Concejales y concejales del bloque del Frente de Todos-PJ, manifestaron su apoyo al ministro de Seguridad Marcelo Saín, luego que éste denunciara a su antecesor, Maximiliano Pullaro, por proteger a los efectivos oficiales acusados de asesinar a Franco Casco.
En ese sentido las y los ediles peronistas manifestaron: «apoyamos y valoramos la presentación del Ministerio de Seguridad, a través de su titular, Marcelo Saín, con el patrocinio de la abogada Nadia Schujman, ante la Unidad de Delitos Complejos del MPA santafesino, denunciando que durante la gestión de Maximiliano Pullaro la provincia de Santa Fe pagó los honorarios a los abogados que defendieron al personal policial de la Seccional 7 de Rosario que asesinó al joven Franco Casco en octubre de 2014.
En octubre de 2014, Franco de 21 años y oriundo de Florencia Varela (Buenos Aires), estaba en Rosario visitando a unos familiares. El último registro con vida fue su paso por la seccional 7 de policía. Veintitrés días después, su cuerpo fue rescatado de las aguas del Paraná. La causa judicial tuvo varias irregularidades y gracias al reclamo de la familia Casco y de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, logró el cambio de carátula por “Desaparición Forzada”.
Los concejales Norma López, Eduardo Toniolli y Alejandra Gómez Sáenz sostuvieron: “Esperamos que esta presentación ante el MPA, constituya un acto de reparación a Ramón Casco -papá de Franco- y al resto de su familia, que aún siguen pidiendo #JusticiaPorFranco. No se equivocaba la entonces fiscal federal Mabel Colalongo cuando insistía en la investigación como desaparición de persona y sobre la responsabilidad policial. Vaya para ella un gran recuerdo”.
“Tampoco nos equivocábamos cuando señalábamos el silencio de la gestión de Lisfchtiz y Pullaro sobre las manifestaciones frente a Tribunales Federales de efectivos policiales en defensa de sus pares responsables del destino del joven, un silencio que habilitaba a seguir en las mismas acciones.
El gobernador Omar Perotti se comprometió a desbaratar engranajes delictivos amparados por el Estado provincial. Es un buen comienzo”, concluyeron.
