El pasado jueves se dictó la sentencia a los genocidas que integraron la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Los 10 represores juzgados fueron encontrados culpables de delitos de lesa humanidad, seis de ellos recibieron condenas a prisión perpetua y cuatro a entre 18 y 22 años de cárcel.

La pandemia obligó a que la lectura del veredicto sea dada por videoconferencia a través de los canales de YouTube del Concejo Municipal y del Centro de Información Judicial (CIJ). Los abrazos afuera del tribunal también fueron frenados por el virus, pero la vigencia de la memoria, la verdad y la justicia estalló en las redes sociales festejando una victoria más de los organismos de Derechos Humanos.

Además de las consecuencias excepcionales que trajo aparejada la pandemia, otra novedad de la sentencia de la tercera y cuarta parte de la megacausa Feced es que incluyó, por primera vez en Rosario, la condena a José Rubén El Ciego Lofiego y Mario El Cura Marcote por delitos sexuales que tuvieron como víctimas a dos mujeres detenidas ilegalmente en el centro clandestino conocido como El Pozo.

Así, a once años del inicio del juicio oral en agosto de 2009, la causa Feced incorpora a los abusos sexuales cometidos como delitos autónomos: “Es llamativo que a casi 11 años del primer juicio recién por primera vez se está juzgando la violencia por medios sexuales cometidas contra dos, solamente contra dos secuestradas”, dice Ana Oberlin, fiscal ad hoc en la causa Feced. Y agrega: “Quienes participamos de estos juicios escuchamos en casi todos distintas violencias específicas aplicadas hacia las mujeres, principalmente violaciones y abusos. En este mismo juicio de Feced hubo por lo menos 40 testigos que dieron cuenta de violaciones y abusos hacia mujeres y mencionan por lo menos a 7 integrantes del grupo represivo”.

A pesar de que Marcote y Lo Fiego fueron los únicos dos imputados por delitos de violencia sexual, la querella insiste en la necesidad de reconocer a estas prácticas abusivas como un ejercicio sistemático realizado por la dictadura cívico militar. Ana destaca varias veces en diálogo con El Eslabón que a pesar de que El Cura era conocido como “quien violaba en la patota”, esto “no es sólo una cuestión de Marcote” sino que era parte de un plan de aniquilamiento. “Es un poco fragmentado verlo así porque parece que solamente ocurrió esto con Marcote y con Lo Fiego. Hay que resaltar que no, que esto fue en un contexto que tenía que ver con garantizar la hegemonía de un modelo donde especialmente a las mujeres había que disciplinarlas por haber infringido las normas del machismo y del cis heteropatriarcado con sus militancias”, explica Oberlin.

La carátula de “delitos autónomos” a las violaciones y violencias sexuales sufridas durante el terrorismo de Estado, tiene como objetivo impedir que estos perjuicios queden invisibilizados dentro del conjunto de torturas. La fiscal lo resume de manera sencilla: “La violación y el abuso sexual existían en el código penal. En 1976 estaban vigentes. Entonces, si existían como tipo penal no tienen por que ser invisibilizadas esas violencias machistas. En términos jurídicos, existía una figura y era una figura autónoma, diferente, porque el bien jurídico protegido es diferente. No es solamente la dignidad de las personas, eso tiene en común con la tortura, sino también la libertad sexual, la integridad sexual”.

Además, poder enunciar en una sentencia el sufrimiento de delitos diferenciados basados en una cuestión sexogenérica tiene también una carga simbólica. Ana repasa su participación en uno de los primeros juicios en el que intervino representando a dos víctimas que habían sido violadas, y recuerda: “Una de ellas me dijo: «Yo quiero que se diga que a mí me torturaron, que me secuestraron, pero también quiero que se diga que me violaron. Porque a mí me violaron. No me da lo mismo que eso esté o no este. Es parte de lo que me hicieron»”.

El delay de la justicia

Del total de las sentencias otorgadas por delitos de lesa humanidad, solo el 13 por ciento sancionan por crímenes de violación, abusos y abortos forzados dentro de los centros clandestinos de detención, que afectaban principalmente a mujeres. La demora en dictar una sentencia en estos casos se debe a la “falta de escucha habilitante” por parte del poder judicial, detalla la fiscal.

Ana aclara que “hubo mujeres que desde un principio contaron las violaciones” pero que “en muchos casos, cuando eso se contaba frente a un funcionario o una funcionaria judicial, o fiscales o fiscalas, no era tomado en cuenta. Era como si se contara cualquier otra cosa”. Y suma que para ella “necesitamos transitar todos estos años no sólo para poder empezar a hablar y a nombrar, sino también para que se encuadre jurídicamente como corresponde”. Así, la indiferencia de los funcionarios públicos encargados del asunto también expuso a las víctimas: muchas de ellas tuvieron que animarse a testificar más de una vez y recordar (del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón) los daños padecidos.

Para Oberlin, fue muy importante la implosión del movimiento de mujeres en la escena pública y su incorporación en el movimiento de Derechos Humanos: “La irrupción de los feminismos en Argentina tuvo impacto en la aparición de historias, de situaciones, de episodios de violencias específicas hacia las mujeres durante la dictadura”. El sentir que había una escucha que acompañaba y respaldaba, el poder contar lo que habían vivido las mujeres en los centros clandestinos, permitió retomar el campo de estudio de las Memorias con una perspectiva de género, es decir, hacer “memoria generizada” para analizar “cómo funcionaba el machismo y el sistema cis heteropatriarcal” y “cómo funcionó en la opresión específica de las mujeres que pasaron por los centros clandestinos de detención y también de los varones que sufrieron castigos muchas veces en tanto feminizados”, explica.

Enlazar las memorias

De las “locas” de Plaza de Mayo a las putas guerrilleras, las figuras políticas femeninas de los años 70 transgredían el mandato cristiano y occidental de quedarse en casa. Parafraseando a Walsh, fueron mujeres que pudieron elegir otros caminos que eran distintos, pero optaron por el que era más justo. “La dictadura pretendía garantizar la hegemonía de un determinado modelo sexogenérico que era un modelo binario. Que tenía reservado un rol para varones y un rol para mujeres. Las mujeres debían ser amas de casa, madres, cuidadoras, y de ninguna manera podían tener una actividad política o podían salir de ese ámbito privado al que estaban relegadas”, dice Ana. Así, infringir los cánones impuestos y ofender al poder en tanto guerrilleras e indisciplinadas, tenía como consecuencia ser “castigadas y sancionadas de maneras especiales y particulares”, comenta. Por su parte, las herramientas de tormentos destinadas a destruir sus cuerpos iban desde violaciones, abusos y desnudez, a comentarios sobre su aspecto físico y acusaciones de ser “malas madres”.

Así como el colectivo de derechos humanos se nutrió de los avances que los feminismos desplegaron en los últimos años, el movimiento feminista se inspiró en la reivindicación de la memoria para desarrollar formas particulares de construcción política. Las memorias se mezclan y los colectivos de mujeres transversalizan sus demandas. Las Madres se calzan el pañuelo blanco y también el triángulo verde. Los feminismos retoman la práctica del escrache de Hijos. Madres, Abuelas, Hijas, hermanas y nietas se encolumnan en cada marcha de tinte violeta. También el Ni Una Menos se gestó al calor de luchas colectivas como el Nunca Más. Ambos gritos se unen para hacer frente a la violencia cis heteropatriarcal y marchar contra la impunidad teniendo como horizonte la justicia. Ambos debates son, en parte, luchas emancipatorias que avanzan, ahora juntas, hacia la construcción de una patria justa.

“Si bien originalmente el movimiento de DDHH –madres y abuelas, en el momento en que se enfrentaron a la misma dictadura durante los mismos años 70– no se reconocían como feministas, y muchas veces los reclamos tenían que ver, por el contrario, con roles que eran de alguna manera típicos de nuestras sociedades machistas, y con el rol de madres y de abuelas justamente, con el paso de los años muchas madres y abuelas se reconocen y se ven reflejadas en lo que es el movimiento de los feminismos en Argentina”, dice Ana. Y agrega: “Yo creo que de alguna forma el feminismo le aportó al movimiento de derechos humanos eso que faltaba: la reivindicación de los roles y los lugares, sobre todo de esas hijas que tuvieron y que están desaparecidas como militantes y como luchadoras”.

Hoy esas mujeres son recuperadas en otras voces. La valentía de las militantes de los 70 puede ser resignificada en nombre de ese feminismo empoderado y movilizado que tomó las calles y unió las banderas de las desaparecidas con las suyas para hacerse una en las calles. Un colectivo de mujeres que ayuda a ponerle palabras al dolor para darle un remedio a las heridas. Que hace a ese pasado y a este presente un tiempo corrido de lucha. Que recuerda de dónde venimos y a dónde no queremos volver y que repara, por sobre todas las cosas, en la construcción de un feminismo con memoria y de una memoria feminista.

Audiencia virtual, condena real

Sin público y por videoconferencia, consecuencias del virus que puso patas para arriba al mundo, la celebración por las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario en el juicio por la tercera y cuarta parte de la megacausa Feced se trasladaron, como casi todo en estos tiempos, al mundo virtual. En las redes calificadas de sociales se festejaron las seis condenas a cadena perpetua y las cuatro a penas de entre 16 y 22 años de cárcel común a los genocidas del Servicio de Informaciones (SI), un conjunto de 10 policías retirados que hace 40 años integró el grupo de tareas conocido como “la patota de Feced”, por el apellido del jefe de Policía local en los primeros cuatro años de la última dictadura.

El veredicto del juicio iniciado 25 meses antes condenó a uno de los jefes del centro de detenciones clandestinas que funcionó en la sede del SI, a José Rubén El Ciego Lo Fiego, a cadena perpetua, la misma pena impuesta por similares delitos –homicidios, secuestros agravados por violencia y amenazas, aplicación de torturas–, a los ex policías Mario El Cura Marcote; Ramón Rito Vergara, Carlos Archie Scortechini, Ramón Telmo Rommel Ibarra y Ernesto Vallejos.

Por primera vez, a pesar de que se trata del tercer proceso oral contra ellos por los delitos de la dictadura, el Tribunal integrado por los jueces Lilia Carnero, Eugenio Martínez y Aníbal Pineda, condenó a Lo Fiego y Marcote por las violaciones cometidas contra detenidas ilegales en El Pozo.

La Fiscalía había pedido especial atención a ese punto, los abusos sexuales y el maltrato extra a las mujeres por su condición, invisibilizado –o al menos postergado, atisbado de soslayo– por una mirada machista del horror producido por la dictadura.

A la vez, el veredicto condenó a Eduardo Dougour y Héctor Gianola a 22 años de cárcel. Era la primera vez que Beto Gianola era sometido a proceso por su participación en el centro clandestino más grande que tuvo Rosario en relación a la cantidad de víctimas que pasaron por allí, pues se había mantenido prófugo de la Justicia durante años.

Finalmente, también fueron condenados a penas de 18 y 16 años de prisión respectivamente Eduardo Fermoselle y Lucio César Nast, El Ronco, por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos en varios casos.

Entre los 188 casos de víctimas del terrorismo de Estado que se analizaron en el juicio, estuvieron los de los integrantes de la comisión directiva de la Biblioteca Vigil, de barrio Tablada, secuestrados y torturados por la patota mientras las autoridades provinciales de facto liquidaban una de las mayores expresiones culturales colectivas de la ciudad.

 

Fuente: El Eslabón

Más notas relacionadas
  • Revolución y periodismo le gusta a usted

    El movimiento de mujeres alborotó todo: las redacciones y los estudios de radios y televis
  • Hacer radio, crear mundos

    A 10 años de su primer programa, Toki y Flavia, integrantes de FM Poriajhú, recorren los i
  • Aceitar la esperanza

    Felipe tiene cinco años y desde los dos consume aceite de cannabis. Gracias a esta medicin
Más por Victoria Iriarte
Más en Ciudad

Dejá un comentario

Sugerencia

Represión a la prensa en la cobertura de las protestas contra el racismo policial

Periodistas que cubren las manifestaciones por la muerte de George Floyd, denunciaron ataq