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El pasado 30 de julio el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de reforma del fuero federal, que se sustantivó para el público como La Reforma Judicial. Con modificaciones y el rechazo de la oposición, se dio el primer paso con la aprobación del dictamen que la semana próxima comenzará a discutirse en las cámaras de senadores y diputados. La mala imagen de la Justicia figura entre los considerandos del proyecto. ¿Qué y cómo percibe la gente las movidas institucional? ¿Quién y cómo las traducen para que no parezcan desgajadas de la vida cotidiana? Legisladores locales opinan al respecto.

El hecho de que en la movilización del 17 de agosto, la reforma judicial haya sido mentada junto a otras consignas, como la negación del virus o las virtudes del cloro, sin contar por supuesto al Padre de la Patria, torna necesaria la reflexión sobre la institucionalidad y su correlato en el imaginario popular. “Era una materia pendiente que tenemos con la sociedad argentina, para nosotros se trata de invertir en justicia”, explicó la senadora del Frente de Todos por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun, quien preside Asuntos Constitucionales, en el Senado de la Nación.

La necesidad de que algo se modifique encabeza la lista de las preocupaciones de la gente, pero claro, como sensación amorfa y difusa de «mala imagen» . ¿Dónde, cómo y qué tiene que cambiar? Nuevamente, hay un puente que es necesario transitar entre las movidas institucionales y la percepción que de la misma tiene de la gente que, no vacila en clamar con la palabra ¡justicia! cuando espera que, justamente desde lo institucional, se salde un padecimiento. ¿Sentirán que los cambios en las estructuras judiciales con categorías que pocas veces escucha se acercan a sus demandas?

“Creo que siempre es bueno un debate por una reforma judicial, me parece que es tiempo para un debate de estas características, después habrá que analizar bien los proyectos en debate. La verdad es que más allá de la propuesta del Gobierno, me parece que no hay que negar un debate sobre una reforma judicial”, dijo a El Eslabón, la presidenta del Concejo María Eugenia Schmuck (Bloque Radical). Y añadió: “Acá hay que ver bien si es el momento oportuno, para eso están los diputados y diputadas nacionales”.

Además, dijo que “la percepción de la justicia es bastante negativa desde hace muchos años, creo que los tiempos que tiene no son los mismos que los que necesita la víctima, lo pienso desde la perspectiva de violencia de género, tema del que me ocupo”, señaló. Y al respecto indicó que hay leyes que no son ejecutadas por los jueces con las características con las que fueron debatidas, como la ley de Trata o de violencia contra las mujeres, que no tienen en la Justicia la repercusión que sí han tenido en el Congreso, a veces no son ni aplicadas o conocidas por jueces o jueces. “Hay muchas cosas que cambiar en la sociedad, la Justicia es un espejo de lo que todavía nos falta resolver, el patriarcado está presente en todos los ámbitos”, enfatizó.

Para el concejal Eduardo Toniolli (Frente de Todos-PJ), la reforma es necesaria, incluso más ambiciosa. “Me parece que esto es un primer acercamiento a la temática y uno anhela que sea mucho más integral. Básicamente, porque parte del régimen que se impuso en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, continuó en democracia, donde gobernó casi sin solución de continuidad el poder económico, con salvedades”, describió. Y dijo que el Poder Judicial no sólo ha sido parte constitutiva sino que “aparece como un ariete o un aliado cada vez que se intenta alterarlo, para ponerle algún límite a la voluntad popular”. Y reiteró que hace falta una reforma integral, “no sólo del fuero penal federal; es el único poder del Estado donde la democracia no entró”.

“La población tiene distintas ideas al respecto, porque no es homogénea. Lo que sí percibo, si vamos a la movilización del 17 A, es que hay una contradicción evidente”, señaló. Y desplegó análisis: la inmensa mayoría de los argentinos tiene una mirada crítica con respecto a la Justicia, por la impunidad reinante, porque no termina siendo justa sino llega a tiempo y los reclamos ciudadanos siempre transitan estas críticas. “Ahora, cuando hay un Gobierno que quiere precisamente reformar ese Poder del Estado, se cuela la grieta y el «hablemos sin saber», como decía el programa de televisión de un animador importante de estas movilizaciones que es Alfredo Caseros, paradójicamente”.

“La movilización del 17 A no tenía que ver con una impugnación a la reforma judicial sino que, en su centro neurálgico, congregaba el malestar de un montón de sectores con el Gobierno. Y, en general, ese malestar es ideológico. Esto no quiere decir que yo menosprecie esa movilización y que no crea que pueda haber sectores que la están pasando mal y eligen movilizarse para expresarlo”, señaló.

Además, dijo entender que ese tipo de adhesión, no es justamente “el corazón de la protesta ni el interés de quienes la acicatean y la organizan, que es impugnar una gestión de gobierno en términos ideológicos profundos. Hay un núcleo importante de antiperonismo”. Y aclaró que “esto no significa que yo pida que el Gobierno no tiene que prestarle atención, ni establecer ningún puente con esos sectores, algunos con reclamos concretos, aunque difícil en ese maremágnum de consignas, algunas delirantes como el dióxido de cloro o antivacunas, diseccionar cuáles son los sectores que tienen reclamos que no pasan por lo ideológico o la mera reacción antiperonista”.

Por su parte, Alejandro Roselló, quien preside el bloque Juntos por el Cambio, negó la necesidad de una reforma judicial, porque “esconde un plan de impunidad de la vicepresidenta de la Nación (Cristina Kirchner), en función de ubicar jueces alterando el modo de selección que viola los principios de la Constitución para garantizar la independencia de los poderes”. Aunque aclaró que “no quiere decir que la Justicia no necesite reformas. La creemos lejana a la gente, que generalmente no cumple con su trabajo ni finalidad, es decir una grave crisis, la justicia adicta al poder de turno y sin justicia hay un país sin futuro”, comentó.

Para Roselló, la justicia siempre fue algo lejano para la sociedad “algo engorroso, contradictorio, que generalmente no brinda ningún tipo de satisfacción. Si la justicia demora, no es Justina, lo digo como abogado, cuando vemos que los procesos se alargan, llenos de burocracia que no garantizan al final del resultado que le dé razón a quien la tiene, eso produce mucha indignación en la sociedad”. Además, dijo que “si la impunidad de la corrupción no tiene sanción, es difícil para el ciudadano común. Y no estoy hablando de un gobierno o de otro, estoy hablando de todos los períodos”.

Según el edil, si la justicia no tiene ningún efecto práctico en la corrupción, produce el descreimiento de la gente no sólo en ella, sino en el sistema político de turno, ya que la considera su adicta. “En un país donde la justicia funciona mal, es inexistente, o peor aún, cómplice, tenemos una grave situación institucional. Imaginemos una justicia diseñada en su conformación, en la inteligencia de su armado, para poner jueces que tengan mirada benévola con el poder de turno, es tomar el pelo a la gente, por eso creo que hay que cambiar la justicia para que realmente esté al servicio de la sociedad”, enfatizó.

“No creemos que con sólo esta ley vamos a solucionar las grandes dificultades que tiene la Justicia federal, pero creemos que es un paso muy importante”, afirmó Sacnun en el debate donde también se aclaró que la nueva estructura judicial en nada afecta el principio del juez natural, la totalidad de las causas en marcha quedan en los jueces que están. La oposición aludió a la licuación del poder de los jueces federales con asiento en Comodoro Py, al modo de designación de los 23 nuevos magistrados y al costo de la reforma, 1.930 millones de pesos. Además de la primavera, se avecinan fuertes debates legislativos.

Fuente: El Eslabón

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