En medio de la crisis por el coronavirus, el gobierno priorizó la mesa (y la salud) de los argentinos por sobre los reclamos de la Mesa de Enlace. El nuevo esquema de retenciones a la agroexportación busca desacoplar precios internos de alimentos de los valores internacionales.

La suba de tres puntos porcentuales en las retenciones para grandes productores de soja y, a la vez, el congelamiento y la rebaja de la alícuota para medianos y pequeños productores de la oleaginosa y otras yerbas, muchos radicados en regiones alejadas de la Pampa Húmeda con cultivos no convencionales, mostró a un Estado con capacidad de intervención en la economía en favor de los sectores populares, de los eslabones más débiles de la cadena.

Los derechos de exportación son un instrumento de política económica que buscan diferenciar, entre otras, los precios domésticos de alimentos de los dolarizados importes internacionales. Las retenciones son importantes para la economía argentina, porque la canasta de exportación que tiene el país es la misma canasta de consumo interno de la población, con trigo, maíz, girasol, arroz, etcétera, como base alimenticia.

Si bien los precios en los supermercados están por las nubes, sin retenciones serían directamente prohibitivos para buena parte de la sociedad argentina. La producción agropecuaria en un país con una gran cantidad de superficie fértil y cultivable tiene características distintas a la producción industrial. Entonces, el Estado, con su mano visible, aparece en su rol de regulador.

Vuelta la burra a la soja

Grandes terratenientes y agroempresarios, en defensa de una renta extraordinaria –que si bien es afectada por la caída del 10 por ciento en el precio de la soja debido a la crisis del coronavirus sigue siendo voluminosa–, intentan mostrar a un gobierno nacional que supuestamente les confisca y les reduce márgenes de ganancia, con una medida que en el fondo persigue fines redistributivos.

El lockout de 96 horas que realizó la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias (CRA, SRA, Coninagro y FAA) en rechazo a la suba de las retenciones revivió el dicho “vuelta la burra al trigo”. O mejor, a la soja. Fue como un dejà vu, como una mala e insufrible remake de la resolución 125 de retenciones móviles. Pero hubo diferencias. En aquel momento el precio de la soja subía fuerte, Argentina y China crecían a tasas chinas y no se sabía de coronavirus.

A doce años de aquel conflicto, el nuevo “paro del campo” tuvo una magra cosecha, contagió a pocos, se sintió apenitas, la repercusión en los medios de comunicación quedó trillada por la alarma general desatada por la pandemia y las complicaciones locales e internacionales que ello representa. Se movió ganado en el mercado de Liniers, los camiones transportistas de cereal descargaron en los puertos del Gran Rosario casi con normalidad.

Ni siquiera tuvo la repercusión esperada en Expoagro, la muestra anual organizada por el grupo Clarín y el diario La Nación, grandes agitadores del lockout ruralista y del discurso bélico, análogo de 2008. Quizá por eso, hacia el final de la protesta, la Mesa de Enlace apenas se sacó una foto en Expoagro, bajó el copete y se mostró “dispuesta al diálogo” con el gobierno de Fernández&Fernández.

“Paro raro”, dijo el presidente de la Nación, y vinculó el lockout patronal del agro a una faena opositora, ya que la suba de las retenciones del 30 al 33 por ciento, contemplada en la reciente ley de emergencia económica que votó el Congreso, alcanza sólo a grandes jugadores del agronegocio, una poderosa minoría sojista (unos 15 mil productores, muchos seguidores de Cambiemos), al tiempo que beneficia al grueso de los cultivadores de la oleaginosa (unos 40 mil) por medio de la segmentación y la diferenciación por volumen productivo, un reclamo histórico del sector.

Emergencias

La soja no es el único commoditie afectado por la epidemia nacida en China, país asiático con un prolífico mercado para las agroexportaciones made in Argentina, hoy resquebrajado. El fuerte retroceso en el precio del petróleo fue como el derrumbe más estruendoso a nivel global entre los commodities. Los cimbronazos económicos y financieros por el coronavirus parecen propagarse con mayor celeridad que las graves consecuencias sanitarias de la pandemia. Al calor de la psicosis colectiva, la epidemia le pega de lleno a las economías y a los sistemas financieros mundiales.

El turismo y la caída de los activos bursátiles, entre otros efectos, también son alcanzados por el temido brote endémico. También la producción industrial local está sintiendo el impacto, ya que varios rubros, como el electrodoméstico, necesitan insumos provenientes del gigante asiático con barbijo, donde la actividad manufacturera se desplomó entre estornudos letales.

Con este delicado cuadro de situación, con emergencia sanitaria de por medio, las entidades del campo, no exentas de rebeliones internas de base ante una dirigencia desvariada, como el caso de la Federación Agraria o los cooperativistas de Coninagro, salieron a confrontar con un gobierno que si bien se abre al diálogo con todos los sectores prefiere prestar mayor atención a la mesa de los argentinos que a la Mesa de Enlace, y apela a la solidaridad para sacar al país de la recesión mientras intenta resolver el problemón de la deuda externa.

Entre tantos frentes abiertos, el gobierno está de punta con los formadores de precios, establishment empresarial alimenticio vinculado a la producción agropecuaria, que a través de remarcaciones “preventivas” se quiere quedar con los aumentos que recibieron asalariados, beneficiarios de asignaciones y jubilados.

Todes somos el campo

El complejo agropecuario conserva buenos márgenes de ganancia, más si se lo compara con las dificultades productivas, económicas y sociales que atraviesa el país de la abundancia, sobre todo después de la gestión Macri, que dejó al 40 por ciento de la población bajo la línea de pobreza y otros tantos con necesidades básicas insatisfechas, una industria a media máquina, una deuda externa impagable, una inflación galopante que, de apoco, empieza a mermar el tranco.

Los líderes de la PROtesta ruralista estaban más contentos con Macri y no lo disimulan, pese a que la mayoría de los productores se vio perjudicada por el neoliberalismo y el ajuste recesivo que gobernó entre 2015 y 2019, resistido por el conjunto de los trabajadores más no por los popes del campo.

Durante el gobierno de los CEOs primero las retenciones bajaron, provocando una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores más concentrados de la economía y una fulminante disparada inflacionaria. Pero después, el mismo gobierno subió las retenciones a la soja en contra de su naturaleza pro libre mercado y las entidades ruralistas recibieron la noticia sin chistar, en una coyuntura nacional atravesada por un feroz proceso de endeudamiento, condicionalidades del FMI y debacle económica.

El desarrollo tecnológico del campo y su poderío económico son dignos de valorar. Como también la intención del gobierno nacional de encarar una distribución progresiva del ingreso en materia impositiva, aunque resulte una quimera alcanzar mínimos consensos con los dueños de la tierra. El polo agroexportador de materias primas agrícolas, súper concentrado en un puñado de multinacionales (Cargill, ADM, Bunge, AGD, Vicentin, entre las más grandes), es generador de dólares. En síntesis, es un sector vital, pero no tanto para creerse “la Patria”.

Venimos de una cosecha de soja de más de 55 millones de toneladas, todo un récord. Al mismo tiempo, se aprecia una gran concentración en la producción agropecuaria, en la comercialización de granos y en la propiedad de la tierra. La burguesía agraria, señores feudales, es responsable de los desequilibrios productivos que impone el monocultivo de soja, de desequilibrios sociales por alta concentración y desequilibrios ambientales por el desmonte de bosques para ampliar fronteras sojeras y un modelo glifosato dependiente.

La mayoría de los pequeños y medianos productores agropecuarios sintió lejanos los reclamos planteados por los grandes jugadores del agronegocio. Las pymes agrarias ya liquidaron la cosecha pasada, es decir no tienen granos para vender, mientras esperan la nueva cosecha, donde la falta de lluvias reducirá rindes, sobre todo en lotes de soja de segunda. Según el Inta, con precipitaciones dispares en la zona sur de Santa Fe, se espera este año una campaña más diversa. No obstante, y según las zonas, se auguran buenos rendimientos en soja de primera.

En reconocimiento a todos los campos, el gobierno de Alberto Fernández intervino para que miles de productores de las denominadas economías regionales reciban beneficios y rebajas en retenciones. En rigor, la suba en los derechos de exportación para los ruralistas que producen más de mil toneladas anuales de soja tiene claros propósitos redistributivos hacia el interior agrario.

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