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Un derecho. Una oportunidad. Un concepto. Una perspectiva para definir políticas agrarias. Una razón para que todos los argentinos y las argentinas estemos contentos (según el presidente Alberto Fernández). Todo eso puede ser –y es– la soberanía alimentaria o al menos el camino hacia ella. La utopía no es de ahora, es una lucha de años, una bandera muchas veces ninguneada y siempre renovándose, pero que irrumpió en el debate político entrando por la puerta grande: esa que se abre junto con la posibilidad de expropiar Vicentín, la mayor agroexportadora de capitales nacionales de todo el país.

Las organizaciones sociales, los movimientos campesinos e indígenas, científicos, militantes medioambientalistas, agrónomos, cooperativas, comerciantes, productores y más actores sociales se hicieron eco del concepto propuesto por el presidente en la conferencia de prensa del lunes pasado, cuando anunció el proyecto de expropiación de Vicentín. “Estamos dando un paso a la soberanía alimentaria”, dijo Alberto Fernández. Todos y todas entendieron que estaban siendo convocados. No se trata, ahora, de discutir únicamente expropiación sí o no y en qué términos. Es también el momento de definir, o redefinir, las políticas agrarias. ¿Cuál es el rol que van a tener las grandes empresas en la lucha contra el hambre? ¿Qué lugar se le va a dar a las organizaciones de la sociedad civil, los y las representantes de quienes trabajan la tierra y piensan un futuro sustentable para todos, todas y todes?

Deolinda Carrizo, Maximiliano Castillo y Guillermo Montero, representantes, respectivamente, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino y de la Universidad Nacional de Rosario, reflexionaron y analizaron los escenarios posibles frente a la expropiación de Vicentín. Los tres coinciden: las organizaciones tienen que ser parte del debate y dar la lucha para que ese derecho a la sustentabilidad y a la soberanía alimentaria se concrete.

Oportunidad de distribución

Deolinda Carrizo es referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, conocido por sus siglas MoCaSe, territorio al que también llegó Vicentín. Para Carrizo, uno de los caminos que se puede llegar a dar a partir de la ley que expropie a la gran agroexportadora es el que tenga en cuenta la visión y la realidad de los distintos territorios del país. “Lo que no se puede permitir –agrega– es que pocas manos continúen con muchas tierras, muchos argentinos y argentinas con poca tierra, y algunos sin siquiera un pedazo”.

Para ella, una de las claves de la ley que se discutirá es que debe contemplar una contribución al presupuesto de la Ley de Agricultura Familiar Campesina Indígena, aprobada en 2014. “A esta reparación histórica le hace falta presupuesto para poder encaminar un conjunto de propuestas aprobadas por ley y que apuntan a fortalecer la agricultura familiar, campesina, indígena, agroecológica. Nosotros decimos que hay que hacer una vuelta al campo. Ese es el camino de garantizar realmente la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que el poder y el derecho de los pueblos a poder decidir qué, cómo, cuándo producir y el derecho de los consumidores a saber qué es lo que consumen, de dónde viene”, detalla.

Pero además, hace hincapié en la importancia de que el Estado intervenga en el proceso de producción y se ilusiona con que este sea el puntapié inicial para comenzar a darle forma a otro tipo de producción en el país y a otra intervención en el comercio exterior.

En Santiago del Estero, Vicentin ha tenido y tiene propiedades, algunas bajo ese mismo nombre, otras con el nombre de Comagro, “que es otro rostro que ha ido empleando Vicentin para ir comprando incluso posesiones de tierra de familias”, explica Carrizo. Y suma: “También ha tenido algunos conflictos con algunas comunidades; y, de hecho, la práctica que tiene de la explotación de la tierra es una práctica bastante cuestionada en todo el mundo o cada vez más. Las poblaciones se levantan contra el modelo de fumigación constante y permanente que se hace a la soja transgénica y al maíz”.

Según explica la militante del MoCaSe, en su provincia son varios miles de hectáreas las destinadas para la producción de soja y maíz y, por lo tanto, sobre las que se fumigan. Por eso destaca, otra vez, la importancia de ir dando pasos y discusiones que permitan llegar a otro modelo de producción, “que nos permita ser menos agresivos con el ambiente”. Las consecuencias no son pocas: se ve en la salud de las personas, en la contaminación de las napas subterráneas, en la pérdida de la agro biodiversidad y también en la pérdida de territorio de la cultura campesina indígena. “Y esa cultura no solo es de producción de alimentos sanos, variados, sino que es un territorio de saberes y de sabores culturales, económicos y milenarios. Una forma de vida de producción milenaria a la cual cotidianamente se está enfrentando. Entonces, un poco el aporte que el movimiento podría dar para esta nueva etapa o para lo que se venga en nuestro país, son los conocimientos en cuanto a la producción diversificada en la zona”.

Un principio de vida

Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero entienden que la soberanía alimentaria no es un mero concepto. Es, en todo caso, un principio de la vida campesina e indígena, un principio de la humanidad. “Es el derecho de los pueblos a definir su propia política alimentaria, a realizar intercambios de la producción de alimento entre los distintos espacios o regiones de forma de garantizar el funcionamiento de los mercados locales, y es el acceso a la alimentación sana, variada, de acuerdo a los territorios”, define Deolinda Carrizo.

Para ella, el principio implica ir también en contra de las imposiciones de las empresas transnacionales y de los acuerdos de libre comercio que imponen esas corporaciones que mercantilizan la alimentación. “La soberanía alimentaria también, además de la producción de alimentos sanos, variados, promueve las distintas relaciones sociales libres de opresión, de desigualdad, relaciones diferentes entre hombres y mujeres. Concebimos también que la lucha por la soberanía alimentaria es una lucha anticapitalista, tiene que ser una lucha antipatriarcal, tiene que ser una lucha por y con solidaridad, con respeto a las diversidades, donde se defienda no sólo los derechos de hoy de los pueblos que producen y trabajan la tierra, sino que permita también pensar y hacerlo por las generaciones futuras”.

Una victoria política

“Creo que la expropiación es un hecho político que se da por la irresponsabilidad de un gobierno (por el mandato de Mauricio Macri) que nos dejó con altos porcentajes de pobreza. Ahora es responsabilidad política del actual gobierno generar y no perder los puestos de trabajo que estaban en riesgo”, analiza Maximiliano Castillo, miembro de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (Acina). “Nosotros creemos que ésta es una victoria política en la discusión de qué norte queremos y qué queremos para la soberanía, no solamente alimentaria, sino también en la producción de alimentos. Este hecho político debe servir para ir por lo que falta, y lo que falta son un montón de cosas: generar y dar derechos no solamente al campesino que tiene una hectárea, sino también al pequeño productor que no entra en la discusión de disputarle acciones a la multinacional o, en este caso, a una empresa gigante, como es Vicentín”.

Castillo vive en Villa Ocampo, la localidad santafesina que está en boca de todos por los casos de Covid-19. Desde allí, milita en Acina junto a campesinos, campesinas e indígenas de toda la región: Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes. “Ser campesino no es fácil. Nacemos en lugares donde hay muchas desigualdades. Una de las tareas que nos enseñan nuestros padres y abuelos es por lo menos saber producir para sostener la olla”, define. Y agrega: “En eso, hay que entender que la soberanía alimentaria es fundamental”.

Según la definición de Maximiliano, la soberanía es poder otorgar recursos para la adquisición de semillas y el combustible de un tractor. Con recursos se inicia un camino: producción, venta local y regional, contención laboral para los campesinos y pequeños productores, generando así una cadena de distribución de ingresos y no de concentración. “Eso es lo que queremos hacer, colaborando con un Estado que acompaña, porque creemos que, sin lugar a dudas, de esta salimos juntos”.

“El Estado hizo lo que tenía que hacer”, celebra el referente de Acina. Y puntualiza: “El rol de las organizaciones será no perderse en la marcha y entender que hay que apoyar la medida pero no quedarnos sólo ahí, sino que tenemos que discutir y fortalecer lo que realmente nos interesa a estos sectores”. Para Castillo, será fundamental en esta etapa que se abre discutir una mejor distribución de los recursos para transformar y potenciar las producciones agroecológicas, campesinas y de pequeños productores.

“También es un desafío político para la reparación histórica que se debe no sólo al norte santafesino, sino al norte del país y a todas las provincias que no están ligadas a los focos productivos convencionales como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Me parece que hay que mirar más allá de esas provincias y entender que existe la economía social y popular, un estilo de producción que se viene dando por parte de los movimientos sociales. En ese entramado, la producción y la contribución que genera el aporte de los campesinos indígenas a la producción sana es fundamental. Hay que tomarla, empezar a fortalecerla y ejecutar mecanismos políticos y legales para que esto empiece a dar frutos. Por eso no se trata solo del hecho político, sino de ir por más”, continúa.

Liberación o dependencia

“A mí me parece que ha sido una de las cosas más importantes que ha ocurrido en el agro en estos últimos años”, celebra Guillermo Montero, ingeniero agrónomo y secretario del Área de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, Planificación y Gestión de la Universidad Nacional de Rosario. “Al hablar de soberanía alimentaria, el presidente inaugura un discurso que no existía en la Argentina. A mí, sinceramente, me asombró notablemente, porque plantearse que esto (por la expropiación de Vicentín) es para que se incremente la soberanía, nos traé el debate de qué es la soberanía alimentaria. Y creo que el hecho de que Alberto instale en el discurso la soberanía alimentaria nos pone en la posición de hablar de cosas que no se hablaban, nos pone a pensar que el objetivo que hay que tener para tener seguridad alimentaria es justamente que el desarrollo y la producción sean sostenibles. Cómo lograr la sustentabilidad ambiental, social y económica está ahora en cada carpeta para discutir. Y eso quedó inaugurado por el presidente de la Nación”.

Montero, además, sostiene que “a pesar de haber sido maravillosos gobiernos”, la política agraria y ambiental durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner “no ha sido la mejor”. Y entiende que, de la mano de esta expropiación, surge una nueva oportunidad. “Tenemos la obligación de permitirnos pensar que es posible construir otro diálogo entre la justicia social y la justicia ambiental”.

Para el también ex decano de la facultad de Ciencias Agrarias, es necesario –y posible– un modelo de producción agrícola que no necesariamente es el modelo imperante. “La agroecología viene a proponer eso justamente: un futuro diferente para la producción de alimentos y eso es algo posible, algo que estamos construyendo y que hoy entra por la puerta grande”, vuelve a celebrar. También remarca y subraya doblemente: las otras formas de producir no son folclóricas, no son volver a las cavernas, contemplan nuevas tecnologías y otros saberes científicos.

Montero lo dice más de una vez: tiene esperanzas. Sabe que el camino de la expropiación viene para largo y para muchos debates, y que incluso generará resistencias dentro de la misma estructura del gobierno, sea por la expropiación o por la soberanía alimentaria. Sabe también que si alguna empresa multinacional se hacía o hace de Vicentín, “la concentración del mercado granario iba a ser calamitosa, espantosa, increíble dentro de la Argentina”. “Entre los deudores de la agroexportadora hay muchísima gente trabajadora, muchísimos empresarios y parte de la burguesía nacional mediana o pequeña. Si eso pasaba a una multinacional, no sólo no le iban a pagar nunca, sino que no iban a tener participación en las decisiones del mercado agrario. Entonces la soberanía alimentaria cada vez iba a estar más lejos, porque lo opuesto a la soberanía es que los pueblos pierdan la capacidad para poder definir su política agraria. ¡Demasiado definen las corporaciones y los pooles de siembra en este país como para que encima les entreguemos a una exportadora una empresa nacional que acopiaba y exportaba!”

 

Fuente: El Eslabón

 

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