Antes de dictar la sentencia en el juicio, el TOF2 leyó las palabras finales de sus integrantes, que pidieron disculpas por la demora y reclamaron conocer el “destino final de las víctimas aún desaparecidas”.
“Estos sucesos, además de configurar la categoría de delitos más severamente penados en el orden jurídico internacional, constituyeron una de las etapas más oscuras en la historia de nuestra república, absolutamente descalificables desde el plano moral, ético y humano, contrarios a los principios e ideales que inspiran y fundan a toda sociedad civilizada, y lamentablemente viciaron gran parte del funcionamiento de las instituciones de nuestra sociedad en aquel momento”, leyó este jueves la jueza Lilia Carnero, presidenta del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a diez represores de la última dictadura por sus crímenes en el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario.
El tribunal consideró que “esta sentencia también debe servir como reparación histórica a las víctimas (…) contra quienes se encuadraron de forma coordinada casi todas las instituciones en aquella nefasta época de la historia de nuestro país”.
Carnero señaló que lo ocurrido hace 40 años “nos imponen una reflexión, una autocrítica como sociedad, por haber permitido que se llegase a tal extremo de barbarie e irracionalidad”.
“Esta reconstrucción histórica nos debe servir para recordar a diario que la vida en sociedad jamás puede dejar de ser democrática, plural, inclusiva y tolerante de la divergencia y opinión contraria”, explicó la jueza.
También dijo que “es necesario instar al Estado a continuar con la búsqueda por intentar dilucidar el destino final de las víctimas aún desaparecidas”. Y, de alguna manera, pidió disculpas por el retardo del servicio de justicia: “Queremos señalar que si bien los hechos por los que son condenados los aquí imputados sucedieron hace más de 40 años, este Tribunal Oral inició el presente juicio de forma inmediata, a los 3 meses de ser designados en esta causa, y se debieron verificar las pruebas aportadas en relación a 188 víctimas, lo cual insumió gran cantidad de audiencias que se produjeron de forma ininterrumpida durante más de dos años, para garantizar el debido proceso legal y el derecho de defensa de las partes”.
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