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Legisladores aprobaron que el 18 de octubre se vote, y el gobierno de facto lo aceptó. Pero la COB, central obrera, y sectores afines, no levantaban aún la huelga y los piquetes. Evo Morales llamó a acatar la medida.

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este jueves la Ley de Elecciones que determina la fecha definitiva, luego de dos postergaciones, de los comicios presidenciales para el 18 de octubre, casi un año después de que quedaran sin efecto los resultados de la votación de 2019 que llevaron al país a una crisis institucional aún no resuelta.

La nueva ley cuenta con el apoyo del depuesto ex presidente Evo Morales pero no con el de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que viene realizando bloqueos de ruta en rechazo a la última postergación de los comicios, previstos para el 6 de septiembre, a causa de la pandemia del coronavirus.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que con la norma se garantizan los comicios y que los movilizados ya no tienen “pretextos” para bloquear las rutas en señal de protesta, publicó la agencia Télam.

“La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre”, publicó Morales en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció esta tarde que el ente matriz así como el Pacto de Unidad, rechazan la ley electoral. “Hoy hemos sufrido una traición, esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, nunca se nos ha tomado en cuenta”, manifestó en conferencia de prensa.

El gobierno de facto, de la boca del ministro del Interior, Arturo Murillo, aseguró el lunes pasado a la cadena estadounidense CNN que “lo políticamente correcto sería meter bala”.

A raíz de las amenazas del gobierno de Áñez, Morales pidió no caer en provocaciones y exigió la convocatoria de comicios “con fecha definitiva e inamovible”.

En un principio los sectores exigían que las elecciones fueran el 6 de septiembre como estaba previsto, y no el 18 de octubre, como lo determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para unos comicios ya aplazados desde el 3 de mayo.

“Que las elecciones se lleven el 11 de octubre”, dijo el secretario general Huarachi en una conferencia de prensa en la que precisó que se formalizó ese pedido al Parlamento y al organismo electoral.

El pedido descarta la demanda inicial por la que se volcaron a las calles miles de manifestantes –que incluso exigína la renuncia de äñez– y choca con lo manifestado por el presidente del TSE, Salvador Romero, en sentido de que el 18 de octubre es la fecha definitiva de las elecciones.

Sancionada la ley, la Cámara de Diputados dejó en manos del TSE un eventual diálogo con la Central Obrera Boliviana para la resolución de los conflictos.

La jefa de bancada del MAS, Betty Yañíquez, le solicitó al TSE buscar un acuerdo con los sectores movilizados para la resolución de la crisis, informó el diario La Jornada.

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