Mari Cáceres tiene 54 años y desde el 2001 vende ropa usada en la Feria del Tanque, ubicada en Maradona y Rouillón. Fue lo que encontró para paliar la crisis económica y nunca se fue de ahí. Mari tiene 3 hijos, ningún marido y la feria, asegura, es su vida. Desde el 20 de junio, la Feria del Tanque, su lugar de trabajo, es una de las 20 ferias de Rosario que está habilitada para funcionar, protocolo de higiene y seguridad mediante. Es la primera vez que las ferias populares pueden trabajar con permiso del Estado: el único proyecto de ordenanza que existe para regularlas se presentó en 2016 y todavía descansa en los pasillos del Concejo.

En la Rosario pandémica, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, habilitó 20 ferias: 3 corresponden a Cultura, 8 son ferias populares (es decir, que se desarrollan en los barrios) y 9 son de economía social o de cooperativas que se organizan a través de esta área municipal. En total, se involucran 5 mil trabajadoras y trabajadores. Y, aseguraron desde Desarrollo Humano y Hábitat, en Rosario hay ferias todos los días de la semana.

Nicolás Gianelloni, al frente de la cartera, destacó el diálogo con cada uno de estos espacios y los protocolos de higiene y seguridad que lograron establecerse pese a que no existe marco regulatorio para las ferias populares. De hecho, el funcionario consideró que la experiencia puede ser el puntapié para que al fin se sancione alguna ordenanza que le dé un marco legal a las ferias que no dependen directamente de la Municipalidad.

Al momento, ese vacío normativo era el que generaba conflicto entre feriantes, vecinos y controles, y pese al diálogo con la dirección de la economía social, la resolución quedaba siempre en manos de inspectores y agentes de la Guardia Urbana Municipal. La pandemia forzó el diálogo y aceitó mecanismos: ahora se le avisa a las áreas de control cuáles son los acuerdos y habilitaciones pactadas para evitar desalojos.

Diálogo y solidaridad

Apenas comienza el diálogo con El Eslabón, Mari Cáceres se solidariza con el artesano que sufrió la represión de las áreas de control. “Nos dolió mucho porque es una persona que estaba laburando como nosotros”, remarca la mujer. También marca una diferencia: no es la misma situación. No es lo mismo ser artesano que feriante, no son las mismas las ferias del parque que las populares y barriales. Cabe señalar que los marcos regulatorios también son distintos: los artesanos entrarían en el rubro de vendedores ambulantes, las ferias de Cultura y Economía Social tiene su propio reglamento y las ferias populares todavía son ilegales. Los grises aparecen siempre. Al igual que con los bares culturales y la ordenanza de la noche, la mayoría de las veces, la interpretación de qué es legal o no, o qué es una infracción o no, queda librada al inspector de turno.

Las ferias populares trabajan desde el 20 de junio, organizadas bajo un protocolo definido junto con la Municipalidad. Por ahora, cada uno de estos 8 espacios barriales tiene permiso para funcionar únicamente los domingos. De esta forma, se realizan en simultáneo y descomprime, porque los feriantes se quedan cada uno en su barrio. En la Feria del Tanque, pasaron de ser 2 mil puestos a 350.

“Nosotros estamos desde 2001 y es la primera vez que podemos trabajar. Hay una red armada y estamos discutiendo una ordenanza mucho más completa de la que ya se presentó. Tiene más reconocimiento a los que viven de la ciruja, por ejemplo”, rescata Cáceres. Y remarca: “La peleamos duro, la verdad, pero discusión a discusión hemos llegado a un acuerdo. En 2016 no nos reconocían y lo que hacía la GUM directamente era ir a sacarnos la mercadería. Siempre enfrentamos un montón de obstáculos: fuimos los negros de mierda del barrio, no éramos reconocidos y nos discriminaban. Eso no nos hizo flaquear, sino ser más fuertes para defender nuestros puestos de trabajo. Siempre estuvimos organizados, pero nunca nos habían querido reconocer”.

Aliades

“El objetivo del proyecto de ordenanza que presentamos es que se reconozca a los feriantes como trabajadores y trabajadoras y que sean sujetos de políticas públicas, porque entendemos que así como resuelve el problema de trabajo de muchísimos rosarinos y rosarinas, también resuelve las necesidades de consumo”, explicó el concejal Eduardo Toniolli. “Pero además, buscamos la imposición de algunas obligaciones que hacen a la convivencia, el uso del espacio público e incluso la trazabilidad de la mercadería, que busca darle un grado de formalización a esa actividad”.

El proyecto presentado por el edil del bloque del Frente de Todos se presentó en 2016 y ya perdió estado parlamentario dos veces. Este año volvió a ingresar al Concejo y espera ser debatido.  “Nosotros entendemos que se perdió mucho tiempo porque la gestión anterior no quería ni oír hablar del tema”, manifestó Toniolli a El Eslabón. “Los organismos que se mandaban a relacionarse con los feriantes fueron siempre los de Control Urbano, la Gum, etcétera, y, eventualmente la fuerza de seguridad. Y nosotros entendíamos que había que tomarlo desde otra perspectiva, no pensando a la feria como enemiga del Estado y del comercio formal, sino muy por el contrario, como un dispositivo con el que el Estado puede aliarse y resolver muchos problemas de nuestra comunidad o, por lo menos colaborar, para resolverlo”.

Según Toniolli, de haberse aprobado la ordenanza, habría existido un marco mucho más aceitado para este momento. También destacó la relación que se abrió durante la pandemia puede ser la base para volver a discutir el marco regulatorio. “Lo que vemos como negativo es que en los últimos días hubo un retroceso a partir de estos hechos que sucedieron con algunos artesanos, donde nuevamente aparecen la Gum y los organismos de control como la cabeza de lanza de la regulación del Estado municipal con algunos actores. Creemos que eso es algo a no repetir”.

Fuente: El Eslabón

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