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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este lunes sin prisión preventiva al ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y al ex titular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.

Además, en la misma resolución, el magistrado fijó para el próximo viernes la declaración indagatoria al ex ministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich, y para el lunes la del ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ambos a las 10, según la resolución de 160 carillas, a la que accedió Télam.

Los ex funcionarios habían sido citados ya a indagatoria en el caso, pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite que se hará por videoconferencia a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Canicoba resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, luego de que ambos se negaron la semana pasada a prestar declaración indagatoria y sin esperar a que concluya la ronda de imputados que deberán presentarse en la investigación.

“Podemos observar que las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes –públicas y privadas– que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso”, sostuvo el juez en la resolución.

Canicoba se refirió a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, los que “resultaron contrarios a las normativas vigentes” en un acto “perjudicial para las arcas del Estado”.

“A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados”, analizó el juez.

La pesquisa gira en torno también a un reconocimiento a las empresas de multimillonarias cifras por inversiones “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”. 

Canicoba Corral recordó que se argumentó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)” en base a una demanda contra la Argentina “que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.

Pese a todo ello, el 26 de junio de 2018 “se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste”, remarcó.

El juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA. El Estado “terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas”, concluyó el magistrado. 

Los procesamientos fueron dispuestos con embargos de 500 millones de pesos para cada uno. En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas vinculadas al expresidente Macri.

En la causa están imputados, además, los empresarios responsables de ambas empresas, cuyas fechas para declaración indagatoria se fijarán a medida que se concreten las citaciones a los exfuncionarios.

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