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Tras el golpe cívico-militar contra el legítimo presidente de Bolivia, Evo Morales, el pueblo de ese país viene sufriendo represión, tortura, vejaciones y humillaciones. Las víctimas principales de las distintas formas de violencia son las mujeres, los integrantes de los pueblos originarios y las campesinas y campesinos. El gobierno ilegítimo de Yanine Áñez se vio envuelto, además, en casos de corrupción, por ejemplo la compra de respiradores artificiales con sobreprecio.

Las bolivianas y los bolivianos resisten dos embates diferentes pero complementarios: por un lado, el autoritarismo de la dictadura, y por otro, la inacción de ese gobierno ilegítimo ante la pandemia de Covid-19, que está haciendo estragos en la población.

En este marco, el llamado a elecciones, que había sido postergado, aparece ahora como una posibilidad de cambio.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este martes que se llegó a un acuerdo “con distintos actores políticos” para realizar las Elecciones Generales el domingo 6 de septiembre de este 2020.

La presentación del acuerdo se realizó en un acto donde estaban presentes los candidatos Luis Arce (MAS), Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), Tuto Quiroga (Libre 12) y otros delegados de organizaciones políticas.

El acuerdo se plasma en un proyecto de ley que será remitido a la Asamblea Legislativa, informó el presidente del TSE, Salvador Romero. “El proyecto prevé la realización de la Elección General hasta el domingo 6 de septiembre. Una vez publicada la ley, el Órgano Electoral fijará ese día como fecha de la elección general 2020 a través de una resolución”, precisó el documento emitido por el tribunal.

Fuentes del MAS confirmaron que este partido aceptó la propuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de postergar por un mes la fecha de las elecciones, vale decir para el domingo 6 de septiembre.

La razón para diferir el día de los comicios sería, según el TSE, la tendencia de subida de las cifras de la pandemia, y ciertos problemas técnicos que enfrentaría el Órgano Electoral, como la falta de papel suficiente para que se impriman las papeletas.

En este marco, el presidente depuesto Evo Morales indicó que el MAS “siempre defendió el derecho a la vida y la salud”, y destacó el acuerdo que alcanzaron partidos políticos y candidatos para ampliar el plazo de organización de las elecciones, hasta el 6 de septiembre.

Mediante su cuenta en Twitter, el jefe de Estado ilegalmente depuesto afirmó: “Fiel al sentimiento del pueblo boliviano, el MAS defendió siempre el derecho a la vida y a la salud y el derecho político a elegir en las urnas a gobernantes legítimos”.

Evo saludó el acuerdo alcanzado por los diferentes actores, que quedó traducido en un proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que establece acudir a las urnas hasta el 6 de septiembre.

La determinación del MAS (de aceptar la nueva fecha del 6 de septiembre) también se debió a que “partidos de la derecha” impulsan la idea de que las justas electorales se realicen en el próximo año.

A través de un comunicado, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, acogió con “beneplácito” el anuncio de la fecha de las elecciones generales en Bolivia.

“El Secretario General de las Naciones Unidas acoge con beneplácito el anuncio realizado hoy por el Presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, de la nueva fecha para la celebración de las elecciones generales el 6 de septiembre de 2020”, señala el texto de la ONU.

El Secretario General hizo “un llamado a los partidos políticos y las autoridades para que cooperen plenamente con el TSE en la celebración de elecciones pacíficas, transparentes e inclusivas”.

El organismo consideró asimismo que “continuará” apoyando el proceso electoral en Bolivia. “A solicitud del Tribunal y con el apoyo de la Unión Europea, Suecia, Canadá y el Reino Unido, las Naciones Unidas seguirán brindando asistencia técnica al Órgano Electoral Plurinacional, incluso sobre las medidas de mitigación que permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores condiciones sanitarias posibles”.

Represión y tortura en la dictadura de áñez

El diario boliviano Página Siete informó que la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), Emma Bolshia Bravo, develó que la entidad documentó 96 casos de tortura y violencia de Estado ejercida durante la represión policial y militar ocurrida en noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto y en particular en la zona de Senkata de esa ciudad.

En una nota titulada “Fuerzas represivas de Áñez torturaron a 96 personas y detuvieron a niños y jóvenes”, y firmada por María Angélica Michel, se hace referencia al trabajo del ITEI con relación a la violencia estatal.

El trabajo del instituto deja claro, entre otras características del golpe en Bolivia, su carácter racista, neocolonialista y su ensañamiento con las mujeres, los campesinos, las campesinas y pueblos originarios. La organización registró las movilizaciones denominadas “en defensa de la Wiphala” cuando cientos de ciudadanos marcharon levantando la bandera de los pueblos originarios, luego de que policías se arrancaran el símbolo patrio de sus uniformes, la quemaran y la bajaran de los mástiles, tras el golpe contra Evo Morales el domingo 10 de noviembre.

“Hemos estado al día siguiente (de las manifestaciones por la defensa de la Wiphala) en El Alto, nosotros fuimos a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y a las celdas judiciales, no nos dejaban entrar, entonces yo amenacé con que íbamos a realizar una denuncia internacional ante las organizaciones de derechos humanos (…) trataron de impedirnos, luego volvimos con el médico Marcelo Flores y encontramos a la gente terriblemente pegada, terriblemente maltratada”, denunciaron desde el Instituto.

De acuerdo al testimonio, en primera instancia la policía les impidió el ingreso a las celdas, pero ante la presión y la presentación de credenciales, lograron entrar y registrar los testimonios y las marcas de la tortura en los cuerpos de los protestantes.

“Entonces nos dejaron entrar y hubo un muchacho que dijo ´yo les voy a mostrar cómo tengo las piernas´, se bajó el pantalón, tenía las piernas moradas, entonces me taparon y comencé a hacer fotos a través del celular y la gente comenzó a mostrar sus hematomas y sus huellas de la tortura”, contó la directora del ITEI, Emma Bolshia Bravo.

Según informó Página Siete, durante la luctuosa jornada del 19 de noviembre, se registraron 10 fallecidos producto del impacto de proyectiles de armas de fuego y al menos 65 heridos, además de decenas de detenidos. Esa acción de las fuerzas del orden, ocurrida durante los primeros días de la dictadura de Áñez, fue calificada de “masacre” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Ha habido un apresamiento abusivo a tal punto que tenían que justificar que estaban metiendo a la cárcel a sediciosos y terroristas. Ha sido un apresamiento terrible, había incluso un joven de 15 años que tenía deficiencia mental y que era parte del centro de rehabilitación del Sedeges. La mayoría eran jóvenes”, señala la directora del ITEI.

El informe detalla que una de las detenidas, hermana de un manifestante, ante la alerta de vecinos de que su familiar había sido arrestado, salió desesperada y fue arrestada, para luego ser conducida a la cárcel de mujeres de Obrajes. “Ha sido torturada toda una noche, fueron corriendo a su casa a decirle que estaban llevando a su hermano en una camioneta y salió corriendo para saber qué pasó, preguntó ´qué había pasado´ y la subieron a la camioneta como si fuera sediciosa y terrorista. Ahora enfrenta un juicio por sedición y terrorismo”, señalan los investigadores del Instituto, que agregaron que la joven relató que vivió “una noche de terror”, y que fue intimidada y agredida físicamente por policías.

La documentación realizada por la entidad se basa en peritajes psicológicos y médicos, por lo que tiene valor para constituirse en prueba para un juicio de responsabilidades. Además fue presentada ante la CIDH como constancia de lo ocurrido en noviembre.

Bravo explicó que para las víctimas es muy difícil sostener las denuncias por hechos de tortura debido a que sufren el hostigamiento y chantaje por parte de muchas instancias como son la Policía, la Fiscalía y la misma Justicia. “Así también están chantajeando ahora, entonces la gente abandona la denuncia de la tortura”, concluyó.

Fuente: El Eslabón

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