La Legislatura porteña aprobó una norma para ordenar la actividad de las Apps que algunos sectores de trabajadores cuestionaron. Hubo disturbios entre dos sectores de cadetes en las afueras del recinto.
La Legislatura porteña aprobó este jueves la Ley que regula las aplicaciones de delivery, que establece, entre otras cosas, que los repartidores deben estar habilitados y contar con seguros laborales, al tiempo que prohíbe el sistema de incentivo y castigo a los trabajadores. Pero la norma despertó opiniones encontradas de la Asociación de Personal de Plataformas (APP) y mientras se sesionaba, se produjeron algunos disturbios, originados por una interna entre miembros de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm) y un grupo de repartidores no sindicalizados.
Desde temprano integrantes de la Agrupación Trabajadores de Reparto (ATR) protestaban frente a la Legislatura porteña en rechazo al proyecto.
Un documento de la Asimm, que conducen Marcelo Pariente y Maximiliano Arranz y tiene personería gremial, repudió el intento oficial de modificar “la ley que cobija al personal” del sector y denunció que el texto de la iniciativa fue redactado “a medida y capricho de las plataformas y las multinacionales”.
“Se trata de defender la relación de dependencia que el oficialismo porteño pretende poner en duda con una reforma bochornosa que solo acomoda la legislación al modelo de negocio de las transnacionales, basado en la explotación y la precarización laboral de los trabajadores”, puntualizó.
Los dirigentes señalaron su “confianza” de que en “el corto plazo el gobierno nacional determine límites a la voracidad de esas aplicaciones y las obligue a reconocer la relación de dependencia de los trabajadores”, enfatizaron.
Los dirigentes gremiales señalaron que ello posibilitará que “el insólito intento de Rodríguez Larreta de convertir a la ciudad de Buenos Aires en una zona libre de derechos laborales quede solo en el lugar de una triste anécdota”, añadieron.
“La relación de dependencia no se discute, se defiende. El gremio rechaza y repudia la posibilidad de que los trabajadores de la actividad vivan precarizados y mueran desprotegidos y se opone al cambio de la Ley 5.526”, concluyeron.
La voz de los legisladores
“Los repartidores y mensajeros asumieron un rol esencial durante el aislamiento, permitiendo a muchas personas, incluso a aquellas que forman parte de los grupos de riesgo, acceder a los productos que necesitan sin salir de su casa”, dijo durante la sesión de la diputada de Vamos Juntos (VJ) Cristina García de Aurteneche, autora del proyecto de Ley.
La nueva norma busca ordenar una modalidad de trabajo que adquirió centralidad con la cuarentena por la pandemia y que alcanza a los servicios popularizados por plataformas digitales como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.
Según informó García de Aurteneche, el objetivo de la iniciativa es “mejorar la seguridad vial de los repartidores y sus medidas de protección”, además de establecer “reglas claras de circulación”.
El diputado Marcelo Guouman, de UCR-Evolución, quien acompañó el proyecto, afirmó que también se contempla “el proceso social que hay detrás de lo que se intenta regular”, ya que “sin seguridad jurídica, las empresas no pueden crecer y los usuarios no pueden ejercer sus derechos”.
En su articulado, la norma define “tres actores clave con responsabilidades, obligaciones y sanciones definidas: el prestador de servicio -empresa tradicional que comercializa un servicio-, los repartidores y mensajeros y las aplicaciones -como intermediarias del proceso-¡”.
Al definir a las aplicaciones como “intermediarias”, la Ley recibió críticas desde la Asociación de Personal de Plataformas (APP), que sostuvo en un comunicado que “el proyecto aprobado habilita a las empresas de plataformas como intermediarias de oferta y demanda y las exime del cumplimiento de toda normativa laboral y tributaria”.
Respecto a las plataformas y a los prestadores de servicio, el proyecto original incorporó algunas propuestas del bloque opositor del Frente de Todos (FdT), entre ellas obligar a las empresas a que garanticen a los trabajadores los elementos básicos para su seguridad vial y sanitaria y, también, la obligación de contratar, a su exclusivo cargo, seguro de vida, responsabilidad civil y de accidentes personales para los repartidores.
“Reconocemos la predisposición del bloque oficialista para modificar el proyecto original”, dijo el diputado Santiago Roberto (FdT). Sin embargo, agregó que “hoy las apps son el canal de venta más utilizado por los comercios, y los comerciantes pagan comisiones de hasta un 35 por ciento sobre cada venta, las que son estipuladas unilateralmente por las empresas de delivery. En vista de estos abusos es que proponemos un tope máximo del 15 por ciento (…) Si bien se han incorporado cambios, no acompañamos este proyecto porque aún no están garantizados en su plenitud los derechos de los trabajadores, los comerciantes y los usuarios”.
Es que la norma, que implica modificaciones al código de tránsito y transporte porteño, está enfocada principalmente en la seguridad vial y elimina los sistemas de incentivos de las empresas, por considerar que “incitan a los repartidores a incumplir con las normas de tránsito”.
En otro punto, la ley establece que el servicio de mensajería o reparto a domicilio “puede ser prestado por personas humanas o jurídicas siempre que cuenten con la correspondiente habilitación”.
Para obtener dicha habilitación, los repartidores deberán estar inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), y acreditar no poseer infracciones de tránsito.
La ley fue aprobada con 39 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, correspondiendo estas últimas al bloque del FdT.
Fuente: Crónica- Télam
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