para seguir cumpliendo sus tareas en los tribunales del país». En la actualidad, el total asciende a 960 magistrados.
Por su parte, el ministro Moroni respondió en declaraciones a la agencia Télam que «la realidad es que el de jueces y servicio exterior es un régimen que provoca un déficit enorme y requiere que el resto de la masa de aportantes pongan mucha plata».
A su vez, el funcionario explicó que se mantiene la tasa de sustitución del 82 por ciento y que lo único que el proyecto dispone es que «en lugar de calcular sobre el último haber se calcule sobre un aumento del promedio de los últimos diez años» de manera que tenga «más relación el promedio de los últimos 120 meses con el esfuerzo contributivo de cada uno».
El diputado del PRO, Pablo Tonelli, dijo a Télam que no puede aventurar una voz unánime sobre el texto debido a que «las posiciones son muy dispares» dentro del bloque que integra y destacó su iniciativa sobre jubilaciones de privilegio, diferente al del Poder Ejecutivo en «el modo de determinar el haber y la actualización».
El bloque oficialista tiene previsto aprobar el proyecto en una sesión el jueves al mediodía si este miércoles se consigue el dictamen en el plenario de comisiones. El Frente de Todos cuenta con un número suficiente en las comisiones para conseguir el dictamen de mayoría, a pesar que posteriormente debería lograrse el quórum para sesionar en el recinto si es que Juntos por el Cambio determine no facilitar esa herramienta.
El interbloque de lavagnistas y peronistas cordobeses, con sus 11 integrantes, adquiere una importancia fundamental para conseguir el quórum. Hasta el momento, no tenía definida su posición, aunque la idea mayoritaria es acompañar la iniciativa.
El gremio de judiciales que conduce Julio Piumato planea un paro y una protesta frente al Palacio de Justicia en rechazo de la reforma, a partir del mediodía del jueves, cuando la Cámara de Diputados comience el tratamiento del proyecto de ley.
