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Mediante un comunicado oficial desde la multisectorial plantearon: «Expresamos nuestra preocupación y repudio a los gravísimos hechos denunciados el día de hoy por el ministro de Seguridad Marcelo Saín con el patrocinio de la abogada Nadia Schujman que involucran sucesos políticos institucionales de extrema gravedad referidos a la causa judicial por torturas y desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco».

En ese orden sostienen : «El informe presentado ante la justicia puso en conocimiento dos hechos sumamente graves e intrínsecamente relacionados. En primer lugar, se evidenció la violación de la Ley Provincial Nº 13230, la ley de ética en el ejercicio de la función pública por parte de les abogades defensores de cinco policías de Asuntos Internos imputades en la causa de Franco Casco, José Manuel Alcacer Crosignani y su socio Lucas Peirone, que en el momento en que tomaron la defensa de les imputades en el año 2017, aún no había transcurrido el período de gracia de dos años a partir del cese de funciones públicas. José Manuel Alcacer se había desempeñado como Asistente Técnico Nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia (gestión Raúl Lamberto). Dicha área política dependía, nada más y nada menos, que de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia (área que tenía como objetivo principal ejercer el control e investigación de casos de apremios ilegales, delitos y corrupción policial). Mientras que Lucas Peirone se desempeñó como asesor político de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Lo que dio por demostrado, y reseñado en la denuncia no solo la evidente incompatibilidad de funciones por conflicto de intereses, sino también que ambos letrados “tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, en la causa penal de Franco Casco”.

Asimismo, el informe relevado y la posterior denuncia, dan cuenta del delito de peculado que sucedió en la gestión del ex ministro de seguridad Maximiliano Pullaro. Durante los meses de octubre del 2017 y septiembre del 2018, desde la misma Dirección de Asuntos Internos el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad del Ministerio David Reniero ordenó que se utilizaran fondos públicos (fondos reservados) para la erogación de los honorarios de dichos abogados particulares (Alcacer y Peirone) que defendieron al personal de la ya nombrada Dirección de Asuntos Internos, imputados por encubrimiento, ocultamiento y alteración de pruebas o instrumentos del delito de privación de la libertad seguida de muerte de Franco Casco además de no haber denunciado la perpetración del delito mencionado.

Franco Casco fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte en octubre de 2014. Distintas medidas probatorias llevadas a cabo durante la investigación en la causa judicial permiten afirmar que a Franco lo sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el calabozo de la Comisaría 7ma de Rosario y su cuerpo arrojado al Río Paraná. Los hechos descritos en la denuncia penal del Ministerio de Seguridad no hace más que poner en total evidencia lo que venimos denunciando reiteradamente hace años, la compleja trama de complicidades y participación de los funcionarios públicos que afirman una vez más el encubrimiento estatal sistemático a policías implicados de obstruir la etapa de instrucción, falsear datos y encubrir el delito perpetrado en un caso emblemático de violencia policial en Rosario.

 

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