El ex jefe de delegación Santa Fe de la Policía Federal (PFA) y otros cinco miembros de la repartición constituyeron una asociación ilícita durante más de un año para poner en marcha un “mecanismo recaudatorio” al margen de sus salarios, conformado por el cobro de protección a narcos y por aprietes a los comercializadores de drogas a los que detenían, según un fallo judicial.
El juez federal de Santa Fe, Francisco Miño, procesó este miércoles por asociación ilícita al comisario Marcelo Lepwalts; al inspector Cristian Bogetti; al oficial Michael Arbildo; al agente Carlos Fernando Gómez Navarro; y a los cabos Lucas Bustos y Darío Duarte.
Cuatro de ellos, el jefe Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro fueron procesados el 30 de mayo pasado por falsedad ideológica de documento público, sustracción de pruebas, encubrimiento y desaparición de rastros del delito, incumplimiento de deberes y tenencia simple de estupefacientes. En aquella resolución, Duarte y Bustos fueron procesados por tenencia de estupefacientes.
Según la resolución del juez Miño, los policías “habrían tomado parte de una organización delictiva, liderada por Lepwalts en su condición de jefe, persiguiendo una finalidad recaudatoria al margen de sus ingresos salariales, mediante la comisión de delitos indeterminados durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 09 de mayo de 2019”.
“Dicho mecanismo recaudatorio –siguió Miño- habría tenido como objeto la obtención de dinero que era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo”. Y agregó: “Como así también de material estupefaciente que se resguardaba para comprometer judicialmente en futuros procedimientos a personas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, mediante interceptaciones de manera sorpresiva o durante la ejecución de medidas judiciales”.
Miño señaló que el sistema implementado en la delegación Santa Fe de la PFA incluía “el ofrecimiento de cobertura policial” a presuntos vendedores de drogas “a cambio de sumas de dinero periódicas”.
Cuando la Justicia allanó la delegación santafesina de la PFA, el año pasado, encontraron droga en una oficina que no había sido declarada al Poder Judicial; 42 mil pesos en efectivo que el jefe dijo que había retirado del banco para sus vacaciones pero luego no pudo justificar; y un cuaderno con anotaciones de presunto cobro de protección a “arbolitos” del mercado negro de venta de dólares.
“Puso 70”
Uno de los casos que investigó el fiscal del caso, Walter Rodríguez, fue la detención en abril de 2018 de un presunto narco, Guillermo Kernc, que habría pagado 120 mil pesos para recuperar uno de los dos teléfonos móviles que le secuestraron.
En una escucha telefónica, el policía Gómez Navarro le explica a su interlocutor: “Para que le devolvamos el celu, porque era prestamista, tenía todas las cuentas que tenía que cobrar, y citamos ahí en la costa, puso 70 más lo que había puesto 50 el otro día”.
La madre de Kernc, en diálogo con una mujer identificada en la causa como “Alejandra”, dice: “Lo agarraron con mucho, pero fraccionado, en 10, en 20, después los capuchones”. Pero en el acta de procedimiento, los policías registraron el secuestro de 81 gramos de cocaína.
Otra conversación mantenida por Kernc con “Alejandra” refirió “Quiero ver si puedo rescatar el teléfono chiquito porque tenía cosas, aparte ya hablé, conozco a uno ahí, viste, siempre yo tengo algún conocido y bueno, ahí me está acomodando un poco las cosas, pero me van a cobrar una plata”.
El juez también tuvo en cuenta en el procesamiento, al que accedió Redacción Rosario, una llamada telefónica de Kernc con su madre “en la que le contó que eran cuatro o cinco los policías con los que había arreglado para que le devuelvan el teléfono, los que además le ofrecieron que si les pagaba en forma mensual iba a poder trabajar tranquilo en la calle con la protección que ellos le brindarían”.
Bagallo
En el allanamiento la sede la PFA en Santa Fe, la Justicia secuestró varios envoltorios con marihuana y cocaína guardados en una habitación, que para los investigadores la banda policial usaba para “embagallar” –como se dice en la jerga a plantar drogas en forma ilegal en un procedimiento- y que conseguían en procedimientos oficiales en los que declaraban un secuestro menor de estupefacientes.
En escuchas al celular de Gómez Navarro el policía le dice a otra persona que un presunto narco al que amenazaron con allanar pagó “60” y le sacaron “8 y 3 de un gramo para bagallo”.
Según el fallo, el jefe Lepwalts tampoco pudo demostrar por qué tenía 42 mil pesos en efectivo en su oficina el día que la allanaron.
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