Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

Antes de cumplir un año en su función de Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, el ahora destituido Patricio Serjal Benincasa encaró una de las tareas menos visibles pero más importantes de su novel gestión: desarticular la Unidad de Delitos Económicos y Complejos cuyos fiscales incomodaban con investigaciones a un grupo de senadores e instruir a su titular, Sebastián Narvaja, para que desistiera de la acción penal por el delito de lavado de activos en concurso real con falsificación ideológica de instrumento público y asociación ilícita contra el gerente del Multimedios La Capital, Pablo Abdala, y el corredor de bolsa y desarrollador inmobiliario de las torres Aqualina, Jorge Onetto. Es decir, garantizar la impunidad del poder político-económico-mediático santafesino, el “pacto de gobernabilidad” del que habló Omar Perotti en su discurso de asunción.

Instructor en una Fiscalía en San Pedro, provincia de Buenos Aires, Serjal concursó y ganó un cargo de fiscal en Rosario durante la gestión de Antonio Bonfatti, cuando se puso en marcha el nuevo sistema procesal penal de Santa Fe. Fue asignado a la Unidad de Flagrancia.

A fines de 2016 se presentó al concurso para el cargo de Fiscal Regional de Rosario. Llamó la atención de operadores judiciales que en marzo de 2017 hubiera resultado en primer lugar en el orden de mérito, “superando ampliamente las pautas de evaluación” y por sobre los fiscales de la Unidad de Homicidio que también concursaron el cargo, Adrián Spelta y Miguel Moreno.

En el concurso no hubo evaluación de gestión de los postulantes –atento a que todos eran fiscales en ejercicio–, ni se contrastaron antecedentes. También se objetó que Serjal tenía poco tiempo de residencia en Santa Fe, puesto que provenía de Buenos Aires.

De esa terna, el entonces gobernador Miguel Lifschitz escogió para enviar a la Asamblea Legislativa el nombre de Serjal Benincasa. Con 49 votos positivos y 8 abstenciones, fue aprobado por unanimidad.

Megaestafa

Un poco antes de eso, en octubre de 2016, los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot, imputaron a 15 personas en una causa por cinco casos de presuntas estafas inmobiliarias consistentes en desapoderar a los propietarios legales –mediante poderes truchos rubricados por escribanos– y simular ventas para darle viso de legalidad a su reinserción en el circuito lícito.

Para Narvaja, existía un posible vínculo entre esas operaciones fraudulentas y el dinero negro del narcotráfico que buscaba blanquearse en operaciones formales, a raíz de la participación en ese esquema de dos personas con algún vínculo con la banda Los Monos y una tercera con el asesinado “empresario” Luis Gringo Medina, sindicado como jefe de una organización de comercio de estupefacientes.

El caso más resonante fue el de la apropiación de un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia, cuya dueña es la viuda de un excamarista de Rosario. El gerente del diario La Capital, Abdala, y el contador Marcelo Jaef lo tuvieron registrado a su nombre entre el 4 de julio de 2014, cuando se lo compraron al sindicalista Maximiliano Rodrigo Fabián González De Gaetano por la ridícula suma de 3,2 millones de pesos, y el 27 de mayo de 2015, fecha en la que “vendieron el inmueble obtenido ilícitamente a Jorge Oneto –quien conocía la procedencia ilícita del mismo– en la aparente y vil suma de 3,5 millones de pesos”, señaló la acusación.

Los investigadores indicaron al momento de efectuar las acusaciones que el comprador en las sombras, cuando el campo fue transferido de Abada y Jaef a Oneto, era Leandro Lelo Pérez.

Antes de aparecer en las páginas policiales, Lelo estuvo en las de espectáculo por mantener un presunto y fugaz romance con la vedette Vicky Xipolitakis. En su acusación, Narvaja indicó que Pérez “canaliza movimientos de fondos ilícitos a través de la compra y venta de autos de alta gama, valiéndose de la posibilidad de comprar y vender vehículos sin figurar registralmente en las operaciones”.

El 4 de abril de 2017 Narvaja pidió elevar la causa a juicio oral y adelantó las penas que pediría para cada uno de los imputados: 4 años y 6 meses de prisión para el ejecutivo del Multimedios La Capital e igual monto para el desarrollador Onetto, los dos hombres más poderosos que habían quedado bajo proceso.

El 7 de abril de 2017 el gobernador Lifschitz designó a través del decreto 675 a Serjal como jefe de los fiscales de Rosario. Y esa historia torcería su rumbo.

Muy oportuno

A pesar de que durante el proceso diez jueces aceptaron las imputaciones y evidencias de Narvaja, a mediados de 2018 Serjal instruyó al fiscal para que desistiera de la acción penal contra Abdala y Oneto. Es decir, que dejara de acusarlos, a cambio de la devolución del campo apropiado indebidamente y de un resarcimiento económico a la víctima.

Narvaja –por instrucción de su superior– fundó el acuerdo resarcitorio en la aplicación del denominado criterio de oportunidad establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, que permite al Ministerio Público de la Acusación no promover o prescindir de la acción penal en casos específicos enumerados en la norma.

Se utilizó el artículo segundo, que dice que podrá desistirse de la persecución penal “cuando se trate de hechos que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público, salvo que fuesen cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo o que se hubiesen utilizado armas de fuego para la comisión”.

Es decir que la Fiscalía pretendía desistir de la acusación contra Oneto y Abdala equiparándolos con dos desgraciados que se roban una revista al pasar frente a un quiosco de diarios. Y la sociedad se perdía la oportunidad de que una causa por lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico, llegara a juicio y tuviera como acusados a quienes nunca aparecen en las páginas policiales.

Sin embargo, un tribunal rechazó en agosto de 2018 homologar el acuerdo que consistía en trocar dinero por impunidad, al considerar que el entendimiento es “incoherente e incongruente”; que ya es tarde para desistir de la acción penal contra los acusados y que, además, eso violaría el principio de igualdad ante la ley con el resto de los implicados, estableciendo así imputados y víctimas “de primera y de segunda”.

La resolución firmada por los jueces Héctor Osvaldo Núñez Cartelle, Hernán Fernando Postma y José Luis Suárez (este último en disidencia), señaló que el principio de legalidad del proceso se impone al de oportunidad –valorado por la Fiscalía para desafectar del caso a Oneto y Abdala– y que, en oposición al acuerdo celebrado entre las partes, el interés público sí está afectado.

Los poderosos imputados recurrieron a la Cámara y el juez Daniel Acosta se encontró con una encrucijada: cuando debía resolver el conflicto, no existía ninguno. Narvaja volvió a explicar entre dientes que por instrucción de Serjal desistía de la acusación. El caso se resolvió con plata: Abdala y Oneto arreglaron con un departamento, una oficina y unos 200 mil dólares y quedaron libres de culpa y cargo.

Serjal dijo esta semana a Televisión Litoral que Narvaja quedó dolido porque quería ser Fiscal Regional, cargo que finalmente obtuvo él. Narvaja respondió que el final de la carrera de su superior “se corresponde con una actitud corrupta”. “Las decisiones de Serjal tuvieron impacto en mi carrera y no fui el único”, agregó a Radio Dos.

De un plumazo

El 16 de febrero de 2018, unos meses antes de que Narvaja tuviera que desistir con el codo lo acusado con la mano, una disposición firmada por Serjal inició el camino que garantizaría cierta protección a cuatro senadores provinciales que eran investigados por presuntos ilícitos. Y que sirvió de herramienta pedagógica para quien no entendiera cuál es el criterio de selectividad del sistema penal: los poderosos no.

“A fines de ser más operativo el modo de trabajo se definió la reestructuración de los recursos humanos de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos”, informó entonces el MPA sobre el apartamiento de Narvaja de dicha unidad.

También mencionó que se tuvo en cuenta “la proliferación de pedidos de apartamiento de causas al Fiscal Regional de los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos”, que incomodaban con investigaciones al poder económico y mediático.

El mismo viento reestructurador arrastró al fiscal Adrián Mac Cormack desde Delitos Económicos y Complejos al placentero destino de revisar “las causas de ejecución penal correspondientes al sistema conclusional de causas penales”.

El senador justicialista Guillermo Cornaglia y su antecesor en la representación del departamento Belgrano, Alberto Crosetti, eran objeto de investigación judicial por el presunto desvío de más de un millón de pesos en el primer caso, y por una denuncia de enriquecimiento ilícito en el segundo. Otros dos senadores del Partido Justicialista (PJ) también eran investigados.

La disposición de Serjal aclaraba que “ambos fiscales continúan llevando adelante las causas donde hayan realizado audiencia imputativa para garantizar el proceso y no entorpecer y garantizar el correcto desenvolvimiento de investigaciones con personas ya imputadas”. Eso no constituía un escollo: ningún legislador había sido acusado aún y para Abdala y Oneto había –como dijeron los jueces que se opusieron al acuerdo resarcitorio– un “perdón sacramental” ordenado por la cabeza del MPA en Rosario.

El aleccionamiento se extendió a lazos de parentesco. También fue removida la esposa de Narvaja, la fiscal Carla Cerliani, que estaba a cargo de la unidad de Delitos Sexuales. Allí fue reemplazada por Nora Marull, de extensa trayectoria en el Poder Judicial e involuntariamente prima de Abdala, el ejecutivo de la empresa que edita el diario más antiguo del país.

Protección

En noviembre de 2019 Serjal enfrentó el inicio de un proceso disciplinario en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, la que posee la facultad de sancionar a los fiscales ante “faltas graves”. La entonces diputada Alicia Gutiérrez planteó suspenderlo en el cargo por una conducta antiética y se iniciara una investigación.

Serjal había intervenido en una denuncia penal por delitos económicos iniciada por Omar Santero (dueño de la empresa Carrocera Sudamericana) contra su socio Rómulo González, a la vez titular de Auto Rosario (concesionaria de Toyota en el barrio de Fisherton), resolviendo archivar el caso, en la misma línea que ya lo habían dispuesto tres fiscales de grado que habían participado del legajo, que antes había pasado por la Justicia civil.

Pero a diferencia de esos tres fiscales, menos de un mes después de ese archivo Serjal compró dos autos cero kilómetros en la concesionaria de González, a quien había beneficiado con su decisión.

Una resolución del Fiscal General, Jorge Baclini, consideró que “mediante un simple análisis se puede advertir que la fecha aproximada de fines de junio (de 2019) que el Fiscal Regional señala como inicio de su gestión con Auto Rosario SA tendiente a la adquisición de un Etios y un Corolla (que según sus dichos finalmente se concretó en julio) es coincidente con la fecha de la resolución de la Fiscalía Regional a su cargo (18/06/2019) en una causa en la cual aquella firma se encontraba directamente interesada con su titular imputado”.

La Comisión de Acuerdos designó al diputado Carlos del Frade como acusador. Esta semana, luego del escándalo por el presunto cobro de coimas a un capitalista de juego clandestino en el que está implicado Serjal, Del Frade recordó que el trámite para acusarlo por el asunto de los autos se extendió más de lo razonable: “Demoró nueve meses. Me bicicletearon con la constitución de la Comisión de Acuerdos. No libraron ninguno de los 28 oficios que pedí”.

Para el diputado, “hay un acuerdo entre legisladores de distintos partidos por los favores que les hizo Serjal con el retiro de causas. Por eso tiene protección”.

Del Frade agregó que durante aquel proceso contra el Fiscal Regional “me hicieron la vida imposible. Ni en la presentación que hice pude terminar de hacer la acusación. Siempre me corrieron el arco”.

Alicia Gutiérrez, por su parte, sostuvo que “con la separación preventiva del fiscal Serjal en diciembre podríamos haber evitado crímenes y actos de corrupción”, en relación a la causa de las coimas que se conoció en los últimos días.

“Quiénes tienen responsabilidades –siguió– son sin dudas los senadores y diputados que lo protegían”. No dio nombres, pero exhibió las firmas de los legisladores en el acta de admisión del proceso de remoción y los casilleros vacíos. No la rubricaron los senadores peronistas Rubén Pirola y Joaquín Gramajo ni los diputados radicales Julián Galdeano y Patricia Tepp ni Alejandra Vucasovich, de Cambiemos.

Para comprender cómo opera el pacto de gobernabilidad en Santa Fe hay que abandonar el esquema binario de buenos y malos que coloca a unos y otros en tal o cual fuerza política, la de los sanos y honestos y la de los feos, sucios y malos. Es transversal, por complicidad o comodidad.

Otro senador, el representante del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, apareció mencionado en la audiencia imputativa de esta semana en la que el fiscal Gustavo Ponce Asahad terminó imputado por cohecho e incumplimiento de sus deberes y con prisión preventiva.

A las 20.40 del 10 de julio pasado sonó uno de los teléfonos celulares registrados a nombre de Leonardo Peiti, el capitalista de juego ligado a una banda de extorsionadores vinculada a Los Monos cuyo “arrepentimiento” iluminó la causa por presuntas coimas a fiscales.

Por indicación de Ponce Asahad, Peiti había dejado de usar esa línea porque estaba intervenida a pedido del Organismo de Investigaciones. Le dio el aparato a su secretaria, que fue la que atendió el llamado la noche del 10 de julio.

—Secretaria: Sí, quien habla.

—Masculino: Sí, buenas noches, Darío Scataglini, necesitaría hablar con Leo.

—Secretaria: Mirá, habla la secretaria, yo tengo este teléfono pero le aviso que lo llamaste y que se comunique.

—Masculino: Si, te dejo un número por favor

—Secretaria: 6814, Dario…

—Masculino: Llamo de parte del senador Traferri,

—Femenino: Bueno, le digo

Darío Scataglini, ex diputado provincial, integra la grilla de asesores del legislador y presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, quien luego de la difusión de la escucha lo apartó. Aclaró que si bien figuraba entre sus asesores, terminó allí por pedido “de un sector del peronismo”. Se entiende de parte de quién.

El fin

La protección de la que gozó el ex Fiscal Regional de Rosario a fines del año pasado cedió ahora ante la evidencia en su contra en la causa por presuntas coimas de un capitalista de juego clandestino para no ser molestado judicialmente.

Su mano derecha en el MPA, Ponce Asahad, fue imputado esta semana por cohecho pasivo. El capitalista de juego ilegal Peiti declaró que desde diciembre de 2018 le pagaba mensualmente entre 4 y 5 mil dólares para evitar problemas y con el fin de que lo mantuviera informado de investigaciones en su contra.

Peiti está imputado por juego clandestino y por su vínculo con Maximiliano “Cachete” Díaz, líder de una banda acusada de extorsionar a comerciantes a cambio de protección de sí mismo. Es quien organizó la balacera al casino City Center que derivó en el homicidio de un apostador y operaba para el jefe preso de Los Monos, “Guille” Cantero, según la investigación.

Los fiscales que investigaron la denuncia contra Ponce Asahad corroboraron con pruebas objetivas –mensajes telefónicos, cámaras de seguridad, declaraciones de otros testigos– los dichos de Peiti. Estos días los noticieros mostraron contundentes materiales fotográficos y audiovisuales al respecto.

Patricio Serjal aún no fue imputado, aunque la prueba utilizada para acusarlo por los mismos delitos es la misma expuesta esta semana contra Ponce y su empleado, Nelson Ugolini, acusado de pasarle datos judiciales a Peiti.

En su declaración como imputado arrepentido, dijo que vio dos veces a Serjal, luego de que su casa fuera baleada y el temor se apoderara de él. Puesto que pagaba para estar tranquilo. Las municiones fueron acompañadas de una pintada: “Leo pagá”. El que lo presionaba era “Cachete” Díaz, de acuerdo a la pesquisa.

Según la investigación, el primer encuentro fue en el bar Saita de Dorrego y Mendoza. “Le pregunté a Patricio cómo era el tema y me dice: «Mirá, te aconsejo que no denuncies porque no están dadas las garantías de hoy por hoy denunciar, trata de seguir dilatándolo y manejate con Gustavo por el tema de la cuota”.

La segunda reunión fue en el hotel Etoile de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, a metros del bar La Biela. Ponce le pidió que se hospedara allí porque era el lugar de alojamiento de Serjal. Los fiscales tienen los tickets de peaje del viaje en el auto oficial del MPA y una carga de combustible de ese día en la Capital Federal.

El ex Fiscal Regional dijo días atrás que no conoce a Peiti.

El capitalista del escolazo ilegal declaró: “Cuando lo vi a Patricio me acerqué porque estaba, hicimos los dos el check out juntos, él estaba con un hombre rubio (…). Le pregunté cómo veía el tema de las amenazas y me siguió diciendo que tratara de no denunciar: «Por tu seguridad, manejate con Gustavo y fijate si se puede subir la cuota»”, insistió el Fiscal Regional, según el dueño de las timbas. La prueba no es directa, como en el caso de Ponce Asahad, filmado en la calle junto al arrepentido y en una cochera con el abogado de Peiti.

De todos modos, la irreversible caída de Serjal como cabeza del MPA de Rosario no fue consecuencia de acciones reprochables jurídicamente o de dudosa armonía con el ejercicio ético de la función pública, sino –en apariencia todavía– por la ambición desmedida de una porción.

Fuente: El Eslabón

 

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