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La suba de 3 puntos en las retenciones a la soja sólo afecta al 25 por ciento de los productores. La guerrita gaucha sin plafón como en 2008. El debate sobre qué país queremos subyace al lock out agrario.

La discusión sobre el incremento en tres puntos de los derechos de exportación a los envíos al exterior de soja y sus derivados es más política que de otra índole. Queda claro cuando se analizan los datos al respecto que, entre otras cosas, reducen hasta casi invisibilizar que la misma resolución baja las retenciones a una docena de producciones de las llamadas “economías regionales”. Mientras que el porcentaje del “campo” afectado por la suba en soja alcanza sólo al 25 por ciento de los productores de esa oleaginosa.

El trasfondo de la discusión pública sobre el tema conlleva el debate, más profundo, sobre qué país queremos las y los argentinos y sus dirigencia políticas y sectoriales. Algo que no se ha podido saldar en más de un siglo. A la vez, las diferencias económicas y políticas de este 2020 con el añorado 2008 de la guerra contra la resolución 125, la pandemia de coronavirus que absorbe la mayor parte de la atención pública y la indisimulable participación de representantes de Cambiemos en las manifestaciones, provocaron que el lock out del agro por cuatro días transcurrieran casi desapercibido.

¿Qué país?

Uno de los dramas que se arrastran –por lo menos– desde la durísima puja política de 2008 por las retenciones a la soja, es la ideologización de los instrumentos de política económica. Eso son los derechos de exportación, conocidos como retenciones. Una herramienta que permite mejorar el desempeño fiscal del Estado y, al mismo tiempo, desacoplar los precios internacionales de las producciones primarias de los locales. Nada menos en un país que, como Argentina, consume buena parte de lo que produce.

Sin embargo, las retenciones quedaron fijadas en una parte del imaginario social como un “látigo” para disciplinar al agro, una herramienta “confiscatoria” de la rentabilidad de nuestros “gauchos”.

El decreto 230/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, incrementó en 3 puntos (llevando de 30 a 33 por ciento) los derechos de exportación a la soja y sus derivados, a la vez que incluyó la reducción de las retenciones para una decena de cultivos relacionados con las economías regionales. De eso casi ni se habla (ver abajo).

El decreto señala que “resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”.

Ese considerando pone en escena el debate político entre quienes –alentados por los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y con una larga tradición liberal previa– proponen un Estado pequeño, que reduzca la inversión social, que se desentienda de los que más sufren y menos tienen. (Hasta que crece la alarma por las consecuencias del Covid-19 y advierten que el Estado famélico, pequeño y desgarbado, no se banca un estornudo).

Esa mirada propone un sector público flaquito que no requiera de mayores recursos fiscal de las actividades más rentables, sino que procure “liberar las fuerzas productivas” como planteó al inicio de la última dictadura su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. O “sacarle el pie de encima a la producción”, como actualizó su continuador democrático Mauricio Macri. Y, por el otro lado, quienes proponen la intervención estatal en la economía como regulador de las desigualdades que produce el mercado.

Pocos pero poderosos

La asamblea de los Autoconvocados del agro –algo así como las bases que superestructuralmente representa la Mesa de Enlace– que se realizó el miércoles en San Nicolás, reunió a unas 300 personas. Lejos de las multitudes de 2008. Allí asistieron el ex ministro de Agroindustria de Cambiemos, Luis Etchevehere, y los diputados nacionales de ese espacio político, Lucila Lehmann y Héctor Toty Flores.

En una rueda de prensa, los Autoconvocados aclararon: “No somos golpistas ni enemigos del gobierno”. Y agregaron: “El campo elabora alimentos y los gobernantes, pobres”.

Una de las dificultades que enfrenta cualquier intento de gestión de cierta equidad es de orden cultural: nosotros producimos alimentos, ustedes pobres. En esa definición casi no hay lugar para la conmiseración con quienes sufren las consecuencias de la pobreza. Porque están convencidos que se la buscaron, que de algún modo la disfrutan, porque no hacen mérito individual para salir de ella.

Son calificados como vagos, planeros irreductibles y otras formas de segregación negativa que ubican a los sectores sociales subordinados en el lugar que la Historia les ha otorgado: al fondo.

De acuerdo al decreto que subió las retenciones a la soja y se las bajó a otras doce (12) producciones agrarias, el esquema consistirá en destinar una parte de la recaudación adicional a la compensación de tres de cada cuatro productores de la oleaginosa, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior.

Este beneficio, según datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2 por ciento del total. Los restantes 14.884 productores, con rindes por encima de las 1.000 toneladas, no recibirán compensación alguna.

Sin embargo, la cúpula de los agronegocios afectada por la medida busca, como consiguió con eficacia en 2008, convertir “su” problema en un drama del conjunto. Es decir, imponer como un conflicto general su interés particular. Las situaciones económica y política son otras. Las alianzas tejidas ayer no perduraron hasta hoy, y para el Partido Comunista Revolucionario ya no todos somos el campo.

“No somos opositores al gobierno. Consideramos que es justo el reclamo que estamos haciendo, porque siempre vamos a estar movilizados en contra de las políticas que atenten contra la producción”, dijeron los Autoconvocados.

Luego plantearon algo que puede parecer una crítica al gobierno de Macri. “El campo ha realizado un aporte muy significativo en los últimos años, pero sin embargo se amplió la pobreza y desaparecieron 82 mil productores. Alguien se tendrá que hacer cargo de esta realidad”. ¿Quién?

El presidente Fernández consideró que “podría pensar que es muy violento hacer un paro por cuatro días cuando el resto del agro se beneficia”, con la baja de las retenciones a las economías regionales.

“Esta vez no es la 125. Estamos cumpliendo con la ley que nos impone hacer lo que hicimos, subir las retenciones de soja, teniendo en cuenta al pequeño chacarero”, sostuvo, para pedirles a los dirigentes del “campo” que “reflexionen. Ojalá en algún momento se den cuenta de que este no es el camino. Creo que la gente ve que este paro es incomprensible”.

A la baja

El cese de comercialización de granos por cuatro días que realizaron las organizaciones patronales del agro invisibilizó el conjunto de las medidas oficiales.

El gobierno estableció que las retenciones a la soja suban de 30 a 33 por ciento, pero las que se aplican a arvejas, porotos, garbanzos y lentejas, bajan de 9 a 5; para el maní, de 12 a 7; para la harina de trigo, de 9 a 7 por ciento; y para el girasol, de 12 al 7, aunque para girasol confitero y aceite de girasol, la reducción va del 12 al 5 por ciento.

También bajan los derechos de exportación al maíz pisingallo, que se usa para pochoclo, de 9 al 5; al arroz paddy, del 12 al 6; y al arroz pulido, de 9 a 5 puntos.

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