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Seis dirigentes políticos santafesinos aparecen en la lista de personas que habrían sido espiadas ilegalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, información que fue hallada por su actual titular, Cristina Caamaño, al recuperar un disco rígido que había sido borrado.

La funcionaria presentó este martes una denuncia penal por el hallazgo de la información, que da cuenta del presunto espionaje ilegal sobre los correos electrónicos de al menos 80 personas, entre dirigentes políticos oficialistas, opositores, militantes sociales y periodistas.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello, en los tribunales federales de Retiro, tras ser presentada de manera remota ante la Cámara Federal porteña, que realizó el sorteo correspondiente.

Caamaño aludió a delitos vinculados a la “producción de inteligencia ilegal” en los términos de los artículos 4 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional durante la gestión en la AFI de su antecesor Gustavo Arribas, en el gobierno de Macri, quien fue investigado durante largos años por los mismos delitos pero cuando era jefe de Gobierno porteño. Al asumir como Presidente, fue sobreseído en esa causa.

“No sorprende”

“Que en el gobierno de Mauricio Macri hayan procedido por fuera de las normas no sorprende, pero no se pueden naturalizar estas prácticas porque hay que mejorar la democracia, no retroceder a tiempos oscuros”, dijo el diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, uno de los dirigentes santafesinos cuyo nombre y apellido aparece en la lista entregada por Caamaño a la Justicia.

“Me voy a poner a disposición de la Justicia y estoy evaluando la posibilidad de presentarme como querellante”, adelantó Cleri, al tiempo que informó que “Caamaño me anticipó que va a presentar una denuncia sobre las tareas ilegales de inteligencia interna que se realizaron durante el gobierno anterior, y que alcanzaron a legisladores, funcionarios, periodistas, trabajadores vinculados a la actividad política y empresarios”.

Los otros dirigentes santafesinos que aparecen en listado de la AFI, a quienes presuntamente les espiaron los correos electrónicos desde junio de 2016, son el actual gobernador y entonces senador nacional, Omar Perotti; el referente nacional del Movimiento Evita, Gerardo Rico; el diputado nacional y luego embajador argentino en Uruguay, el radical Mario Barletta; la actual secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol y Valeria Silva, Directora de Memoria de la provincia e integrante de Hijos Santa Fe al igual que Puyol.

La denuncia 

En la denuncia se alude a presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de al menos 80 damnificados.

La información fue recuperada de un “disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado”, se consignó en la denuncia según fuentes del caso consultadas por la agencia Télam.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”, sostuvo Caamaño en la denuncia. 

Además aludió al hallazgo de “rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.

“Del análisis surge que se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero ello no de manera segura, por lo que fue posible restablecerla –con algunas falencias del sistema–, a fin de acreditar los extremos esbozados en la presente denuncia”, se agregó.

La actual interventora de la AFI adjuntó el listado de titulares de correos electrónicos afectados; un total de 80 personas, entre ellos la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, y el diputado Rodolfo Tailhade.

También figuran la ex titular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Macri, Laura Alonso; el periodista Luis Majul, el ex diputado Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional radical Mario Negri, entre otros.

El presidente Alberto Fernández se refirió el lunes a la denuncia que presentó este martes Caamaño y expresó su voluntad de “poder entregar a cada organismo de Derechos Humanos las cosas que Cristina (Camaño) encontró de espionaje sobre ellos”.

Además, en declaraciones a C5N, el jefe de Estado dejó claro que esos documentos “tienen que estar en manos de los enormes luchadores que son los organismos”.

Fernández anticipó también que confirmará a Caamaño al frente de la AFI, actualmente intervenida, y destacó que se trata de “una mujer incorruptible”, que jamás aceptaría que le pidan que espíe a nadie, ya que, dijo, en ese caso, “renunciaría y lo haría público”.

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