El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que el impacto de la pandemia de Covid-19 profundizará la injusticia social y producirá 29 millones de nuevos pobres en la región, mientras que, además, 15 millones de personas pasarán a padecer pobreza extrema. Y propone como solución un modelo de Estado de Bienestar que proteja en forma permanente a los más necesitados y subsane la falta de derechos básicos que sufre gran parte de la población regional: “Es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque en los derechos”, propone la CEPAL.

El estudio, titulado “El desafío social en tiempos de Covid-19”, se puede consultar en el sitio oficial de la CEPAL. Contiene una serie de gráficos y estadísticas que auguran un futuro de mayor desigualdad y exclusión en la región, debido al impacto económico provocado por la crisis sanitaria.

Para disminuir el impacto de esta situación, la CEPAL propone el “reforzamiento de las medidas existentes de protección social”, y “un ingreso básico para satisfacer necesidades y sostener el consumo”.

El organismo dependiente de la ONU indica que los gobiernos deben garantizar transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida. Además, en el largo plazo, reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia, señala el informe.

“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, al presentar este martes 12 el informe en conferencia de prensa virtual transmitida desde Santiago de Chile.

Bárcena insistió sobre la necesidad de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país. Esto es especialmente relevante dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.

Según el informe, la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año 2019, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7 por ciento de la población de la región).

Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.

Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5 por ciento y el 6 por ciento. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.

El informe agrega que en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. De esta forma, la CEPAL estima que alrededor del 10 por ciento de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.

“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población –especialmente la más pobre y vulnerable– para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, recalcó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Asimismo, el informe señala que para articular la protección social en el corto, mediano y largo plazo, además de implementar medidas inmediatas para atender la emergencia, es necesario superar desafíos operacionales, como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos. En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado, y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.

“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la CEPAL reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, remarcó Alicia Bárcena.

“Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar”, agregó la funcionaria.

“Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida”, enfatizó.

”Un elemento central en la construcción de un Estado de bienestar es el derecho a la salud. Superar la actual fragmentación, jerarquización y mercantilización de los sistemas de salud será una de las enseñanzas que dejará la pandemia”, declaró la funcionaria.

“Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social-fiscal”, dijo la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

El informe asegura que también habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios, aunque los impactos –estimados como movilidad económica descendente entre estratos– disminuyen a medida que se avanza en la escala social. En este grupo, los estratos medios-bajos serían los más afectados.

“Los estratos medios-altos y altos serían los menos afectados, con deterioros económicos que en su mayoría los llevarían al estrato inmediatamente inferior. Sin embargo, una pequeña proporción de las personas de estos estratos caería –al menos temporalmente– en situaciones de pobreza o pobreza extrema, en función de la disminución de sus ingresos corrientes.

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