Como una gran cantidad de gremios, para el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop Rosario), la ley de ART aprobada por Senadores, en su esencia “beneficia a los empleadores y a las aseguradoras y extorsiona a los trabajadores a tomar indemnizaciones muy bajas”.

Sadop Rosario aseguró que el tratamiento de la ley de ART en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe es el último estamento para la definitiva adhesión por parte de la provincia. Ante ello, el gremio rechaza la adhesión por considerarla extorsiva y por considerar que muchos accidentes y enfermedades de trabajo suceden porque no se invierte en la prevención y una vez acontecidos lo que pretenden es que esas víctimas se conformen con lo que se les da y se dejen de embromar.

“Está pensada por el neoliberalismo para impedir el acceso de los trabajadores y trabajadoras a una reparación integral ahorrando al empleador dinero en indemnizaciones que debe por su falta de cuidado”, sentenció Martin Lucero, secretario general de Sadop Rosario.

Desde la entidad suman como argumento de rechazo, lo esgrimido por el abogado laboralista Jorge Elías para quien “la ley 27.348 es un intento macrista para frenar los juicios en un intento por bloquear el acceso a la justicia”. Y detalla que para lograr ese objetivo el trabajador tiene que concurrir obligatoriamente a la Comisión Médica que le corresponda para efectuar su reclamo; que una vez terminado el trámite ante la comisión, si la respuesta de ésta no es satisfactoria, el trabajador sólo puede “apelar” ante la justicia laboral y fija que el plazo para hacerlo de cinco días.

El tratamiento de la ley de Art en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe es el último estamento para la definitiva adhesión por parte de la provincia. Ante ello, Sadop Rosario rechaza la adhesión por considerarla extorsiva y por considerar que muchos accidentes y enfermedades de trabajo suceden porque no se invierte en la prevención y una vez acontecidos lo que pretenden es que esas víctimas se conformen con lo que se les da y se dejen de embromar.
“La extorsión es clara: se acepta la miseria que se propone como pago o se va a un juicio de final impredecible y dudoso. Lo que pone al descubierto es un total desprecio por la legalidad y como se ve, los mecanismos para impedir los reclamos son muchos y siempre beneficiosos para el empleador y las aseguradoras”, argumentó Lucero.

Y Agregó que es “un disparate jurídico porque en tal caso la incapacidad y la suma aceptada por la ART ya se devengaron, y deben pagarse, y no hay razón que no sea el chantaje para impedirle cobrar lo que le corresponde, por el sólo hecho de que cree tener derecho a más“.

 

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