Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

Desde que la dictadura cívico-militar usurpó el poder tras el golpe de Estado contra Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, el pueblo de Bolivia viene padeciendo todo tipo de actos de represión, persecución, violaciones, torturas y vejámenes por parte de la policía, el ejército y los grupos paramilitares de la región de Santa Cruz (La Unión Juvenil Cruceñista), al mando del golpista Luis Fernando Camacho. Pero las bolivianas y los bolivianos, tras una huelga general con cortes de rutas y calles de diez días, siguen alertas y movilizados exigiendo que se realicen las varias veces postergadas elecciones que, hasta ahora, están programadas para el 18 de octubre.

“Emulando al modelo sanguinario del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) –que produjo más de 70 muertos y centenares de heridos a manos de policías y militares– el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sentenció que lo políticamente correcto es meter bala al pueblo que se encuentre bloqueando las carreteras bolivianas en demanda de elecciones”, informó el sitio de noticias Plurinacional el 11 de agosto.

El ilegítimo ministro llamó a actuar contra los bloqueos de la “forma más dura” en declaraciones realizadas el 11 de octubre en el programa del periodista mexicano Fernando del Rincón, que se transmite por CNN. “Hay un equipo grande trabajando en esto, no es salir y meter bala, eso sería lo políticamente correcto, pero no es lo que debemos hacer en este momento. Si no se logra un acuerdo en las próximas horas y poner un alto a esto, no quedará otra que actuar de la forma más dura, con la ley y la Constitución por delante”, dijo.

Este grado de impunidad, que incluyó asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, deberá vérselas ahora ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un organismo no del todo confiable a la hora de enfrentarse a los poderes fácticos que dieron el golpe en Bolivia con la coordinación de EEUU.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció al gobierno de facto de Bolivia ante la ONU “por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos”, a nueve meses de la represión que provocó 21 muertos y alrededor de 200 heridos, según informó el diario Página 12 en su edición del 18 de agosto.

“La denuncia acusa al gobierno de Jeanine Áñez de cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La violencia en las calles continuó en los hospitales y se extendió incluso a los cortejos fúnebres”, señaló Guido Miguel Vassallo en declaraciones al diario argentino.
La denuncia apunta específicamente a las masacres de Sacaba y Senkata, en las que fueron asesinados integrantes de movimiento sociales, pueblos originarios, mujeres y hombres contrarios a la dictadura.

“La abundante evidencia recolectada da cuenta de que, en ambos territorios, las fuerzas armadas y policiales reprimieron salvajemente las protestas contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El saldo fue de 21 víctimas fatales y alrededor de 200 heridos. La violencia en las calles continuó en los hospitales: en los dos hechos calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los heridos y familiares fueron acosados y humillados por policías y por el mismo personal de salud. El dispositivo represivo dispuesto por el Estado llegó al límite grotesco de arrojar gases lacrimógenos contra el cortejo fúnebre de los familiares de las víctimas que bajaba del Alto en dirección a La Paz”, agrega la nota de Página 12.

El CELS no es el único denunciante. Organismos de derechos humanos de Bolivia y el exterior vienen denunciando las atrocidades que comete la dictadura de Áñez a poco de producirse el golpe. “La denuncia del CELS, el Centro Europa-Tercer Mundo, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Andina de Información y la Red Universitaria de Derechos Humanos se presentó el 10 de agosto. Hace una cronología de los hechos de las masacres de Sacaba y de Senkata a partir de un amplio conjunto de evidencias”, aseguró la coordinadora de Trabajo Internacional del CELS, Camila Barretto Maia.

“Hay evidencias contundentes sobre la responsabilidad estatal en las ejecuciones y graves lesiones ocasionadas a manifestantes y, como en el caso de Senkata, a muchas personas que simplemente transitaban por una zona de mucha circulación”, agregó la coordinadora del CELS.

La represión de la dictadura fue sistemática y hasta dio lugar a dos decretos para dar rienda suelta a la masacre con total impunidad. El 14 de noviembre, Áñez dictó el Decreto Supremo 4078 que le otorgaba inmunidad a las fuerzas de seguridad para garantizar el “restablecimiento del orden” en las calles. Y el 15 de noviembre, según se detalla en la nota de Página 12, el mismo gobierno de facto emitió el Decreto 4082 que asignaba más de 42 millones de pesos bolivianos (unos seis millones de dólares) para equipar a los militares.

La masacre de Sacaba, en la ciudad de Cochabamba, se perpetró el 15 de noviembre de 2019 y dejó un saldo de al menos 10 muertos y 120 heridos, en el marco de una movilización de la que participaron muchas mujeres y niños. Las seis Federaciones del Trópico habían decidido marchar a la ciudad de La Paz en protesta por la quema de la wiphala, la persecución y vejámenes sufridos por una chola, y exigiendo el retorno de Evo Morales. La protesta era pacífica, hasta que llegaron las fuerzas de seguridad y dispararon a mansalva.

La masacre de Senkata se produjo 4 días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, cuando la dictadura ordenó a las fuerzas armadas y a la policía que rompan el bloqueo a la planta de gas envasado ubicada en esa localidad. Luego de que los manifestantes, tras negociar con policías y militares, abandonaron el bloqueo, las fuerzas de seguridad ocuparon la planta y reprimieron con gases y balas de plomo. El saldo fue de 11 muertos y 72 heridos.

Según informó Página 12, hay dos causas abiertas por las masacres: una en la fiscalía de Sacaba y otra en la ciudad de El Alto.

Fuente: El Eslabón

Sumate y ampliá el arco informativo. Por 300 pesos por mes recibí info destacada de Redacción Rosario todos los días en tu correo electrónico y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Suscribite en este enlace: Redacción Rosario + El Eslabón. O comunicate al WhatsApp +54 9 341 6407379.

Más notas relacionadas
Más por Pablo Bilsky
  • Arqueología de una aparición

    Antropólogos preocupados por la demolición de un centro clandestino se topó en 2016 con un
  • La agenda ad hoc

    La pandemia reformula la preocupación de los ediles. Las iniciativas incluyen balcones que
  • Recuperar las llaves

    Yo no sé, no. Pedro se acordaba cuando lo mandaban a comprar a la granja, entre otras cosa
Más en El Eslabón

Dejá un comentario

Sugerencia

Rosario se suma al repudio contra “la patota de Etchevehere”

Este lunes habrá movilizaciones a favor del Proyecto Artigas ante el cerco que levantaron