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Luego de diez días consecutivos de huelgas, piquetes, desabastecimiento y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la presidenta de facto del Estado Plurinacional de Bolivia,​​ Jeanine Áñez, promulgó el jueves pasado por la tarde la norma que compromete al gobierno a realizar sin más dilaciones la elecciones presidenciales el próximo 18 de octubre. La medida fue antes promovida y aprobada por unanimidad de los parlamentarios que asistieron a la sesión de la Asamblea, y por más de dos tercios de los legisladores que participaron de forma virtual. Ante el rechazo de algunos sectores huelguistas, el propio Evo Morales, presidente depuesto y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), llamó a acatar la medida para “evitar una masacre”.

“La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre”, escribió Evo Morales este 13 de agosto en su cuenta de Twitter.

Antes, había publicado: “Saludamos el esfuerzo, el compromiso y la unidad de la Bancada del Senado del MAS. La aprobación, en esa instancia, de la ley para garantizar fecha de elecciones con el plazo máximo hasta el 18 de octubre, es un importante aporte para la recuperación de la democracia”.

Desde el 3 de agosto pasado se instalaron bloqueos en diferentes puntos del país, en el medio de un huelga por tiempo indeterminado convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al MAS reunidas en el Pacto de Unidad, ante las sucesivas postergaciones del llamado a las urnas por parte del gobierno de la autoproclamada presidente interina Áñez.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias estaban previstas inicialmente para el 3 de mayo, pero se aplazaron por la pandemia de coronavirus. El Congreso, controlado por el MAS, las fijó para el 6 de septiembre pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) las volvió a posponer al 18 de octubre por los mismos motivos.

El TSE y el gobierno interpuesto por los golpistas a cargo de Áñez, había aceptado a regañadientes la fecha del 6 de septiembre. Decían que no se podía votar en plena crisis sanitaria, mientras que el MAS sospechaba de una estrategia para perjudicar a su candidato presidencial, Luis Arce.

Una fecha no postergable

La mañana de este jueves 13 de agosto, la Cámara de Diputados sancionó la ley que fija al 18 de octubre como el plazo máximo para la realización de las elecciones generales. La norma no cierra la posibilidad a que los comicios se puedan desarrollar antes de esa fecha. Asimismo, la ley deja en claro que el plazo establecido para los comicios ya no podrá ser modificado.

El artículo 2 de la Ley señala que el Ministerio Público deberá iniciar de oficio un proceso penal contra quienes “por cualquier medio pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible de las elecciones generales.

La Ley sancionada por la Cámara Baja para garantizar la realización de las elecciones cuenta con el respaldo y la garantía de la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia católica a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), reseñó el diario Opinión, de Cochabamba.

Las tres instituciones firmaron un “acta testimonial” que da garantías de que la ley se cumpla y las elecciones no puedan ser postergadas nuevamente bajo ninguna circunstancia. Fue firmada en la madrugada del jueves, minutos después de que la Ley fuera aprobada por el senado y remitida a la Cámara Diputados, instancia que sancionó la Ley durante la mañana del jueves pasado.

No todos conformes

Sin embargo, había sectores que forman parte de las movilizaciones que se resistían a dejar los piquetes y que mantenían la exigencia inicial de que la presidenta Áñez renuncie al poder y pretendían que las elecciones se hagan una semana antes, el 11 de octubre.

Las bases campesinas aymaras encabezadas por el activista y ex dirigente Felipe Quispe, el Mallku, dejaron clara su posición de continuar bloqueando. “No somos masistas. No levantaremos los bloqueos hasta que renuncie Jeanine Áñez. El movimiento indígena está vivo y listo como en el año 2000, cuando hizo temblar a Banzer, en 2003 escapar a Goni y en 2005 hacer renunciar a Mesa. Ahora es cuando. Me llamaron, me hablaron mucho los hermanos y hermanas para encabezar esto. Ahora vamos a luchar para unir a los hijos de Túpac Katari y Bartolina Sisa. La lucha sigue”, escribió.

En La Paz, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Curicayo decidió sumarse. También lo hicieron los Trabajadores Mineros Cooperativistas de La Paz, en Ventillas. “Exigimos la renuncia inmediata de la señora Áñez”, comunicó uno de los dirigentes, según un video compartido por Radio Kawsachun Coca, que citó el diario La Opinión.

Un día antes, Evo Morales había llamado a acatar un acuerdo para que se vote el 18 en un intento por frenar las protestas y bloqueos contra el retraso de los comicios, pospuestos ya en dos ocasiones, y las amenazas del Gobierno de facto de una mayor represión.

“Hay compañeros que dicen que por lo menos sea el 4 o el 11 de octubre, pero no el 18. Yo me pregunto, ¿para qué estar peleando por una semana? Creo que no tiene sentido esta clase de planteamiento. Por dos semanas o tres no vamos a hacer problemas”, indicó el ex mandatario, asilado en Argentina, en un encuentro con jóvenes por Facebook Live.

Denuncias ante la ONU

Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron esta semana dos denuncias ante las Naciones Unidas por las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre 2019) y de Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre 2019). Ambas ocurrieron luego de la renuncia forzada de Evo Morales, seguida de la asunción ilegítima al poder de Jeanine Áñez, sostenida por las Fuerzas Armadas. 

La persecución política, la restricción, represión y criminalización de la protesta no han cesado y se agravan en Bolivia. En las últimas semanas, los movimientos sindicales y campesinos determinaron movilizaciones en todo el país para exigir que no se dilaten las fechas de los comicios.

“El gobierno de facto atribuye la falta de insumos hospitalarios para el combate contra el Covid-19 a los cortes de ruta –a pesar de que no se obturó el paso de socorros y ambulancias– y se prepara para responder con medidas represivas. También hay grupos civiles armados que se movilizan en contra de les manifestantes”, agregaron organizaciones denunciantes.

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