Durante este lunes y en el transcurso de los días 25 y 26 de agosto se llevan a cabo las audiencias del Juicio Oral y Público por la ejecución del joven a manos del prefecto Ariel Condori.

Luego de que la familia de Maximiliano Zamudio, junto a diversas organizaciones sociales de la ciudad, transitaron durante cinco años un arduo y doloroso camino para exigir y construir Memoria, Verdad y Justicia, este lunes dieron inicio las audiencias judiciales.

Cabe recordar que el 27 de mayo del año 2015, Maximiliano Zamudio, de tan sólo 16 años, se encontraba en Tablada, su barrio, cuando el prefecto Ariel Condori Apaza le disparó tres veces con un arma no reglamentaria, y producto de esos disparos el joven murió.

El prefecto siempre sostuvo que se defendió ante una situación de robo. Sin embargo, esta versión ha sido desmentida durante la investigación. La familia del joven y testigos de lo acontecido declararon que Maximiliano se encontraba solo y desarmado en el momento en que el prefecto le disparó dos veces, desde su vehículo, y que luego se bajó y lo remató con un disparo en la cabeza mientras el joven se encontraba indefenso y herido en el suelo.

Este lunes se realizó la primera audiencia del juicio que comenzó con los alegatos de apertura en los cuales la Fiscalía y la querella sostuvieron los mismos términos que en la audiencia preliminar, mientras que la defensa insiste en instalar la versión de que el prefecto actuó en legítima defensa, agraviando una vez más a la familia y la memoria del joven asesinado, según informó un comunicado de organizaciones sociales y de derechos humanos y la Multisectorial Contra la Violencia Institucional.

Este lunes declararon ocho testigos, incluida María Zamudio, mamá de Maxi, que “tras recibir afirmaciones falsas y agraviantes por parte de la defensa sobre su hijo, se descompensó y debió ser asistida por personal de salud”, señalaron desde su entorno.

María repetía sin cesar “mi nene nunca estuvo preso”, rechazando así las acusaciones sobre su hijo que intentaba instalar la defensa. Su testimonial será reprogramada en las próximas jornadas.

En el comunicado de las organizaciones se señala: “Una vez más se intenta poner en el banquillo de los acusades al joven asesinado y a sus familiares, tal como lo hicieron los fiscales que previamente intervinieron y archivaron la causa. En este contexto, será un gran desafío para sus familiares, abogades y las organizaciones que acompañen el caso arribar a la verdad de lo sucedido y construir justicia. No nos quedan dudas, se trata de un caso de violencia institucional, el Estado es responsable”.

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