El procesamiento de 31 personas, entre empresarios, militares y policías retirados, da cuenta del vínculo entre Acindar con la represión ilegal planificada en Villa Constitución un año antes del golpe. Entrega de listas de trabajadores, alojamiento y plus salarial para los represores.

Dos civiles, dos militares retirados y 27 ex policías entre federales y provinciales fueron procesados por delitos de lesa humanidad como consecuencia de la represión estatal planificada en Villa Constitución, un año antes del golpe, en el hecho histórico conocido como “El Villazo”. Antecedente de lo que les esperaría a las trabajadores y trabajadores.

Es el primer avance judicial en el sur de Santa Fe sobre los cómplices empresarios de la represión estatal que un año después inauguraría en todo el país y en forma sistemática el Golpe del 24 de marzo 1976, del que hoy se cumplen 44 años.

El ex jefe de Personal de Acindar, Roberto José Pellegrini, y el administrativo de la empresa siderúrgica, Ricardo Oscar Torralvo, son los civiles procesados hace dos semanas por el juez federal Marcelo Bailaque, a instancia del trabajo realizado por la unidad fiscal de delitos de lesa humanidad dirigida por Adolfo Villate.

Villate había pedido las indagatorias de 102 personas en 2017. El juez las redujo a 46 y comenzó un año más tarde, para dictar el procesamiento dos años después.

Por motivos de salud, fueron desligados de la investigación el ex gerente de Relaciones Industriales de la acería, Pedro Ricardo Asnares, y el entonces integrante del directorio, Juan Pedro Augusto Thibau.

A Arturo Acevedo (hijo), entonces presidente del directorio, y a José Alfredo Martínez de Hoz, también miembro y luego ministro de Economía de Jorge Videla a partir de marzo de 1976, fue la muerte la que los desligó de sus posibles responsabilidades penales en el Villazo.

Con ese nombre se conoce a la ocupación por parte de fuerzas armadas, de seguridad y civiles –derecha peronsita- de la ciudad de Villa Constitución en marzo de 1975, como respuesta “institucional” a un conflicto sindical desatado por el triunfo en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa delegación de la Lista Marrón, una línea combativa liderada por Alberto Piccinini, enfrentada a la burocrática conducción nacional del poderoso Lorenzo Miguel.

Plus por represor

En el procesamiento dictado por Bailaque se incluye la declaración de Rodolfo Peregrino Fernández –quien se desempeñó como oficial de la Policía Federal Argentina- ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, que revela el rol empresarial en la represión.

“Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambre de púa. Los oficiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa”, declaró el policía.

Señaló también que el subcomisario González, uno de los que participaron de la represión, “no ocultaba sus vinculaciones personales mantenidas con Arturo Acevedo y con el directorio de Acindar” ya que “había prestado servicios para ambos empresarios y era uno de los encargados de la represión a los obreros y empleados de dichas patronales”.

Sobre el pago de sobresueldos a las fuerzas intervinientes, aseveró: “Las patronales de las industrias metalúrgicas instalas allí, en forma directa el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.

La metalúrgica “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario del propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos”.

Un sobreviviente del Villazo declaró por su parte ante la Conadep sobre la PFA que su “delegación estaba asentada en los chalet de la empresa Acindar” y él fue detenido por esa fuerza y “llevado a la empresa Acindar al primer chalet a la derecha de la entrada, allí donde siempre estuvieron los federales”.

A disposición

El procesamiento de Bailaque señala que de acuerdo a la prueba reunida por el fiscal Villate “se puede concluir que la empresa Acindar confeccionó un listado de las personas a detener” y que “a través de su directorio y personal jerárquico dispuso de espacios físicos de la fábrica para el funcionamiento de un centro clandestino de detención”.

Se trata de una zona de la planta entonces conocida como “albergue de solteros” de Acindar, que la empresa puso a disposición de las fuerzas represivas y se convirtió en el primer centro clandestino, un año antes del derrocamiento de María Estela Martínez, la viuda de Perón.

Según el fallo, Acindar también “dispuso de espacios para la utilización, el alojamiento y la vivienda de los integrantes de las fuerzas militares y de seguridad” así como “aportó vehículos, y reparó y mantuvo los de la Policía Federal Argentina”.

Como se mencionó antes, la acería de los Acevedo “abonó un sobresueldo al personal de fuerzas de seguridad que cumplió funciones en Acindar” y también “autorizó el ingreso a la fábrica de los grupos de tareas para la detención de obreros, en momentos en que se encontraban trabajando”.

Además, “habilitó la requisa de casilleros personales; aportó información relevante para identificar a las víctimas y privarlas de su libertad -direcciones de los lugares donde se encontraban, fotografías de sus legajos laborales, nombres completos o apodos-“.

El nexo

Varios testimonios apuntan a Pellegrini, entonces jefe de personal, como el enlace entre el poder empresario y los esbirros de la represión. Para el juez, “se considera que se desempañaba como nexo entre ellas y los máximos directivos de Acindar”.

Jorge Alberto Acuña, en su declaración testimonial, sostuvo que: “El contacto con la gente armada, sin tener ningún tipo de ocultamiento de esa relación, lo hacían Pedro Asnares y el ingeniero Marcelo Pellegrini”.

Otro testigo, Oscar Hernández, señaló en la causa: “Pellegrini, jefe de personal de Acindar, conocido personaje que fue el responsable de marcar con nombre y apellido a cada uno de los compañeros que eran secuestrados, detenidos y muchos asesinados”.

En cuanto a Torralbo, el otro civil procesado, la investigación lo ubica como “personal jerárquico de la empresa Acindar y al igual que Pellegrini, existen varios testimonios que señalan su actividad en los sucesos investigados”.

Así, el testigo Acuña dijo que veía que allí había gente que era de los grupos armados y que “Asnare y Pellegrini tenían relación con estos grupos” y agregó que también colaboraba en esa tarea Torralbo.

Néstor Hernán Delmasse sostuvo: “En todo esto participó Acindar, hubo gente muy identificada con la represión; el caso de (…) Torralbo que hasta hace poquito decía que deberían haber matado a todos para evitarse problemas más grandes”.

Los ejecutores

Además de los ejecutivos que cooperaron con la represión, puesto que el objetivo era económico y de disciplinamiento de los sectores combativos de movimiento obrero, el juez Bailaque procesó a los ejecutores, a los que más o menos habitualmente llegan a juicio por las atrocidades cometidas durante el Terrorismo de Estado. Los pinches, los que -aun con sadismo- macharon sus manos de sangre para el beneficio de los que las mantenían limpias.

Así, el magistrado procesó al ex jefe del Área Táctica 132 del Ejército, Antonio Bossié, y a Bernardo Luis Landa. Lo mismo hizo con los policías federales retirados de la Sección Seguridad, Roberto Squiro; Oscar Vessicchio; Gustavo Mosquera; Juan Carlos Faccendini; Emilio Marciniszyn; Leonardo Dec; Aldo Gradilone. 

La nómina la completan sus camaradas Carlos Brest; Daniel Vicente Valdés; la única mujer procesada Carmen Amanda Grossoli de Hellaid; Ricardo Burguburu; Juan Carlos Romero; Bernardino Sambrana; Ovaldo Petroli y Oscar Giai.

También fueron procesados los entonces miembros de la Dirección General Interior de la PFA, Jorge Coronel; Juan Martínez; Jorge Lozano Windus; Horacio Nardi; Roberto Álvarez; Raúl Cerliani y Eduardo Mugica, de acuerdo a la resolución.

Dos miembros de la Prefectura Naval, Carlos Albareda y Horacio Timoteo Espinosa corrieron la misma suerte procesal al igual que el policía santafesino Rolando Martínez, un suboficial que se desempeñaba en la Jefatura de Villa Constitución, y los integrantes de la guardia rural Los Pumas Amadeo Chamorro y Ángel Castillo

De lesa

Los delitos que investiga Bailaque, y que consideró probados en esta instancia del proceso –es decir, con grado de probabilidad– son privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios, entre otros. 

Para considerarlos como delitos de lesa humanidad, atento a que fueron cometidos un año antes del Golpe que los sistematizó, el magistrado argumentó que “la gran cantidad de trabajadores involucrados en la referida disputa gremial que prestaron testimonio afirmando haber sido secuestrados el 20 de marzo de 1975 (o con posterioridad), sin orden judicial alguna, para posteriormente ser trasladados a distintos lugares donde sufrieron apremios o tormentos, demuestran la existencia de un ataque generalizado contra una parte de la población civil”.

También apuntó que “la sistematicidad requerida por esta clase de hechos se desprende de la forma en que fueron llevadas a cabo las conductas: todas de similar forma, esto es sin orden judicial (ni de allanamiento en aquellos casos en que fueron secuestrados desde sus respectivas moradas), con violencia y amenazas, padeciendo en muchos casos tormentos, alojados en los mismos lugares o centros clandestinos de detención y con la participación de los mismos actores”.

Al conmemorarse este martes el 44 aniversario de la última dictadura cívico, militar, clerical y con apoyo empresario, el (moroso) avance judicial acerca de la participación de civiles vinculados al poder económico que impuso el modelo neoliberal en la Argentina a partir del Golpe y, como en este caso, desde un año antes, sigue constituyendo una necesidad irrevocable no sólo para la víctimas y los sobrevivientes que demandan justicia, sino para sostener el pacto civilizatorio alcanzado por la mayoría de la sociedad argentina y manifestado en la consigna Nunca Más.

Colaborá con el sostenimiento de Redacción Rosario y El Eslabón por 300 pesos por mes y recibí nuestra info destacada todos los días y nuestro semanario todos los sábados en tu casa. Suscribite en este enlace: Redacción Rosario + El Eslabón.

Más notas relacionadas
Más por Redacción Rosario
Más en Derechos Humanos

Dejá un comentario

Sugerencia

Pami Rosario ya tiene su guardia especial para pacientes con coronavirus

La directora del Pami, Luana Volnovich, puso en funcionamiento en el policlínico local de