La “política” se despabiló en su función de controlar la actuación de los fiscales, tal vez con más sobreactuación que dedicación. Tres de ellos están sometidos a proceso en la Legislatura, tras la caída de dos miembros del MPA en Rosario.
La profusa exposición pública de las imputaciones del ex fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal, su subordinado Gustavo Ponce Asahad y un empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), por presunto cobro de coimas a un capitalista de juego ilegal y otros delitos, desperezó el interés legislativo por analizar las conductas de otros fiscales cuestionados en su hacer. Mauro Blanco, de Venado Tuerto, realizó su descargo esta semana ante la comisión de Acuerdos luego de ser suspendido por presuntos vínculos con un hombre de esa ciudad investigado por narcotráfico; seis senadores del PJ solicitaron a la auditoría interna del MPA las actuaciones sobre el fiscal de Rafaela, Martín Castellano, por supuesta inacción en una causa por garitos clandestinos en la que fue arrestado “el rey del juego” de esa localidad; un senador radical pidió una sanción para el jefe de la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario, Adrián Spelta, por una “falta grave” al acordar la prisión domiciliaria de un narco que terminó siendo asesinado en ese destino que se suponía beneficioso para él.
No es para alegrarse, necesariamente. El proceso disciplinario iniciado a Serjal por la compra de dos autos Toyota cero kilómetro en una concesionaria de Rosario, a cuyo dueño le había confirmado 29 días antes el archivo de una investigación, durmió el sueño de los injustos durante ocho meses en la Legislatura provincial, hasta que la cabeza del MPA de la segunda circunscripción rodó por otras razones.
El bloque de poder transversal a los partidos que domina la Legislatura actuó con extrema morosidad en ese caso, y no es descabellado pensar que exagere el espasmo republicano en los que analiza ahora.
Pago chico
Uno de los últimos hechos conocidos ocurrió en el pago chico del gobernador, Omar Perotti, en Rafaela. La semana pasada, como desprendimiento de la causa que investiga el juego clandestino en Rosario, y por la que fueron imputados con prisión preventiva Serjal y Ponce Asahad, fue detenido David Alejandro Perona, “el rey del juego” por izquierda de esa ciudad.
Era administrador de varios casinos y salas de juego clandestinas, aunque está inscripto en la AFIP desde 2013 para la explotación de taxis. En los cinco allanamientos realizados, que incluyeron el domicilio del detenido, se secuestraron más de un millón de pesos, 15.000 dólares y una gran cantidad de cadenas y relojes de oro.
Los investigadores llegaron a Perona tras el secuestro en el domicilio de Rosario de Leonardo Peiti, también vinculado al juego ilegal, de un pen drive que contenía numerosas conversaciones y, entre ellas, un número agendado como “David3”.
Voceros del Ministerio de Seguridad recordaron que Perona y un hermano suyo “cuentan con una denuncia del año 2017 por casinos clandestinos ante el fiscal Martín Castellanos, que nunca avanzó”.
En el entono del ministro Marcelo Sain creen que la Justicia de la ciudad de Rafaela “más que investigar, lo que estaba haciendo era proteger a estas redes que eran largamente conocidas en la zona”, hicieron saber a la prensa desde el despacho ministerial.
Esta semana ese fiscal retomó la actividad con nueve detenciones por una balacera a la vivienda de un hombre al que, presuntamente, le estaban reclamando por ese medio tan persuasivo como peligroso una deuda de juego.
Entre ellos fue arrestado el abogado Agustín Andereggen, ex integrante del Ministerio de Seguridad del nodo Rafaela durante la gestión al frente de esa cartera del radical Maximiliano Pullaro.
Los seis senadores del PJ-NES (Nuevo Espacio Santafesino), bloque que opera en forma autónoma a la Casa Gris y con intereses propios, fue el que pidió esa semana a la Comisión Bicameral de Acuerdos iniciar una investigación al fiscal Castellano por presunta lentitud.
“¡Muy bien por los compañeros senadores!”, tuiteó el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, ante la actividad del bloque de senadores oficialistas que menos lo quiere, liderado por el sanlorencino Armando Traferri.
Su nombre aparece mencionado –no sin cierta malicia– en una escucha telefónica en la causa por la que Serjal y Ponce están presos. Un ex asesor legislativo del PJ llamó al teléfono de Peiti, que tenía su secretaria, y pidió hablar con “Leo” de parte “del senador Traferri”.
En el Blanco
El miércoles pasado el fiscal de Venado Tuerto, Mauro Blanco, realizó su defensa ante la Comisión Bicameral de Acuerdos, en la que tramita un proceso disciplinario por su sospechoso vínculo con David Roldán, un hombre procesado por comercio de estupefacientes.
La acusación, basada en escuchas de la causa federal y las actuaciones de la Auditora General del MPA, sostiene que el fiscal Blanco conocía la actividad ilícita de Roldán y que, incluso, la encubría o colaboraba con ella con procedimientos a “competidores”.
Según el documento de la acusación, publicado esta semana en varios medios, el designado como acusador, el senador Joaquín Gramajo, “queda acreditado que entre el fiscal Blanco y Roldán existía una doble relación, de suministro de estupefacientes y de suministro recíproco de información ilegal y fuera de los estándares institucionales permitidos”.
Blanco negó consumir estupefacientes y rechazó tener un vínculo con Roldán, a pesar de las escuchas incorporadas al legajo, que cuentan con el valor de la contundencia.
En una de ellas, Blanco presuntamente va al domicilio de Roldán, pero como no se encuentra allí su pareja lo llama para avisarle que “está el Mauro”.
“Mejor si puede pasar después”, le dice Roldán a su pareja, y agrega: “Que pase, que tengo las revistas decile”. Finalmente, Mauro habla con Roldán en un diálogo sin importancia. Blanco dijo en la Legislatura que es “coleccionista de revistas”.
Según pudo saber el eslabón, la reunión de la Comisión Bicameral en la que el fiscal de Venado Tuerto hizo su descargo fue durísima. “Hasta lo hicieron llorar”, contó una fuente, que cree que “la política ahora está sobreactuando” su apego a un presunto virtuosísimo que emana de las instituciones de la República.
El otro fiscal que enfrenta un proceso disciplinario es el rosarino Spelta, de Homicidios. Es por acordar con la defensa de Emanuel Sandoval, alias “Emma Pimpi”, una prisión domiciliaria en un proceso por tentativa de tres homicidios y portación ilegítima de arma.
Sandoval es quien aceptó haber sido el ideólogo del tiroteo al domicilio particular del entonces gobernador Antonio Bonfatti. El acusador, el senador radical del departamento General López, Lisandro Enrico, dijo que adelantó que pedirá una sanción para Spelta por considerar que incurrió en una “falta grave”. El fiscal presentó un descargo por escrito. Se espera su defensa en personal en la bicameral.
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