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Con la ley ya en vigencia, el Colegio de Corredores Inmobiliarios y organizaciones de inquilinos gubernamentales e independientes, acordaron normas para su aplicación en la ciudad y en la región sur de Santa Fe. La TGI, por ahora se pagará a medias entre locador y locatario.

La nueva Ley de Alquileres que rige desde el 1 de julio en todo el país, comenzó a aplicarse en Santa Fe en forma combinada con la ley provincial de alquileres. El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario y la región sur de Santa Fe, Andrés Gariboldi, aclaró en diálogo con Télam aspectos vinculados con los costos de los nuevos contratos y las renovaciones con vencimiento entre julio y septiembre, para los “que sigue vigente el decreto presidencial dictado en marzo pasado cuando comenzó la emergencia por el coronavirus”, dijo.

Sobre los montos del contrato, resaltó “que con la nueva ley, los costos por ejemplo de las comisiones inmobiliarias son más bajas y benefician al inquilino”, y agregó: “Por ley provincial en Santa Fe el inquilino pagaba el 5 por ciento del valor total del contrato por dos años. Ahora con un contrato por tres años esa comisión se calcula en base al valor establecido del primer año”.

Para el dirigente inmobiliario, otro aspecto de la nueva ley nacional y que beneficia al inquilino de Santa Fe es el pago del impuesto inmobiliario. “Antes, en Santa Fe por ley provincial ese gravamen lo abonaba el inquilino y ahora por ley nacional estará a cargo del propietario”, precisó.

En esa línea apuntó “que en Rosario el inquilino también paga una Tasa General de Inmuebles (TGI) que incluye un porcentaje de gravamen inmobiliario”, y reveló que en ese sentido junto con organizaciones de inquilinos se ha logrado un acuerdo “que llevará equilibrio a las partes”.

“Queremos aliviar los costos para ambas partes y hasta tanto el municipio se exprese sobre qué porcentaje corresponde al impuesto inmobiliario, hemos decidido que esa Tasa municipal en los nuevos contratos la abonarán en partes iguales del 50 por ciento el locatario como el locador”, señaló Gariboldi, y adelantó que el convenio será firmado la semana próxima.

Finalmente, respecto a la renovación de contratos con vencimiento a partir del 1 de julio que coincide con la aplicación de la nueva ley, recordó que “sigue vigente el decreto presidencial de necesidad y urgencia 320/20, hasta el 30 de septiembre. Esa norma de emergencia está por encima de la ley que fue sancionada y promulgada después”.

“Los contratos que venzan entre el 1 de julio y el 30 de septiembre deben ser renovados con fecha del 1 de octubre, porque los alquileres están congelados y el inquilino no puede ser desalojado”, añadió el dirigente empresarial.

Por su parte, el coordinador del Consejo Asesor de Viviendas e Inquilinos del Concejo Municipal de Rosario, Ariel D’Orazio, en contacto con Télam, pidió a los inquilinos hacer “respetar sus derechos a partir de la nueva ley”.

Al confirmar el acuerdo de normas establecido con el Colegio de Corredores Inmobiliarios que será rubricado la semana próxima, el consejero local de los inquilinos señaló que en la primera semana de su aplicación se han detectado “abusos” de parte de inmobiliarias y propietarios.

“Los inquilinos han denunciado aumentos de alquileres y que algunas inmobiliarias siguen ofreciendo contratos por dos años, por lo que nosotros vamos a denunciarlos ante los organismos que correspondan para que se cumpla una ley de la democracia que garantiza transparencia y equidad”, abundó D’Orazio.

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