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El fiscal del proceso, Adolfo Villate, pidió penas de 23 años a reclusión perpetua para los 10 imputados, policías retirados del Servicio de Informaciones. La importancia de los juicios de lesa humanidad, entre el pasado y la construcción de verdad.

“Para finalizar –dijo el fiscal federal Adolfo Villate luego de varias jornadas de lectura de su extenso alegato– es importante recordar la necesidad y la pertinencia, en casos como este, de tener presente que la aplicación del derecho en una sentencia no significa sólo entenderlo como posibilidad de castigo, sino también como construcción de verdad”. Eran las últimas audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, mayoritariamente en el centro clandestino de detenciones que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, conocido como El Pozo. Y en el debate oral de las causas llamadas Feced III y IV, que se inició hace casi dos años. El fiscal siguió: “Lo que aquí se diga quedará plasmado como un posicionamiento sobre el pasado, pero también como una forma de mirada hacia el futuro”.

Las palabras finales de Adolfo Villate constituyen una clave para comprender la importancia de los juicios por delitos “de lesa” a más de 40 años de ocurridos los hechos. No radica solo en “revisar el pasado” –como quien acude al dispositivo psicoanalítico para bucear en el ayer para hallar la raíz de los problemas de hoy–, sino en construir una mirada “hacia el futuro”.

Dijo el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2: “El discurso jurídico que se construya con la sentencia respecto de lo que pasó, determinará en el presente una verdad jurídica, aunque también histórica. Las consecuencias de la impunidad permearon las instituciones de nuestro país y las configuraron. La mirada sobre lo pasado tiene también la función de revertir las consecuencias reorganizadoras del genocidio argentino”.

Sin fecha

Concluidos los alegatos de las partes, el Tribunal fijó fecha para dictar sentencia en el juicio de la tercera y cuarta etapa de la causa “Feced” para el próximo 25 de marzo. Pero eso, coronavirus mediante, no va a ocurrir. Según precisaron a El Eslabón voceros judiciales, “ahora no hay fecha” para la sentencia.

En el juicio están acusados por genocidio cometido por medio de privación ilegal de la libertad, tormentos, desaparición forzada de personas, homicidios y abusos sexuales diez policías retirados que revistaban en el SI durante los primeros años del Terrorismo de Estado.

Son Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Ramón Ibarra, José Rubén “El Ciego” Lofiego, Mario “El Cura” Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.

Los policías retirados “Beto” Gianola y “Lagarto” González son los únicos que no han sido condenados previamente por su actuación durante el plan sistemático de exterminio de opositores al régimen porque se mantuvieron prófugos de la Justicia.

El inicio del juicio oral sufrió varias postergaciones hasta su comienzo en abril de 2018. Originalmente eran 14 los imputados que llegarían al proceso oral. 

El irrevocable paso del tiempo dejó fuera del alcance del Poder Judicial a Carlos Altamirano, Daniel González y Ovidio Olazagoitía –tres ex policías que actuaron en el SI bajo el mando del jefe de ese centro clandestino, Agustín Feced– quienes murieron durante el extenso proceso iniciado hace casi dos años.

El cuarto acusado que quedó sin condena, el sacerdote Eugenio Segundo Zitelli, falleció unos días antes del comienzo del juicio.

Ex capellán de la Policía de Rosario antes y durante la última dictadura, el cura fue procesado por delitos de lesa humanidad. Consentía la aplicación de tormentos, participó de esos vejámenes a los que fueron sometidos los detenidos-desaparecidos que pasaron por el SI, según testimoniaron en la causa. 

A duras penas

Durante el alegato final, la Fiscalía solicitó las penas que considera que corresponden a los acusados de crímenes contra la humanidad.

Para El Ciego Lo Fiego, jefe de la patota de policías que secuestró, torturó, violó y robó en los sótanos del SI solicitó prisión perpetua. Está acusado de casi un centenar de casos de privación ilegal de la libertad, seis hechos de desaparición forzada y cinco homicidios. Cada uno con sus calificaciones y agravantes. Lo Fiego ya fue condenado en otros casos. Nunca se arrepintió ni aportó información sobre el destino de los desaparecidos. 

Villate solicitó 25 años de prisión para Fermoselle, también condenado en procesos orales anteriores. En este, está acusado de genocidio cometido mediante privación ilegal de la libertad en más de 30 casos y dos hechos de desaparición forzada de persona.

Mario Alfredo Marcote, a quien le decían “El Cura” por un presunto apego a la fe católica, también fue acusado por el fiscal por el delito internacional de genocidio cometido por medio de más de medio centenar de casos de privaciones ilegítimas de la libertad, la desaparición forzada de seis militantes políticos y dos hechos de violación. Por lo que el fiscal pidió para él una condena de prisión perpetua, a la que ya fue condenado con anterioridad.

“Marcote era el violador serial del Servicio de Informaciones”, dijo una de víctimas y sobrevivientes de ese campo de exterminio que fue El Pozo.

Acusado de más de 20 secuestros seguidos de tormentos y dos homicidios, el fiscal solicitó la pena de reclusión perpetua para José Carlos Antonio Scortechini.

Lo mismo para el policía retirado Ramón Rito Vergara, a quien le endilga haber participado en más de 20 secuestros y casos de aplicación de torturas agravada por tratarse de perseguidos políticos y de cuatro homicidios.

Villate solicitó al Tribunal 23 años de cárcel para Lucio César Nast al acusarlo de genocidio cometido por medio de varios casos de secuestros y torturas; y prisión perpetua para Ramón Ibarra por su presunta participación en los mismos delitos pero perpetrados contra una treintena de víctimas, más cinco casos de desaparición forzada de persona.

Para Vallejos, el fiscal solicitó prisión perpetua al acusarlo de secuestros, tormentos, tres casos de desaparición forzada y cuatro homicidios; mientras que a Dugour le endilgó su posible participación en una decena de privaciones ilegales de la libertad y dos desapariciones forzadas, por lo pidió una de 24 años a la sombra.

Finalmente, a Héctor Beto Gianola, que es la primera vez que va a juicio desde que se reabrieron los procesos a los represores, Villate lo acusó de más de 35 casos de secuestros y aplicación de tormentos. Solicitó al Tribunal que lo encarcele por 25 años. 

La Vigil

El juicio que llega a su fin –aunque no tiene fecha de lectura de sentencia– incorporó por primera vez los delitos cometidos contra las víctimas de la represión ilegal pertenecientes a la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil.

La entidad fue intervenida el 25 de febrero de 1977. Una semana después, el poder militar cerró las escuelas de la Biblioteca, la caja de ayuda mutual, la guardería y el Centro Materno Infantil.

Los señores de uniforme –sostenidos y alentados por señores de traje– hicieron una pira con gran parte de los libros que componían al patrimonio de la Vigil, emulando las quemas organizadas por estudiantes, docentes y militantes del nazismo cuarenta años antes. El 10 de marzo del mismo año ocho miembros de comisión directiva fueron secuestrados y trasladados a El Pozo.

Dos meses más tarde fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y a finales de 1977 fueron liberados, tras ser sometidos a torturas. Cuarentaitrés años después, las víctimas aguardan que se conozca la verdad y se haga justicia.

“Es posible aspirar a que estos juicios sirvan, en palabras de Staley Cohen, como forma de combatir los efectos entumecedores de la negación”, sostuvo el fiscal Villate como parte de su alegato. El negacionismo buscó su lugar, intentó expandirse y recrear la teoría de los dos demonios durante los cuatro años en los que la Argentina estuvo gobernada por el hijo de uno de los empresarios que se benefició enormemente en la última dictadura cívico, militar, eclesial y empresaria. Es uno de los casos que pone en evidencia que la mayoría de los gerontes que hoy son sometidos a procesos judiciales –no por gerontes, sino porque antes lo impidieron las leyes post dictadura– fueron la mano de obra de quienes se sirvieron de los beneficios económicos de la primera experiencia neoliberal argentina.

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