En un contexto donde los legisladores de Tucumán debaten la adhesión de la provincia a la ley Micaela, se escucha hablar a funcionarios de “ideología de género”, “lobby Lgtbi”, “gestapo idelógica», como lo manifestó Ricardo Bussi, hijo del represor de la dictadura, además de presentar proyectos que no contemplan la violencia contra las mujeres.
Tucumán es la única provincia del país que todavía no adhirió a ley Micaela, votada en el año 2018.
La presidenta de la asocación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Soledad Deza, contó que durante la cuarentena hubo 6 femicidios en su provincia, y en este contexto se encuentran reparos en la legislatura provincial con respecto a un ley urgente.
“Tucumán nos tiene acostumbrado a este tipo de anacronismos en cuestiones vinculadas a género o a la agenda política de las mujeres o de las diversidades”, afirmó en una diálogo con el programa Poné la pava, que se emite por Radio Rebelde Rosario, y agregó: “Tucumán es la única provincia del país que después de 18 años continúa sin adherir a la ley 25673 de Salud Reproductiva, que asegura anticonceptivos para toda la población de forma gratuita. Entonces este tipo de resistencia a la ley Micaela que permite recibir capacitaciones en género, demuestra que hay una sintonía, un maridaje Iglesia-Estado que en la arena publica tucumana es bastante transparente”, se lamentó Deza
“El movimiento de mujeres está en alerta porque muchos proyectos que están circulando contienen la objeción de conciencia. Si el poder legislativo va a habilitar a que un agente del estado tenga objeción de conciencia para capacitarse en un enfoque de derechos humanos, no queremos imaginar como se va a desenvolver en alguna problemática de violencia de género”,
En cuanto a la ley de Educación Sexual Integral (Esi), Deza, dice que si bien se ha incorporado jurídicamente a la curricula obligatoria la Esi , “la implementación está liberada a la voluntad de las escuelas públicas y privadas, y genera intermitencia en la efectividad de las políticas públicas y genera desigualdad. Y por otro lado, la provincia no adhiere a la ley 25673, que es la que crea el programa de salud sexual y reproducción responsable, que garantiza métodos anticonceptivos y capacitación en salud reproductiva para la población”.
La presidenta de la asociación Mujeres x Mujeres contextualiza el debate en una provincia con casos paradigmáticos. “Pensemos que no es un tema menor, es la tierra de Belén, una mujer que estuvo 29 meses presa por un aborto clandestino, y de Lucía, una niña de 11 años con múltiples violencias y dilaciones para recibir la interrupción voluntaria de su embarazo”.
“Sin duda hay una especial resistencia a la autonomía sexual y de la soberanía reproductiva en la provincia”, aseguró Deza, y consideró el tema como de “gran seriedad”.
“El gobierno nacional tendría que ocuparse más específicamente porque nuestras autoridades le han dado la espalda a las perspectiva de género y los derechos humanos”.
Más de 200 organizaciones de mujeres, estudiantiles, políticas, Lgbtiq+, organismos de Derechos Humanos y familiares victimas de femicidios, presentaron este martes el petitorio para que la Legislatura de Tucumán adhiera “sin modificaciones”, ni más “demoras” a Ley Micaela. Tucumán no sólo es la única provincia que no adihiró a esta ley sino que además es la que, por iniciativa del vicegobernador Osvaldo Jaldo, se votó una ley que declara a la provincia como «Provida» y, por lo tanto, se opone a una posible ley de aborto pero también se persigue a los médicos que aplican la ILE (interrupción legal del embarazo).
Audio Poné la Pava
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