Fernández limitó las facultades de los servicios de inteligencia (AFI), para romper los lazos espurios con algunos jueces. También devuelve transparencia al manejo de fondos.

El gobierno nacional oficializó este jueves las modificaciones en el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y estableció que “ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.

A través del decreto 214 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández modificó de esta manera la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 que había establecido una “excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”.

Esa “excepción” se convirtió en regla para algunos juzgados federales –sobre todo los radicados en Comodoro Py-, que sólo guiaron sus investigaciones con la información suministrada por los miembros de la ex Side.

En los considerandos de la norma, se señala que “corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”.

La sombra de Mau

Según publicó la agencia de noticias Télam en la disposición Fernández indicó que tomó estas medidas después del DNU N°52/19, a través del cual se dispuso la “intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)” y la “derogación” del Decreto N° 656 del 6 de mayo de 2016”, por el cual el gobierno de Mauricio Macri había eliminado el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de ese organismo.

Para el Presidente, ese decreto de Macri “implicó un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional regido por la Ley N° 25.520 y, en especial, su modificatoria N° 27.126”.

En la medida, se indicó que la derogación del decreto firmado por Macri “tuvo por objeto promover avances respecto de la protección de derechos constitucionales y convencionales de los habitantes de la Nación, el resguardo del Estado de Derecho y el principio republicano de gobierno consagrados en la Constitución Nacional”.

Por eso, la nueva administración estableció que “ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.

Tampoco le estará permitido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

A la vez, ningún organismo de la AFI podrá “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

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