Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

Las tres leyes elaboradas por el equipo del Ministerio de Seguridad provincial para la reforma que modernice la estructura policial y la subordine a una conducción política no irán a la Legislatura antes de ser discutidas en intrascendentes foros ciudadanos que las doten de “consenso”. Pero el problema no es la sociedad civil sino la política. El debate parlamentario de las normas, ejes centrales de la gestión de Marcelo Sain, encuentra por lo menos dos escollos previos: los señalamientos que el ministro realizó acerca de las condiciones en que halló la fuerza –y que endilgó a la gestión anterior, del Frente Progresista, de la que participó como asesor– y el fuego amigo de uno de los bloques del PJ en el Senado, que pretende otro modelo de seguridad para Santa Fe en el que los caciques territoriales mantengan su actual incidencia. La tensión es tal que esta semana un legislador oficialista le solicitó al gobernador Omar Perotti la testa del ministro “porteño”, que el rafaelino no ofrendó. La reforma continúa con menor velocidad y mayor resistencia, aunque en los despachos de la cartera involucrada aseguran que existe “un final abierto”.

Es la política

La disputa, afirman en una de las ochavas del primer piso de la sede local de la Gobernación, se reduce a mantener el status quo político-policial o “romper” las estructuras existentes –cuyos resultados son los conocidos– para ir hacia una policía moderna, eficiente, capaz de intervenir con instrumentos idóneos en los problemas de seguridad pública que plantea la realidad.

Para eso, aseguran, la Policía no puede estar regida por una ley de 1975 que remite a otra más añosa aún, de 1954, y que en nada reflejan la complejidad de los problemas de seguridad de la segunda década del tercer milenio.

Los límites de la actuación policial, su involucramiento con las bandas delictivas cuya acción ilegal debe perseguir están a la vista y en numerosas causas y legajos judiciales. ¿Eso allana la posibilidad de la reforma? No necesariamente.

La gente, ese sustantivo colectivo que los medios de comunicación impusieron por pereza intelectual o deshonestidad con sus audiencias, quiere resultados. Está infectada de frases hechas y vacías, incontrastables con la realidad: la puerta giratoria, matan por un celular, no se puede salir a la calle.
No es claro que exista un involucramiento de la sociedad en la discusión sobre un tema complejo como el de la seguridad, del cual la mayoría no tiene por qué saber nada. Entonces, la reforma debe impulsarla y hacerla la política.

Tanto el gobernador en su discurso de asunción como el ministro de Seguridad en reiteradas oportunidades, señalaron la existencia de un pacto de gobernabilidad entre el Estado y el delito, que desean interrumpir.

Es decir que la transformación de la agencia estatal de seguridad la debe emprender un actor que, en algunas de las partes, está involucrada directa o indirectamente con el problema que se intenta atacar.

El jinete con cabeza

Una anécdota ilustra esa tensión. Esta semana el representante en el Senado de un departamento del sur provincial le pidió a Perotti la cabeza de Sain. El gobernador le preguntó si tenía pruebas o indicios acerca de que el ministro realizara actos al margen de o contrarios a la ley penal. Al no haber respuesta positiva, avaló al jefe de la cartera de Seguridad, que antes había intervenido la Unidad Regional del departamento por el cual el dirigente fue electo senador.

Una de las leyes del paquete que impulsa el Ministerio de Seguridad supone la eliminación de las 19 unidades regionales, una estructura elefantiásica cuya mantención, dicen, carece “de sentido”. En ese viejo modelo policial se asienta parte del poder de los jefes territoriales que ocupan escaños en la Cámara de Senadores. Ese poder es casi invisible –o está diluido y relativizado en el juego con otros factores de poder– en departamentos densamente poblados como Rosario o La Capital, pero es estruendosamente audible en algunos territorios del sur y en casi todos los del centro-norte.

Quienes acompañan la reforma afirman que los senadores con fuerte presencia en sus territorios no se bancan que el jefe de la Unidad Regional de su departamento sea designado sin consultarlos a ellos. Les recorta poder. En algún caso, tal vez, negocios. Desdibuja sus roles de jefe políticos que totalizan la toma de decisiones.

Ese sector tenía otro plan para seguridad: mantener la autonomía de la fuerza, darle la jefatura a un alto mando que ahora está detenido por complicidad con un narcotraficante, asesoramiento de un abogado penalista entre cuyos principales clientes se encuentran comercializadores de drogas, aseguran sus críticos.

Los reformistas entienden que es allí, en el sistema político santafesino que construyó y reproduce un sistema de poder que requiere mantener el status quo, donde radica la mayor resistencia al cambio. No tanta, en cambio, en la propia fuerza policial, que si bien reproduce una cultura institucional de autonomía respecto de la conducción política –de la que posee un larga trayectoria– fue quirúrgicamente descabezada en diciembre y es mantenida a raya desde el Ministerio.

Uno de los problemas que enfrenta el sector reformista consiste en que, para avanzar en las leyes que ahora serán discutidas en foros ciudadanos, requiere los votos de los legisladores que representan la resistencia al cambio. Perotti también necesita de ese apoyo legislativo para otros temas de su gestión, como se lo hicieron saber antes de que asumiera cuando un acuerdo político entre uno de los bloques del PJ en el Senado y el gobierno saliente de Miguel Lifschitz le aprobó el presupuesto que él debía ejecutar.
Ese mismo proyecto pedagógico de educación en el poder le negó las leyes de emergencia a fin del año pasado, para aprobarle una de Necesidad Pública recién cuando la pandemia de coronavirus hizo imposible negarse a dotar al gobierno de esa herramienta. “Ahora ponete a gobernar”, le advirtieron.

La pelea de fondo es por el manejo de algunos resortes de poder que permitan democratizar la democracia, o mantener las cosas tal como están, “como siempre fueron”.

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