En medio de la pandemia, y en un país que padece no una mera crisis, sino una catástrofe sanitaria y social, el gobierno de Lenin Moreno impuso otro ajuste que producirá más hambre, más desocupación y más muertes.

A contramano de muchos gobiernos del mundo, incluso administraciones de derecha y anti-populares, que ante la emergencia no tuvieron más remedio que archivar (aunque sea por unos días) el manual neoliberal, el presidente de Ecuador vuelve a aplicar un nuevo y brutal ajuste para terminar de destruir las ruinas de lo que alguna vez fue un Estado.

Moreno volvió a pedir préstamos al FMI, y este ajuste es parte de las exigencias de esta entidad financiera. Una triste y repetida historia en los gobiernos de derecha de América Latina.

Las encuestas indican que el mandatario apenas alcanza entre un ocho a un once por ciento de aprobación. Pero a Moreno sólo parece interesarle la opinión, y las órdenes, del FMI, que son las de siempre: echar empleados públicos (incluso trabajadores de la salud y docentes) o bajarles los sueldos, privatizar las pocas empresas estatales que quedan, y dejar que los intereses privados corporativos avancen sobre lo público, en momentos en que la ciudadanía necesita precisamente lo contrario.

“Ayer fuimos héroes, hoy somos desempleados” y “La salud no se vende, se defiende”, decían las pancartas que las trabajadoras y los trabajadores exhibieron en las protestas en contra de los despidos en el hospital General Santo Domingo, que es uno de los dos hospitales que tiene Santo Domingo de los Tsáchilas para atender la demanda de salud de toda la región, según informó el diario ecuatoriano El Universo.

En ese hospital, y en consonancia con el despido y la no renovación de contratos de empleados públicos, unos 15 trabajadores de área administrativas fueron despedidos.

Durante la protesta, los manifestantes indicaron que “el trabajo de salud no corresponde sólo al personal médico, ya que las contrataciones de insumos, medicinas y otras acciones administrativas son parte del funcionamiento del sanatorio”, y aseguraron que todos los días saldrán a manifestarse.

Pero los despidos en el área salud no terminan allí. Según informó el medio ecuatoriano El Diario, 400 servidores de la Zona 4 de Salud (que comprende Manabí y Santo Domingo) recibieron notificación de despido.

Las notificaciones llegaron la noche del martes 19, causando asombro e indignación entre los trabajadores despedidos, que se van a sumar a las movilizaciones de otros sectores de la sociedad afectados por el ajuste.

El ajustazo (“paquetazo” le dicen en Ecuador) implica el recorte de las horas de trabajo, y los sueldos, de los empleados públicos, y el despido de los contratados. Las bajas en los salarios llegan hasta el 16 por ciento.

Bajo el viejo y gastado eslogan de “reducir el tamaño del Estado”, se cerrarán y fusionarán diez empresas públicas, entre ellas la aerolínea Tame, Ferrocarriles, Medios Públicos y Correos del Ecuador, entre otras.

Moreno precisó que Tame perdió más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años. “Tame entrará en liquidación, preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas”.

Moreno cerrará además cinco embajadas y oficinas diplomáticas en Malasia, Irán, Nicaragua, y la Secretaría del Parlamento Andino.

También habrá recortes en los gastos del Consejo de Seguridad del Estado. La reducción presupuestaria será de entre el 10 y un 15 por ciento.

Moreno anunció también “una nueva reestructuración de la deuda pública”, que su gobierno viene negociando desde abril. “Aunque muchos nos criticaron, pagamos 341 millones de dólares, ahorraremos 1.300 millones de dólares y eso permitió que recibamos 1.400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables”, dijo el mandatario en una interpretación que muy pocos comparten en Ecuador. Por el contrario, y ya declarada la pandemia, amplios sectores de la sociedad, y parte del Congreso, le pidieron que destinara esos recursos a paliar la pandemia en vez de pagarle al FMI.

En el ámbito laboral, las medidas dejarán en la calle a miles de empleados públicos. Los contratos no se renovarán, habrá reducción de jornadas laborales (con descuentos en los salarios) y se reestructurarán organismos estatales “para reducir el tamaño del Estado”.

La reducción de jornada de dos horas representará un 16 por ciento de baja en los salarios mensuales de los funcionarios.

En el ajuste no se incluye a las Fuerzas Armadas, ni a la policía. Los docentes, en tanto, tendrán una reducción de una hora en la jornada laboral. La ministra de Educación, Monserrat Creamer, detalló que esta reducción será temporal, “no menos de seis meses”.

Lo que la ministra no mencionó es que también hubo despidos de maestros.

El presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de Tungurahua (UNE-T), Celso Aguirre, denunció el despido de 25 docentes del Servicio de atención familiar para la primera infancia.

Aguirre señaló que están cansados “por el ataque en contra de la educación, del magisterio y de los trabajadores en general”, y “que quieren decirle que ya basta a las medidas que empobrecen al pueblo ecuatoriano, que en vez de eso se debe cortar los tentáculos de la corrupción y recuperar lo que se han robado por estos hechos”.

Crecen las protestas en las calles

Según informó el diario El Universo, un amplio espectro de movimientos sociales y sindicales iniciará la semana que viene un plan de lucha contra el ajuste, que incluye una jornada nacional de protesta para el 25 de mayo.

Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) empezó con las protestas este miércoles 20 en Santo Domingo de los Tsáchilas y Azuay, y el viernes 21 los reclamos se realizaron en Quito.

La mayor movilización será el 25 de mayo, en la que participarán el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), entre otras organizaciones.

“Las medidas económicas constituyen un golpe a los trabajadores, porque la disminución del salario obedece a decisiones del Fondo Monetario Internacional, y los maestros estaremos levantando nuestra voz”, advirtieron los gremios docentes.

“Vamos a salir a las calles, no vemos otra alternativa”, agregaron.

En su cuenta de Twitter, la Conaie escribió: “Shock económico para el pueblo, protección a evasores de impuestos y corruptos”.

 

Fuente: El Eslabón

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