Mientras el Covi-19 no da tregua en territorio brasileño, el anticuarentena y ultraderechista presidente Jair Bolsonaro acusa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de querer quebrar a Brasil con sus recomendaciones frente al coronavirus. 

El mandatario acusó este miércoles a la OMS de desarrollar un plan para “quebrar” la economía brasileña, al recomendar la cuarentena como método para frenar el avance del coronavirus, un día después de que el Congreso aprobara el uso obligatorio del tapabocas en todo el país, el más golpeado por el brote en América Latina con más de 38.000 muertes.

Durante el tradicional saludo a sus simpatizantes reunidos a las afueras de la residencia presidencial, Bolsonaro insinuó que “hay algo detrás del respaldo a la cuarentena” de la OMS, y sugirió que “quiere quebrar a los países”, según reportó la agencia de noticias Ansa.

“Hay una enorme cantidad de problemas económicos, se va a llegar a un punto en el que Brasil va a quebrar”, afirmó el mandatario tras escuchar las penurias económicas manifestadas por sus seguidores.

En un guiño a su homólogo estadounidense Donald Trump, Bolsonaro volvió a amenazar este martes con abandonar la agencia sanitaria de Naciones Unidas, a la que criticó en reiteradas ocasiones por su gestión “ideológica” y “pro China” de la crisis sanitaria.

Desde el inicio de la pandemia, el gobernante minimizó la gravedad de la enfermedad, a la que calificó de “gripecita”, rechazó las cuarentenas para priorizar la economía –que igual se desplomó– y hasta desestimó las medidas de distanciamiento social que recomendaba su propio gabinete.

Esta actitud hizo que su gestión de la pandemia fuese mundialmente criticada, y a ella se atribuye en gran parte que Brasil sea el segundo país con más casos en el mundo, detrás sólo de Estados Unidos, y el tercero con más muertes, con más de 38.000, detrás de Estados Unidos y el Reino Unido.

Pese a esta situación alarmante, Bolsonaro volvió a considerar este miércoles que el aislamiento es más pernicioso que la pandemia, al provocar una crisis económica por la cual “mucha gente está muriendo de hambre, de depresión, por homicidios”.

En ese sentido, criticó una vez más a los gobernadores que siguen “ciegamente” las recomendaciones del máximo organismo internacional sanitario y rechazan sus llamados a la reapertura económica.

Como parte de un nuevo pulso contra los dirigentes estatales, la residencia y el despacho del gobernador del estado amazónico de Pará, Hélder Barbalho, fueron registrados este miércoles por la Policía Federal brasileña en el marco de una investigación por irregularidades en una compra de respiradores para pacientes de Covid-19 por más de 10 millones de dólares.

Sin embargo, Barbalho, quien estuvo enfermo de coronavirus pero ya se recuperó, rechazó en sus redes sociales las acusaciones y dijo que actuó “a tiempo” para evitar “daños al erario público”.

El gobernador de Pará, uno de los estados más afectados por la pandemia en el país, es el segundo en ser investigado por las autoridades federales por supuesto fraude en su gestión de la pandemia.

El pasado 26 de mayo, la residencia del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, también fue registrada en el marco de un proceso que investiga una trama de corrupción que supuestamente desvió dinero en la construcción de hospitales de campaña por la crisis de la Covid-19.

Ese mismo día, Bolsonaro advirtió que habría “más investigaciones” que tendrían como blanco algunos gobiernos regionales sospechosos de fraudes en sus licitaciones para combatir el nuevo coronavirus.

Según el último reporte oficial, que este martes por la noche volvió incluir la totalidad de los datos sobre el brote tras intimar el Supremo Tribunal Federal al Ejecutivo, Brasil es por lejos el país latinoamericano con más infectados y fallecidos, con 739.503 y 38.406, respectivamente.

En un nuevo intento por contener la pandemia, el Congreso aprobó el uso obligatorio de tapabocas en los espacios públicos y medios de transporte de todo el país. La norma prevé que los 27 estados y las más de 5.500 alcaldías tendrán que cobrar multas, cuyo monto no fue establecido, a las personas que circulen por la vía pública sin barbijo, siempre que se haya garantizado previamente su distribución para personas de bajos ingresos.

La legislación, aprobada por la Cámara baja en una sesión virtual, debe ser ahora promulgada por el presidente.

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